Durante tres días, 24, 25 y 26 de este octubre, habrá pasarela en el Senado para escuchar los proyectos de 48 aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos en su nuevo periodo 2024-2029. Se trata de renovar esta institución creada en 1993 como una condicionante al gobierno mexicano para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

El reto para esta nueva presidencia es fortalecer la autonomía ante el gobierno en turno, un punto álgido porque desde la primera presidencia a cargo de Jorge Carpizo hasta esta última encabezada por Rosario Piedra, la principal crítica ha sido su cercanía e incluso dependencia con el gobierno federal.

En la lista de aspirantes resaltan tres figuras: la actual responsable Rosario Piedra; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. 

Rosario Piedra fue la primera en anunciar su candidatura y de inmediato comenzó a recibir las críticas por el desempeño que ha tenido estrechamente vinculado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y renuente a emitir recomendaciones en casos donde están involucradas autoridades militares.

Legisladores de Morena como Javier Corral aseguran que no habrá dados cargados y que no hay ninguna decisión predeterminada. “Este es un proceso que está abierto, es un proceso que atenderá de manera respetuosa, abierta, a todos y a todas y cada una de las participantes. Los vamos a escuchar con el mayor respeto y con la mayor amplitud de criterio. No hay ninguna decisión predeterminada”, aseguró el exgobernador de Chihuahua.

No obstante, las críticas y cuestionamientos sobre Rosario Piedra se centran a su posición oficialista y su militancia en Morena.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (el Centro Prodh) publicó recientemente el informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024”, en el cual denuncia que la Comisión asumió en ese periodo una política tímida o directamente omisa en distintos momentos. 

Tal fue el caso respecto de los ataques y descalificaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra organizaciones de la sociedad civil, así como a las iniciativas legislativas dirigidas a eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Advierte el Pro Juárez que bajo el mando de Rosario Piedra la Comisión tuvo un número considerable de omisiones significativas en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023 la Guardia Nacional acumuló mil 815 quejas, pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, con mil 664 quejas, sólo tuvo 26 recomendaciones.

Otro dato preocupante del legado de Rosario Piedra es que emitió más de 40 pronunciamientos para desacreditar a periodistas, órganos internacionales y derechos humanos con el fin de proteger al gobierno antes que a las víctimas.

Es evidente que al frente de la CNDH la gestión de Rosario Piedra deja mucho que decir y su continuidad en este organismo no asegura la necesidad de autonomía ante el gobierno en turno.

Organizaciones civiles ha expresado su preocupación por la decisión que se tome de quien presidirá la Comisión los próximos cinco años. La Fundación para la Justicia, Elementa DDHH, los Centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, consideraron que la CNDH presidida por Rosario Piedra “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país”.

Isaías Pablo, de Elementa DDHH, indicó que de las 164 recomendaciones que la CNDH realizó hasta 2021, 110 fueron de administraciones pasadas y 54 del periodo actual. Hay una tendencia, dijo, “de no revisar violaciones de derechos humanos ejercidas por cuerpos de seguridad”. 

Ejemplificó esta situación al señalar que únicamente 13% de las recomendaciones son dirigidas a las secretarias de Marina, de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional. Ésta, “sólo tiene 22 recomendaciones pese a que la CNDH ha recibido más de mil 600 quejas sobre su actuar en terreno”, apuntó.

En una reciente declaración conjunta, estas organizaciones consideraron que el país vive un momento crítico en cuanto a derechos humanos, y por eso urge tener un titular en la CNDH que responda a las demandas de la sociedad civil y sea un contrapeso efectivo.

El fin de semana entrante habrán de asistir al Senado los 48 aspirantes a presidir la CNDH en los siguientes cinco años. La promesa de los legisladores es que será un proceso limpio y transparente.

Por cierto... Para participar por la nueva presidencia de la CNDH se registraron aspirantes de 19 estados de la república, 42 hombres y 24 mujeres. Convocaron a participar en el parlamento abierto a Ángela Guerrero Alcántara, del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social); María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta, y a Jorge Alfonso Victoria Maldonado, del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra. Además de Iván Tagle Durand, de Yaaj México; Marcia Itzel ChecGutiérrez, del Observatorio de Designaciones Públicas; Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Laura Paredes Chamu, del colectivo Unidos por tus Derechos, y a una persona de la Red GayLatino Capítulo México.