En junio se conmemoran dos hitos cruciales en el avance de los derechos humanos en el ámbito digital. 

Primero, en 2011 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el acceso a internet como un derecho humano. Este pronunciamiento estableció que el acceso a la red es esencial para el ejercicio de otros derechos, incluida la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Segundo, en junio de 2013, México promulgó una reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica, en ella reconoció el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), incluida la banda ancha e internet. Sin embargo, hoy en día, este derecho fundamental enfrenta una amenaza significativa ante la posible desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe que subrayaba la importancia del acceso a internet como una herramienta clave para promover la libertad de expresión, un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El informe, elaborado por Frank La Rue, entonces relator especial para la Libertad de Expresión, destacó que internet revolucionó la manera como las personas ejercen su derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas. Además, La Rue enfatizó que la desconexión forzosa del acceso a internet, impuesta por Estados como una medida de represión, es una violación de los derechos humanos y contraria al derecho internacional.

Este reconocimiento de la ONU sentó un precedente al subrayar que el acceso a internet no es un lujo, sino una necesidad básica para el ejercicio pleno de la ciudadanía en la era digital. Según la ONU, “los mismos derechos que tienen las personas offline deben ser protegidos online”. 

Internet se ha convertido en una plataforma indispensable para la educación, el comercio, la participación política, la organización social y la expresión cultural. Por lo tanto, garantizar el acceso universal a internet es esencial para el desarrollo económico y social de cualquier nación.

Siguiendo esta línea, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 representó un paso significativo hacia la democratización de internet en México. Esta reforma reconoció explícitamente en el artículo sexto el derecho de acceso a las TIC, incluida la banda ancha e internet.

La inclusión de este derecho en la Constitución no sólo alineó al país con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, también estableció un marco legal para promover la competencia y la inversión en el sector de las telecomunicaciones. 

Entre los objetivos principales de la reforma estaba la reducción de la brecha digital, para que más ciudadanos, especialmente aquellos en comunidades rurales y marginadas, pudieran acceder a servicios de internet de alta velocidad y a precios asequibles.

 

El artículo primero de la Constitución mexicana establece que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Esta disposición garantiza la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. El derecho de acceso a internet, como derecho humano, debe ser garantizado para todas las personas sin discriminación alguna.

La universalidad implica que todos los individuos deben disfrutar de este derecho, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación geográfica, género, etnia o cualquier otra característica. 

La interdependencia e indivisibilidad señalan que el derecho de acceso a internet está intrínsecamente relacionado con otros derechos humanos, y que su realización contribuye al pleno ejercicio de otros derechos como educación, salud y libertad de expresión. 

Finalmente, la progresividad exige que el Estado adopte medidas para avanzar en la plena realización de este derecho y evite cualquier retroceso en su garantía.

Pese a estos avances, el derecho de acceso a internet en México enfrenta una amenaza con la posible desaparición del IFT, como parte de la propuesta de extinción de varios organismos autónomos. 

La existencia de un regulador independiente es fundamental para asegurar que las políticas y decisiones en el sector respondan al interés público y no a intereses particulares o políticos.

La desaparición del IFT podría comprometer los esfuerzos para cerrar la brecha digital en México. Sin un regulador fuerte e independiente, las iniciativas para expandir la infraestructura de telecomunicaciones a zonas rurales y marginadas podrían verse debilitadas, perpetuando la desigualdad en el acceso a internet.

La declaración de la ONU en 2011 y la reforma constitucional de 2013 en México marcaron hitos en el reconocimiento del derecho de acceso a internet como un derecho humano esencial. Ahora se encuentra en riesgo ante la posible eliminación del IFT. 

Es crucial que la sociedad civil, los legisladores y todas las partes interesadas defendamos la existencia de un regulador autónomo que garantice la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de los servicios de internet para todos. 

Bajo el principio de progresividad, que sostiene que los derechos humanos deben avanzar constantemente, puede evitarse la extinción del IFT. Porque la sociedad y el Estado deben trabajar para mejorar el acceso a internet y garantizar que sea inclusivo y asequible, así como una herramienta para el empoderamiento y el desarrollo humano en el siglo XXI.

Twitter: @beltmondi