Esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó que en algún momento será necesario regular las plataformas digitales —incluidas las redes sociodigitales y la inteligencia artificial (IA)— por sus posibles efectos en la salud pública.

Como parte de esa discusión, pidió a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), consultar a padres y madres de familia para conocer su opinión sobre el tema.

Sheinbaum subrayó que la propuesta no busca restringir la libertad de expresión. Como ejemplo, citó el caso de Brasil, donde se han impulsado medidas orientadas a la protección de menores, entre ellas la limitación del scroll infinito y de la reproducción automática de videos en plataformas sociodigitales.

La presidenta insistió en la necesidad de abrir una discusión nacional sobre este tema. En sus palabras, se trata de un asunto de largo plazo y de gran relevancia para la humanidad y para las futuras generaciones, una preocupación que, señaló, también ha sido planteada por el papa León XIV.

1 Antecedentes

En México, la intención de regular las redes y plataformas sociodigitales ha pasado por distintas etapas. En un primer momento el foco estuvo en sancionar delitos específicos cometidos por usuarios, como el ciberacoso. Con el tiempo, el debate se desplazó hacia la posibilidad de regular directamente los criterios de moderación de contenidos de las grandes plataformas tecnológicas, entre ellas Facebook, X, TikTok y YouTube.

Diversos legisladores y grupos parlamentarios han impulsado iniciativas orientadas al control de las redes sociodigitales desde enfoques diferentes. A continuación se presentan los principales promotores y una síntesis de sus propuestas para entender cómo ha evolucionado este debate en el país.

Senador Ricardo Monreal Ávila (Morena)

Ricardo Monreal ha sido uno de los principales impulsores de una regulación estructural de las plataformas digitales en México. En febrero de 2021 presentó un anteproyecto para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Propuesta central: Otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de autorizar y supervisar los términos y condiciones de las redes sociodigitales en México.

Puntos principales de la iniciativa:

• Autorización para operar: Las redes sociodigitales con más de un millón de usuarios requerirían autorización del IFT para prestar servicio en el país.
• Límites a la suspensión de cuentas: Buscaba evitar que las plataformas cancelaran o eliminaran perfiles de manera unilateral y definitiva sin un procedimiento previamente definido.
• Procedimiento de reclamación: Si una cuenta era suspendida, el usuario podría impugnar la decisión. La plataforma tendría 24 horas para responder y si la inconformidad continuaba el caso podría turnarse al IFT.
• Sanciones económicas: Contemplaba multas elevadas para las plataformas que vulneraran la libertad de expresión de los usuarios mediante bloqueos injustificados.

La propuesta fue cuestionada por organizaciones civiles, como Artículo 19, y por especialistas en derechos digitales, quienes advirtieron que podía facilitar la censura estatal y entrar en tensión con principios del T-MEC. Ante esas objeciones, Monreal decidió congelarla para revisarla, por lo que nunca se sometió a votación.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena)

En 2021, casi de manera paralela a la propuesta de Ricardo Monreal, la diputada Ascencio planteó una iniciativa con dos ejes principales: un componente fiscal para gravar a las plataformas digitales y un componente de vigilancia orientado a prevenir delitos y discursos de odio en el espacio virtual.

Síntesis de la propuesta:

• Impuesto a las plataformas: Proponía aplicar una tasa del 7% a las empresas extranjeras que ofrecen servicios audiovisuales y de sociodigitales en México.
• Modificación a la Ley de la Guardia Nacional: Buscaba facultar formalmente a la policía digital para monitorear de manera preventiva las redes virtuales con el fin de detectar delitos cibernéticos y mensajes que incitaran al odio o a la discriminación.

Impulsores de la "Ley Olimpia" (Pluralidad de Legisladores)

La Ley Olimpia no surgió como una propuesta para regular directamente a las empresas de redes virtuales, pero sí se convirtió en la reforma más relevante y con mayor grado de implementación en el ámbito digital en México. Su impulso original provino de la activista Olimpia Coral Melo y, posteriormente, fue retomada por legisladores locales y federales de distintos partidos —entre ellos PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano— hasta su aprobación en el Congreso de la Unión entre 2020 y 2021.

Síntesis de su propuesta:

• Tipificación de la violencia digital: Reformó el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer y sancionar estas conductas.
• Sanción a la difusión no consentida de contenido íntimo: Establece penas de 3 a 6 años de prisión para quien grabe, fotografíe o difunda material íntimo sexual sin autorización por medio de redes sociodigitales o servicios de mensajería.
• Retiro de contenido lesivo: Faculta a las autoridades judiciales para ordenar a las plataformas tecnológicas el bloqueo o la eliminación inmediata de materiales que vulneren a la víctima, con el fin de evitar la revictimización.

Diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) y regulación de la inteligencia artificial

Con el avance de los algoritmos generativos y la manipulación de contenidos en contextos políticos, parte del debate legislativo se ha desplazado hacia la regulación de la inteligencia artificial (IA) integrada en las redes virtuales. En ese marco, el diputado Ignacio Loyola Vera, exgobernador en Querétaro, presentó en 2023 un proyecto para expedir la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial.

