¿El gobierno de México compartió con el gobierno de los Estados Unidos la estadística detallada de los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino, especialmente de aquellos que se encuentran en situación irregular, no documentada? De haber ocurrido sería un asunto impropio y cuestionable desde muy diferentes perspectivas.

Hace pocos meses se publicó un artículo académico que utilizó vasta información sobre la población mexicana que ha solicitado una Matrícula Consular. La matrícula es un valioso instrumento para nuestros paisanos, útil para un amplio número de gestiones que requieren identificación personal. Millones y millones de compatriotas están registrados en la base de datos del Registro Consular; en su mayoría se trata de personas que viven o vivieron en situación irregular en Estados Unidos y no tienen otras opciones para identificarse para resolver distintos asuntos cotidianos.

Considerando estas confidenciales y delicadas características de la base de datos, ¿por qué compartirla con una analista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos? Sería iluso pensar que el único uso de la base del Registro Consular fue para elaborar un artículo académico. La Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable de la administración y custodia del Registro Consular, directamente compartió millones de datos de mexicanos viviendo en los Estados Unidos.

Cabe precisar que la entrega de la base de datos (no es precisa la fecha, posiblemente entre 2021 y 2022) ocurrió cuando el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard, quien acordaba entonces con el gobierno de los Estados Unidos radicales cambios a la política migratoria mexicana, que condujeron a su militarización y a aceptar las expulsiones de refugiados y migrantes a las ciudades fronterizas mexicanas.

Cabe precisar además que los nombres de las mexicanas y mexicanos de los registros no fueron entregados a la analista del Departamento de Defensa ¡afortunadamente! Pero sí se incluyó, como presume el artículo, información muy precisa: “Se utilizó una base de datos confidencial de más de 14 millones de tarjetas de identificación consular emitidas a aproximadamente 7.4 millones de mexicanos en situación irregular viviendo en los Estados Unidos entre 2002 y 2020”. Nada más y nada menos.

La información estadística que fue compartida, siguiendo con el artículo publicado, se integra por registros individuales que tienen los siguientes datos: fecha y lugar de nacimiento (municipio), estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de residencia en Estados Unidos (condado y estado). De este modo, se tiene una caracterización básica de cada persona, así como su ruta de movilidad entre origen y destino.

Ahora bien, como efectivamente puede mudar de una ciudad a otra la población mexicana registrada por la Matrícula Consular, en un acto de extrema cortesía y para conocer su trayectoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores incorporó a la base de datos un número de identificación para posibilitar el seguimiento de la persona en su movilidad por Estados Unidos. De esta manera, la analista del Departamento de Defensa –y además quien tenga acceso a la base de datos– podrá conocer sin mayores dificultades dónde está determinado registro (persona) y cuál es su movilidad entre lugares. Con ese número de identificación, estimo, podrá además saberse el uso que tienen las matrículas consulares como identificación y en su caso para acceder a determinados servicios como los financieros, por ejemplo.

Sobre este lamentable acto de la SRE, es relevante agregar que las normas que regulan al Registro Consular y la Matrícula Consular claramente establecen su naturaleza confidencial y acceso restringido. Cito de su Reglamento: “Al Registro Consular, incluidas las bases de datos correspondientes, le son aplicables las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en materia de inviolabilidad, así como de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El contenido del Registro Consular es confidencial y solo pueden tener acceso a este, el personal autorizado por la Secretaría, con el propósito de verificar datos para ofrecer trámites consulares a las personas solicitantes, así como para dar respuesta a sujetos autorizados. Lo anterior, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por ningún motivo se puede utilizar la información contenida en el Registro Consular para fines distintos a los autorizados por la Secretaría”.

Más allá de los deslices jurídicos que tiene compartir con un gobierno extranjero las bases de datos sobre nacionales mexicanos que viven en condición irregular en su territorio, la cuestión de fondo es política. El primer asunto corresponde a la función de la Secretaría de Relaciones Exteriores relativa a la protección de los mexicanos en el extranjero, que evidentemente fue vulnerada. El segundo asunto corresponde al tono de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, que aparece en esta experiencia como un cuadro de subordinación y condescendencia. El tercer asunto refiere a los millones de personas que por razones de protección y de confianza solicitan una Matrícula Consular: por aquí también hay daños.

Finalmente, debe hacerse una importante aclaración. La Secretaría de Relaciones Exteriores es una institución extraordinaria en la estructura del Estado Mexicano y en la defensa de nuestros intereses y protección soberana. Es del todo reconocido su valioso e histórico desempeño, cada día presente y esforzado en embajadas y consulados alrededor del mundo y particularmente en los Estados Unidos. Desafortunadamente en esta ocasión se encontró con algunos funcionarios sin experiencia y posiblemente sin convicciones nacionales, capaces de compartir el Registro Consular con la entidad y el país menos pertinente. Por cierto, el artículo referido agradece de manera explícita la generosidad de Roberto Velasco, Arturo Rocha y Leonor Ortiz por facilitar la base de datos.

