CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma judicial en México ha revelado una fractura profunda en el Poder Judicial de la Federación, donde los principios de independencia chocan frontalmente con una estructura de beneficios que, a todas luces, está destinada a transformarse. La resistencia de la mayoría de los jueces no ha sido una simple defensa de ideales abstractos; ha sido una respuesta para conservar una posición de poder y ventajas. Esto, sin ignorar a muchos jueces y magistrados realmente comprometidos con la administración de justicia honesta y transparente. Veamos.

Primero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial en su conjunto, en lugar de optar por una negociación pragmática, eligieron resistir la reforma judicial. Defendieron su postura argumentando que ceder sería un golpe mortal a la independencia judicial, un debilitamiento del equilibrio de poderes y una vulnerabilidad para los derechos ciudadanos. Se presentaron como los últimos guardianes de la Constitución, como el baluarte de la autonomía judicial. "El hombre no busca la sociedad, sino su propia seguridad", afirmaba Hobbes, y el Poder Judicial se proyectó como el pilar de esa seguridad. Sin embargo, detrás de este discurso idealista, afloraron intereses menos nobles: sueldos elevados, incentivos y beneficios que la reforma cuestiona frontalmente. En esta batalla se entrelazan ética y conveniencia, justicia e interés personal. El statu quo ha cambiado. Sorprende la capacidad humana de aferrarse a una esperanza ilusoria y negarse a ver la derrota. Algunos juzgadores aún ven en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una tabla de salvación. Pero esta esperanza es una ilusión; en la práctica, el cumplimiento de las sentencias de la CIDH se traduce en indemnizaciones simbólicas, una formalidad monetaria. Paradójicamente, Estados Unidos, por ejemplo, no está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana.

Segundo. La opinión pública no fue indiferente a esta mezcla de principios y conveniencia. Únicamente un sector reducido interpretó la contienda judicial como una defensa genuina del equilibrio de poderes. Para la mayoría, fue una maniobra para proteger ventajas, más que una defensa de los valores democráticos. Como diría Nietzsche, no hay hechos, sólo interpretaciones, y la percepción dominante fue que el Poder Judicial defendía sus propios intereses, no la justicia. Esta apreciación debilitó su credibilidad, erosionando su rol de contrapeso. El ciudadano común, beneficiario de amparos en diversas ocasiones ciertamente, se desmarcó de esta causa judicial. Aprovechando esta vulnerabilidad, el Ejecutivo avanzó en su reforma con el apoyo del Poder Reformador de la Constitución, retratando al Poder Judicial como una institución obsoleta, más interesada en sí misma que en la justicia. La narrativa judicial sobre la reforma constitucional perdió eco en la sociedad mexicana. En estos tiempos, cada uno debe hacer lo posible para que el mérito prevalezca sobre la lealtad sin bases. Sin embargo, la realidad demuestra que el camino de la confrontación seguido por la oposición y gran parte del PJF no es viable.

Tercero. Las acciones emprendidas por el Poder Judicial son el cierre de una era. Hoy, los vencidos solo pueden asumir el duelo, consolarse con un discurso de dignidad, convencidos de que, algún día, su causa será apreciada. La regla, sin embargo, es que los vencedores imponen su versión de los hechos, configuran el futuro discursivo y dictan cómo será recordado este momento. Ricardo Monreal, legislador experimentado y constitucionalista formado, expresó sorpresa al ver cómo se resolvían las suspensiones de amparo al margen de la ley, sin el debido respeto al proceso. La Suprema Corte, sin atribuciones constitucionales explícitas, intentó cambiar su criterio sobre la constitucionalidad de las reformas cuando vio amenazada su posición en un Estado de derecho convertido en fuente de ingresos. Ni el conflicto de interés, ni el litigio de sus propias causas, ni ser juez y parte, frenaron ese embate judicial. El desafío en la construcción de un nuevo Poder Judicial es claro: reducir al mínimo la mediocridad. Sin duda, la 4T y sus aliados buscarán jueces que no representen una amenaza. Nadie actúa en contra de sus propios intereses, pero eso no significa que no existan personas independientes, sin conflictos irreconciliables con quienes ejercen el poder, que puedan desempeñar la función judicial con la Constitución y la ley como guías.

@evillanuevamx

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