Síntesis de la propuesta:

• Identificación de deepfakes: Propone obligar a las plataformas a etiquetar de forma explícita las imágenes, los audios y los videos creados o alterados mediante IA para reducir el riesgo de desinformación.
• Supervisión algorítmica: Plantea la creación de un Consejo Nacional de Ética que vigile los algoritmos de recomendación para evitar sesgos informativos y reducir la promoción de contenidos altamente polarizantes.

Iniciativas para la protección de menores (Diversas bancadas)

Inspiradas en referencias internacionales, especialmente en algunas normativas europeas, distintas iniciativas impulsadas por legisladores del Partido Verde (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC) han puesto el foco en la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Aunque se trata de propuestas aisladas, comparten la preocupación por reducir riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociodigitales.

Principales medidas planteadas:

• Verificación reforzada de edad: Proponen exigir a las plataformas mecanismos más estrictos para comprobar la edad de los usuarios e impedir que menores de 14 años abran perfiles en plataformas digitales sin el consentimiento expreso y verificable de sus padres o tutores.
• Limitación de funciones adictivas: Pretende restringir herramientas como la reproducción automática de videos cortos y las notificaciones nocturnas en cuentas de menores, con el objetivo de disminuir la dependencia digital y sus posibles efectos en la salud mental.

Hasta ahora, el Congreso ha optado por una vía de autorregulación moderada para las empresas tecnológicas, con excepciones puntuales en materia penal y de violencia de género, como ocurrió con la Ley Olimpia.

Las propuestas de control más ambiciosas —como la supervisión del IFT sobre las políticas de moderación de las plataformas— no han avanzado. Entre las principales reservas figuran el riesgo de que esos instrumentos se utilicen con fines políticos para silenciar voces críticas y la posibilidad de que algunos servicios digitales decidan retirarse del mercado mexicano.

El debate se ha centrado en encontrar un punto de equilibrio: proteger a los usuarios frente a la desinformación y la violencia digital sin vulnerar la libertad de expresión ni frenar la innovación tecnológica. Legislar sobre las redes virtuales se ha convertido así en uno de los desafíos jurídicos y técnicos más complejos del siglo XXI.

Para construir un marco regulatorio moderno y eficaz, conviene ordenar la discusión en torno a varios temas clave:

2. El dilema de la moderación de contenidos

Uno de los puntos centrales del debate consiste en definir quién debe responder cuando en una plataforma se publica contenido ilícito. La discusión enfrenta la responsabilidad de los usuarios con el papel que deben asumir las empresas que alojan y distribuyen ese contenido.

• Responsabilidad de intermediarios: Durante años las plataformas se consideraron meros intermediarios y gozaron de amplia inmunidad frente a lo que publicaban sus usuarios. Hoy, marcos como la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea les exigen actuar con mayor diligencia y retirar con rapidez el contenido ilícito una vez que tienen conocimiento de él.
• Libertad de expresión y contenido nocivo: La regulación debe distinguir con precisión entre conductas delictivas —como la incitación al odio, las amenazas o la explotación sexual infantil— y expresiones simplemente ofensivas o perturbadoras, que en muchas democracias siguen protegidas por la libertad de expresión.

Transparencia algorítmica y efecto burbuja

Los algoritmos de recomendación buscan maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios. En la práctica, esto puede favorecer la circulación de contenidos polarizantes, sensacionalistas o engañosos, y reforzar entornos informativos cerrados.

• Auditorías de riesgo: Una de las propuestas más frecuentes es exigir a las grandes tecnológicas auditorías externas e independientes de sus sistemas de recomendación para identificar sesgos, impactos sociales y riesgos sistémicos.
• Explicabilidad: Los usuarios deberían poder saber por qué se les muestra un contenido determinado y contar con la opción de desactivar, al menos en parte, los sistemas de recomendación basados en perfiles.

Privacidad y soberanía de los datos

El modelo de negocio de muchas redes sociodigitales se basa en recopilar y procesar grandes volúmenes de datos personales para segmentar publicidad y personalizar contenidos. Por ello, la discusión regulatoria también pasa por definir límites claros al uso de esa información.

• Límites a la publicidad segmentada: La legislación puede prohibir el uso de datos sensibles —como salud, religión u orientación sexual— y de datos de menores para construir perfiles publicitarios.
• Portabilidad y control: Los usuarios deberían conservar un control efectivo sobre su información y tener mecanismos sencillos para descargar, trasladar o eliminar su historial.

Protección de menores y la paradoja de la edad

La protección de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en una prioridad regulatoria global. Sin embargo, llevar esa preocupación al terreno técnico plantea dilemas complejos, especialmente cuando se busca verificar la edad sin afectar la privacidad.

• Verificación de edad: imponer límites etarios —por ejemplo, para menores de 14 o 16 años— obliga a resolver cómo comprobar la edad sin exigir controles biométricos invasivos ni comprometer la privacidad. Algunas propuestas apuntan a sistemas de acreditación anónima de rangos de edad.
• Diseño seguro por defecto: Otra línea de regulación propone prohibir patrones oscuros y funciones de interfaz pensadas para maximizar el enganche de los menores.

