Es muy sencillo comprender por qué es preferible que siga existiendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como órgano constitucional autónomo y que no desaparezca como pretende el presidente López Obrador: porque el gobierno y los demás sujetos obligados no pueden ser juez y parte cuando se trata de tener acceso a la información pública y la transparencia.

Y es que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los partidos, los administradores de fideicomisos y fondos públicos o los sindicatos son los que generan la información pública a la que tenemos derecho, pero también son los que pueden ocultarla o rechazar su consulta y negar el derecho de acceso a ella.

La iniciativa de extinción de los órganos constitucionales autónomos como el INAI sostiene que “pese a la promesa de que el INAI garantizaría mayor transparencia en el gasto público y abriría al escrutinio ciudadano los actos de gobierno, en la práctica ha sido una institución onerosa, con una estructura burocrática obesa, que no ha garantizado el acceso a la información y ha solapado la corrupción”.

Dicha afirmación carece de autenticidad, porque gracias a la transparencia y el acceso a la información, los medios de comunicación han podido revelar casos de corrupción y la ciudadanía hemos podido enterarnos de ellos.

La iniciativa propone que el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales queden bajo la tutela de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el caso de la Administración Pública Federal, o sea, bajo la protección y vigilancia del gobierno, como si la transparencia sólo se tratara de asuntos de corrupción y como si no fuera el propio gobierno el que niega la información.

Para el caso de la transparencia de los partidos, la salvaguarda del derecho a la información le correspondería al Instituto Nacional Electoral, en tanto que lo concerniente a la información pública de los sindicatos correspondería su vigilancia al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

La iniciativa de extinción del INAI desconcentra y hace un desmembramiento de la tutela de un mismo derecho, el acceso a la información, distribuyéndolo por distintas instancias federales, administrativas y judiciales, dificultando en los hechos, en la práctica y burocratizando la transparencia. Sería un retroceso y sólo por eso -además de la propia desaparición del INAI- la iniciativa resulta inconstitucional en lo que hace a la progresividad de los derechos fundamentales.

Es poco probable y hasta ingenuo suponer que, siendo el gobierno el generador de programas y políticas públicas y el administrador de los recursos públicos, una dependencia política y que depende directamente de las instrucciones del Ejecutivo Federal como la SFP, revele información que pudiera afectar al propio gobierno y constituirse en la revelación de casos de corrupción y escándalos por parte de los medios.

La tutela del derecho a la información, en lugar de gestionarse de manera independiente como es preferible, se sometería a criterios políticos. La ciudadanía y la democracia no ganarían sino que perderían al extinguirse el INAI. Sus funciones y atribuciones no pueden distribuirse como si se tratara de una carnicería institucional.

Al desaparecer el INAI crecerían la opacidad, el ocultamiento y el encubrimiento de la información y de las malas prácticas de los funcionarios públicos. Se afectaría la rendición de cuentas y, en los hechos, aumentaría la corrupción.

Incluso, en un tema tan específico, técnico y especializado como la protección de los datos personales y la privacidad, la tendencia y las mejores prácticas internacionales van encaminadas hacia la creación de agencias independientes que protejan el uso de los datos personales ante el crecimiento del ecosistema digital y la economía de datos en los países.

La iniciativa señala que “los sujetos obligados [gobierno, Congreso, Poder Judicial, partidos, sindicatos] deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales” y se regirán por una nueva ley de transparencia que emitirá el Congreso.

El INAI sigue siendo una institución clave para la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas federales y los sujetos obligados, tendientes a la opacidad y el ocultamiento de información. Ha jugado un papel crucial en la promoción de una cultura democrática basada en la apertura y la participación ciudadana. Cuenta con una Plataforma Nacional de Transparencia que permite solicitar información y concentra los procedimientos para hacer un seguimiento y ejercer el acceso a la información. Su labor se ha traducido en la difusión de información relevante para la sociedad y la institución resulta incómoda al poder.

Si desaparece todo lo anterior, se impide que la población obtenga información importante y necesaria para tomar decisiones enteradas, afectando su calidad de vida y de la democracia mexicana.

Precisamente en los últimos años ha aumentado el número de solicitudes de información pública. Pero lo preocupante es que las dependencias federales han declarado cada vez más la inexistencia de la información, reservan más archivos o se declaran incompetentes para revelar la información.

La desaparición del INAI como un órgano autónomo representaría un retroceso en los avances logrados en materia de transparencia y acceso a la información en México. En un contexto donde el ataque a las instituciones, la militarización de las funciones civiles, la corrupción y la opacidad continúan siendo persistentes, es fundamental defender las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la rendición de cuentas.

X (Twitter): @beltmondi