He decidido participar en el proceso universitario que desembocará en la designación de una nueva directora o director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se trata de un proceso que inició el 19 de febrero y que concluirá el 2 de abril de este año, y en donde la comunidad de la Facultad, la Secretaría General, la Rectoría y la Junta de Gobierno de la Universidad definirán el rumbo de nuestra institución.

¿Por qué participar en este proceso? Como muchos saben, los problemas sociales y también los del Estado y del Derecho en nuestro país tienen su origen en la realidad nacional e internacional, entre otros: la pésima distribución del ingreso y la riqueza; las consecuencias negativas para la vida derivadas de los efectos del cambio climático; los retos que plantean los desarrollos en la ciencia y la tecnología, especialmente la inteligencia artificial; las desigualdades entre los géneros; las migraciones masivas; y, una inseguridad y violencia desatada, sin control.

La enseñanza del Derecho es un eslabón de una larga cadena que podría contribuir a dar respuesta a esas realidades. Cuando se señala con razón que la procuración y administración de justicia no están funcionando en México de manera óptima no se suele ver que una variable que debería ser parte de esa valoración está relacionada con la enseñanza del Derecho. Cómo vamos a tener fiscalías o jueces que actúen de manera óptima si la formación de los recursos humanos de los futuros abogados y abogadas en las Facultades y Escuelas de Derecho del país no es adecuada, es insuficiente, atrasada o, muy mala.

Se necesita, para que la cadena de la institucionalidad democrática funcione bien que, todos los eslabones cumplan bien el rol que social e institucionalmente se les ha asignado. No tendremos un Estado de Derecho si la enseñanza del Derecho es mala.

Es verdad que el mal estado que guarda la enseñanza del Derecho en el país no es exclusivamente responsabilidad de los docentes y de las escuelas de Derecho, sino que es también responsabilidad de los gobiernos de las últimas décadas por otorgar, a empresas privadas de la educación –grandes y pequeñas– autorizaciones a diestra y siniestra para enseñar Derecho. Esa, sin embargo, es la responsabilidad del gobierno que además ha dejado de contribuir presupuestalmente y como se debe a la educación pública en un Estado del Bienestar.

La responsabilidad de una universidad como la UNAM y como su Facultad de Derecho es propiciar todas las condiciones necesarias para entregar a la sociedad una educación jurídica de excelencia. Como aspirante a la dirección de la Facultad ese es mi compromiso. Quiero ser director de la Facultad de Derecho para fundamentalmente lograr, en conjunto con la comunidad universitaria, esa meta.       

Me propongo, a través del diálogo e intercambio de puntos de puntos de vista con la comunidad, proponer los mejores programas y planes de estudio en Derecho, al mismo nivel o, superiores a los que tienen las mejores escuelas de Derecho del mundo. Esos planes y programas deben orientarse a construir al jurista de hoy y del futuro.

Una vez que los planes y programas sean revisados y aprobados de acuerdo al ordenamiento jurídico universitario debemos con celo aplicarlos para que tengan efectivamente consecuencias en la realidad de la enseñanza del Derecho. Como Universidad Nacional debemos irradiar, con el ejemplo, nuestros planes y programas de estudio por todo el país, al igual que nuestros métodos y técnicas de enseñanza, con la finalidad de superar el precario nivel de enseñanza jurídica que prevalece en México para que tengamos impacto en otros espacios de la vida nacional como son los de la procuración y administración de justicia.

Además de la revisión y aprobación de nuevos planes y programas de estudio queremos disfrutar de una Facultad de Derecho que se caracterice por: rechazar en todos sus ámbitos la violencia de género, resolver la falta de transparencia en las contrataciones de la planta docente, incorporar la enseñanza de los idiomas a la formación jurídica y revertir la débil incorporación de herramientas tecnológicas e informáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Debemos consolidar a la Facultad de Derecho como la institución líder en la enseñanza e investigación del Derecho en México y en los ámbitos foráneos. A fin de conseguir ese objetivo es necesario lograr que la investigación jurídica de la Facultad sea más profunda y sofisticada –no concretarse exclusivamente a los manuales y libros de texto– sino que debemos desarrollar líneas de investigación orientadas a resolver los grandes problemas nacionales, ya sea que lo hagamos por nosotros mismos o con respaldo de los centros de investigación de nuestra universidad, tales como el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En la enseñanza del Derecho debemos estar siempre atentos a las nuevas tendencias y corrientes mundiales que se desarrollan en la Filosofía, Teoría y Ciencia del Derecho para conocerlas, comprenderlas, y enseñarlas mediante la formación crítica.

La gobernanza de la Facultad debe realizarse con el apoyo de las autoridades de nuestra universidad y con la participación activa de toda su comunidad, mediante procedimientos fundados en los ordenamientos jurídicos universitarios, los que deben ser democráticos y transparentes, pretendemos dirigir horizontalmente a nuestra institución. Todos debemos entender que la Facultad de Derecho no es un proyecto individual sino colectivo.

*Profesor e Investigador jurídico en la UNAM.