SALTILLO, Coah. (apro).– El Consejo de la Judicatura en Coahuila incumplió con la resolución de un juez federal que determinó que no se podía suspender a la jueza Karina Martínez Jiménez, quien había denunciado acoso laboral por parte del administrador del Centro de Justicia en la ciudad de Piedras Negras.

El acoso laboral sería en represalia por ser testigo en un caso similar, luego de que una secretaria de juzgado denunció hechos de corrupción ante el visitador del Poder Judicial, que motivó también acciones de violencia en su contra.

En entrevista telefónica, la jueza penal denunció que funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal y del Poder Judicial protegen al administrador, y por ello recibió amenazas cuando hizo la denuncia de manera verbal. La ofensiva comenzó con la negación de sus días de vacaciones y se intensificó hasta llegar a acoso laboral.

“Yo cubrí unas vacaciones en diciembre y hasta el mes de junio aún estaba pidiendo que me dieran los días, como si yo tuviera que rogar los días a los que tengo derecho. Todo eso se fue incrementando y el límite fue que empezó a cuestionarme de lo que yo hacía en mi vida privada. Lo hago saber (denunció) de manera verbal, pensando que va a cambiar, y al día siguiente me llama un integrante del Consejo de la Judicatura y me dicen: ‘o le bajas y te calmas, o te cambian de ciudad. No te metas con esta persona’, relató.

“Quien lo protege es alguien que tiene mucho peso en el Tribunal y está concursando para ser fiscal general del estado. Sí está muy protegido pese a que hay temas de corrupción, pero en mi queja no hice mención de eso”, señaló sin precisar nombres por el criterio de presunción de inocencia.

El 9 de octubre del presente año, la jueza presentó un amparo contra la reforma al Poder Judicial, que obliga a los estados a adecuar su normativa en la materia, y en el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Saltillo, se le concedió la protección de la justicia.

La jueza explicó que procedió al amparo debido a que el 3 de septiembre solicitó medidas cautelares por la violencia laboral de la que fue objeto, además de las amenazas, pero el Consejo de la Judicatura local no se pronunció hasta que, el pasado 23 de octubre, determinó la suspensión de labores, cuando debió de establecer una postura en ocho horas.

Martínez Jiménez explicó que vuelve a recibir amenazas al conocerse que obtuvo un amparo en la demanda en la que menciona al gobernador Manolo Jiménez Salinas, a los integrantes del Consejo de la Judicatura y a los poderes Legislativo y Judicial por ser los implicados en el proceso para adecuar la Ley Orgánica para que los jueces y magistrados locales también sean electos por votación.

“Le hago saber al juez de Distrito que, como el Consejo de la Judicatura es una de las autoridades que yo demandé en el amparo, además del gobernador, el Congreso del Estado, le pido que me conceda la suspensión para que no me fueran a perseguir, porque ya había antecedentes de amenazas y un magistrado consejero me citó para recalcarme esa circunstancia.

“Le notifican al Consejo de la Judicatura la resolución del amparo, recibo una llamada, muy extensa, de otro magistrado que me cuestiona por qué no me acerqué a hablar de ese tema, que es de interés del estado. Yo le respondí que no lo hice porque me ignoraron cuando hice la denuncia y otro consejero me llamó para decirle que ‘le bajara o te cambian de adscripción’.

“También me dijo que ese amparo le sorprendió mucho al presidente del Tribunal (Miguel Felipe Mery Ayup) y empiezo a recibir mensajes de compañeras que me piden que me cuide, además de reenviarme los que estaban recibiendo del enojo del presidente. Al día siguiente de la llamada, pues me suspenden”.

Martínez Jiménez señala que, al ver el expediente de su caso en el Consejo de la Judicatura, se percata que la sanción que recibe es por lo que respondió el administrador al rendir un informe sobre la denuncia que ella presentó sobre la violencia que recibía, pero esto ocurrió casi mes y medio después. Luego de esa fase, a ella no le dieron oportunidad de defenderse y no atendieron a la resolución del amparo que impedía dicha sanción.

La suspensión no establece un tiempo determinado, pero sí que recibirá el 30 por ciento de sus ingresos.

La jueza dará información al órgano jurisdiccional del incumplimiento o desacato a su orden por parte del Poder Judicial del estado de Coahuila, que hasta el momento no se ha pronunciado y dejó evidencia que no aplicó perspectiva de género en ninguno de los casos, de la jueza y la secretaria de juzgado, sobre la violencia ejercida por un hombre.