El fenómeno de la desinformación colectiva

La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero las redes sociodigitales han multiplicado su alcance y velocidad. Hoy puede propagarse mediante campañas coordinadas, granjas de bots, contenido manipulado y herramientas de IA que amplifican su impacto político y social.

• Trazabilidad y etiquetado: Una respuesta regulatoria frecuente consiste en exigir el etiquetado claro del contenido generado o alterado mediante IA y en transparentar quién financia anuncios políticos o mensajes de incidencia pública.

Estos cinco ejes muestran que la regulación de las redes virtuales no puede reducirse a una sola medida. Se trata de un debate multidimensional que exige equilibrar libertades, seguridad, innovación tecnológica y protección de derechos.

Como las plataformas operan a escala global, las leyes estrictamente nacionales pueden resultar insuficientes o generar incentivos para que algunas empresas limiten o retiren sus servicios en determinados mercados. Por eso, cada vez cobra más fuerza la idea de coordinar estándares en bloques regionales, como ha ocurrido en la Unión Europea.

3. La tentación del control y la censura

En los últimos años, ciudadanos, activistas y periodistas han enfrentado sanciones civiles, electorales e incluso penales por publicaciones difundidas en plataformas como Facebook, X y TikTok. Aunque estas medidas suelen justificarse como mecanismos de protección frente a abusos digitales, también han reactivado el debate sobre sus posibles efectos inhibitorios en la libertad de expresión. Estas sanciones se agrupan en tres vías legales principales.

Violencia Política en Razón de Género (VPRG)

La VPRG es una de las vías más frecuentes por las que personas usuarias y creadoras de contenido han sido sancionadas por autoridades electorales, como el INE y el Tribunal Electoral. Si bien esta figura busca proteger a las mujeres en la vida pública frente a agresiones y estigmatización, activistas y defensores de derechos humanos advierten que, en algunos casos, su aplicación puede extenderse a expresiones críticas legítimas contra funcionarias o gobernantes.

• Caso ilustrativo: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que una ciudadana incurrió en VPRG al cuestionar de forma despectiva la labor de funcionarias públicas mediante publicaciones en X.
• Sanciones habituales: Además de multas, estas resoluciones pueden ordenar el retiro de publicaciones, la inscripción en registros de personas sancionadas y medidas de reparación simbólica, como disculpas públicas o la obligación de cursar capacitaciones con perspectiva de género.

Nuevas leyes estatales: uso indebido de IA e “identidad digital”

En varios estados los códigos penales locales se han actualizado para incorporar figuras vinculadas con el uso indebido de la inteligencia artificial y la protección de la identidad digital. Sin embargo, organizaciones civiles como Artículo 19 han advertido que algunas de estas reformas podrían facilitar el acoso judicial y la criminalización de expresiones críticas en internet.

• Caso de San Luis Potosí (2026): La Fiscalía estatal detuvo a comunicadores y creadores de contenido de páginas locales, como San Luis Potosí Código Rojo y San Wicho Times, bajo cargos relacionados con “manipulación ilícita de imagen e identidad digital” y “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
• Contexto y críticas: las acusaciones surgieron tras la difusión de contenidos satíricos o informativos en Facebook sobre actores políticos. Diversas organizaciones calificaron estas detenciones como abusos en el derecho penal para inhibir la crítica ciudadana en línea.

Delitos contra el honor y “ataques a la paz pública”

Aunque la difamación y la calumnia fueron despenalizadas a nivel federal en 2007, en algunos estados subsisten figuras civiles o penales que pueden activarse por publicaciones digitales. A ello se suman antecedentes en los que mensajes difundidos en redes sociodigitales fueron perseguidos bajo tipos penales relacionados con la alteración del orden público.

• Antecedente histórico: los “tuiteros de Veracruz”. En 2011 dos personas difundieron en Twitter rumores falsos sobre supuestos ataques del crimen organizado en escuelas, lo que provocó pánico colectivo. Fueron detenidas bajo cargos de “terrorismo y sabotaje”; más tarde fueron liberadas tras una fuerte presión social, pero el caso dejó un precedente sobre el alcance del poder punitivo del Estado frente a mensajes publicados en redes.
• Demandas por daño moral: Políticos y empresarios han recurrido a la vía civil para reclamar indemnizaciones elevadas, argumentando que opiniones o publicaciones en redes virtuales afectan su honor o reputación.

Para proteger a los ciudadanos en internet, la Suprema Corte de Justicia determinó que los servidores públicos no pueden bloquear a usuarios en las redes virtuales, ya que sus cuentas son canales de información pública y restringirlas vulnera la libre expresión.

Sin embargo, este logro contrasta con el temor que despierta la regulación de las plataformas digitales: aunque las iniciativas parezcan justificadas, el peligro real es que estas leyes terminen aplicándose de forma perversa para imponer control y censura.