Hace unos días el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública una negociación que intenta con los republicanos del Senado, dirigida a limitar drásticamente el arribo de refugiados y migrantes a la frontera sur de ese país. Si bien no es un acuerdo en firme, pues todavía encuentra poderosas resistencias –entre otras, de Donald Trump, que hace todo para impedirlo–, lo divulgado sobre la iniciativa implicaría un profundo cambio en la legislación migratoria de Estados Unidos y en el papel de la frontera mexicana.

Entre otras medidas la principal consiste en “cerrar la frontera” con México, que se aplicaría cuando sea excesivo el número de personas arribando, como ha sido el caso durante los últimos meses. Es decir, en las actuales condiciones de movilidad procedería en automático la implementación del “cierre”, que posiblemente duraría dos semanas mientras los flujos disminuyen (si es que lo hacen). 

El cierre fronterizo, dicho de manera breve, consiste en la imposibilidad de procesar solicitudes de asilo para quienes lo intenten durante el periodo “cerrado”, salvo acotados casos excepcionales. 

Según filtraciones de la iniciativa –al momento todavía no se divulga su contenido–, si en determinada semana ocurrieran más de cuatro mil arribos por día, se procedería al “cierre” fronterizo; si fueran más de cinco mil, la medida se implementaría de manera más estricta. O bien, si en determinado día la cifra superara ocho mil 500 eventos, igual se aplicaría. 

Como referencia sobre la cantidad de personas que recientemente arribaron a la frontera de Estados Unidos, durante diciembre de 2023 el promedio diario fue de 10 mil. 

Como puede apreciarse, el “cierre fronterizo” está dirigido contra personas –refugiados particularmente– para quienes la posibilidad de solicitar asilo se negaría cuando se exceda el límite establecido y solamente se aceptarían un número limitado de solicitudes bajo determinadas condiciones de urgencia y prioridad. 

Por consecuencia, las personas afectadas por el “cierre” serían retornadas a México sin mayores trámites, o bien pudieran ser repatriadas a sus países. Y si intentaran más de una vez el cruce fronterizo, tendrían por sanción un año de veto para cualquier otro intento de ingreso a Estados Unidos.

Ante el crudo escenario por venir, con miles de potenciales retornos a nuestra frontera, el gobierno de México al parecer ha asumido sus posibles consecuencias de manera incondicional, reiterando la actitud pasiva que ha mostrado con la aplicación de previas iniciativas del gobierno de Estados Unidos, como fueron los conocidos “Quédate en México” y las expulsiones exprés justificadas por la emergencia de salud por la pandemia del covid (“Título 42”) durante la administración de Trump. 

Es previsible que las nuevas iniciativas del gobierno de Biden impliquen convertir (aún más) a las ciudades fronterizas mexicanas en masivos campamentos y en estrechos embudos de un flujo humano caracterizado por la desesperanza y una profunda crisis social. La escala de la movilidad humana que transita actualmente por México –incluyendo a la originada desde nuestro país– es cinco veces mayor que la existente en 2018.

Lo cierto es que no va a disminuir esta enorme movilidad en los próximos meses, pero sí puede enfrentar obstáculos mayores como el “cierre fronterizo” y, además, seguramente encontrará una más afilada maquinaria de contención migratoria por parte del gobierno mexicano, de acentuado perfil militarizado. Hay más esfuerzos en esa dirección que hacia la procuración de asistencia humanitaria o en políticas de protección e inclusión de refugiados en México, como debiera suceder conforme a los principios de nuestro marco jurídico. 

Por lo pronto, si fuera exitoso Biden en la negociación de su proyecto, el problema que surgirá de inmediato es determinar cómo y quién regulará el orden de prioridad para la parte “permitida” de arribos a la frontera sur de Estados Unidos cuando no esté “cerrada”. 

También, si la frontera se “cierra”, queda pendiente cuáles condiciones y previsiones encontrarán las personas que encuentren las puertas fronterizas bloqueadas, sin posibilidad de solicitar de asilo. ¿Cuál será su escenario en México si son retornadas de manera expedita? ¿Tendrán alguna protección o simplemente se les procesará con un propósito de repatriación, incluyendo a solicitantes de refugio?

Las nuevas medidas del gobierno de Biden, por cierto, paralelamente permiten una franja mínima de solicitudes de asilo y protección humanitaria incluso con la frontera “cerrada”. Las reglas y procedimientos de esta vía no han sido divulgados, pero sin duda formarán parte de un embudo que permitirá un reducido número de personas admitidas y, del otro lado, un conjunto mayor de excluidas que probablemente terminen en algún punto fronterizo mexicano. 

El proyecto que el gobierno de Biden intenta implementar es complejo y tiene un número de medidas adicionales al “cierre fronterizo”. Por ejemplo, acelerar los procesos de asilo para que no duren más de seis meses, en vez de los años que ahora pueden tardar; al mismo tiempo propone agilizar los procesos de deportación. También, que las personas que estén en trámite de asilo puedan trabajar de manera autorizada en Estados Unidos y no tener un periodo de retención. 

Incluye, además, incrementar el número de jueces migratorios, el personal de la patrulla fronteriza y de los encargados de procesos de asilo, además de mejorar las tecnologías de vigilancia fronteriza, entre otros cambios que han filtrado los medios. 

Para nadie es desconocida la enorme carga política que está detrás de las nuevas iniciativas migratorias de Biden. Para el futuro del Partido Demócrata –debido a una coyuntura política que ha puesto a la migración como asunto crucial– las elecciones presidenciales de este año están atadas a reducir drásticamente el número de personas que arriban irregularmente a la frontera sur de Estados Unidos. Por el contrario, para el Partido Republicano y para su probable candidato presidencial, Donald Trump, su futuro electoral y agenda de campaña depende de que persista la “crisis migratoria” en la frontera con México. 

Al final, como en otras ocasiones, las “crisis migratorias” son primero y sobre todo crisis políticas, asuntos del poder. Escasamente son reconocidas en su esencia, como crisis y tragedias humanas, de miles personas, de familias, de niños y niñas que huyen en búsqueda de protección internacional. ¿De cuál lado sintoniza el gobierno mexicano? 

El dilema fundamental no consiste en optar por los demócratas o republicanos de Estados Unidos, sino decidir entre las lógicas del poder o bien reivindicar la perspectiva de las personas y sus derechos. Lamentablemente los tiempos son oscuros y presagian tormentas especialmente para la población mexicana, pues somos la nacionalidad más grande y casi un tercio del total de arribos irregulares a la frontera de Estados Unidos, también buscando refugio. Nuestros compatriotas, en grandes y crecientes números.

*Profesor del PUED / UNAM/ Excomisionado del INM