Nota de referencia. El artículo aquí comentado, al que no aludo por sus méritos académicos, se titula “The Local Reaction to Unauthorized Mexican Migration to U.S”, cuyos autores son Ernesto Tiburcio (estudiante de doctorado) y Kara Ross Camarena (analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos).

 Puede consultarse en (https://scholar.harvard.edu/files/kara_ross_camarena/files/localreaction-current.pdf)

*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM

Derecho de réplica

Señor director:

El lunes 22 de enero, Tonatiuh Guillén publicó en este medio una nota titulada "Mexicanos en Estados Unidos y el Departamento de Defensa”. La nota contiene múltiples errores, omisiones, falsedades y saltos lógicos que es necesario aclarar:

1. Como ciudadano mexicano, gozo del derecho de petición de información pública, que puedo ejercer directamente con las secretarías de Estado correspondientes. Después de una petición formal por escrito, en 2022 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió una base sin identificadores de las matrículas consulares expedidas a personas mexicanas en Estados Unidos a mí y a Kara Ross Camarena, quien entonces era profesora de Ciencia Política en la Universidad de Loyola Chicago. 
2. Esta base no viola las leyes de protección de datos personales. Los datos personales son aquellos que permiten identificar a una persona y nosotros no contamos con esa información. Además, el gobierno de México debe compartir información con sus ciudadanos. Los datos que produce el gobierno son públicos excepto cuando se trata de datos personales y de seguridad nacional. 
3. La base no vulnera la identidad de las personas ni la confianza de los mexicanos que cuentan con una matrícula. Pues no contiene información personal que permita identificar a cada individuo. Por un lado, SRE borra el nombre y los detalles específicos de cada persona y asigna un número aleatorio, sin ningún significado, a cada registro. Por el otro, la información geográfica más detallada que ofrece la base es el condado. En promedio, hay más de 100,000 personas en cada condado de Estados Unidos. En consecuencia, la naturaleza anónima de los datos y el tamaño de la unidad territorial más detallada hacen que esta base no presente riesgos adicionales para los migrantes. Hay otras bases de datos públicas, como la American Community Survey, que estiman el número de mexicanos, y sus características, en los condados de Estados Unidos. 
4. Nadie conoce el estatus migratorio de las personas que cuentan con una matrícula. En ningún momento, SRE recaba el estatus migratorio de las personas que solicitan una matrícula. 
5. Para recibir los datos, Kara y yo tuvimos que presentar y aprobar un protocolo de manejo ético y seguro de datos. Todas las y los investigadores que trabajan con datos sensibles deben recibir aprobación por la junta de revisión institucional (IRB, por sus siglas en inglés) de la institución a la que pertenecen.
6. No somos el único equipo de investigadores con estos datos. Desde 2018 hasta 2023, hay al menos cinco artículos académicos o manuscritos públicos que usan versiones casi idénticas de la base de datos. Asumo que la primera petición de estos datos se hizo con la administración federal anterior y, con base en los agradecimientos de esos artículos, se hizo también directamente a la SRE. Asumo, además, que las juntas de revisión institucional de las universidades a las que pertenecen las y los investigadores aprobaron el uso de los datos. 
7. El uso de versiones anónimas de información pública sensible es una práctica común en México y en el mundo. No hay nada único en nuestro caso. Emplear datos oficiales, anónimos, de manera segura es piedra angular del proceso académico y de la producción de conocimiento en general. 
8. En julio de 2023 Kara terminó su relación laboral con la Universidad de Loyola Chicago y se incorporó al Departamento de Defensa de Estados Unidos como analista. Estos cambios son comunes en el mundo académico. Es imposible prever el siguiente destino laboral de un o una académica, así que ni la SRE, ni Kara, ni yo, anticipamos esto en 2022. Dado el protocolo de seguridad de los datos, estos cambios laborales no afectan el manejo de los datos. 
9. A pesar de la estridencia de las acusaciones y la pretensión de novedad, Guillén no ha descubierto nada. Todos los detalles que argumenta encubrir son públicos. Nuestro manuscrito, público en mi sitio web desde hace más de un año, ha sido cubierto por el New York Times, el Washington Post y diversos podcasts. Además, lo he presentado en una decena de universidades en México y Estados Unidos.  

Más allá del daño que esas acusaciones infundadas puedan generar a los directamente involucrados, sientan un terrible precedente para la colaboración entre academia y gobierno en México. Pues, ponen un halo de sospecha a prácticas que son comunes, seguras y valiosas. El Estado Mexicano tiene una riqueza de datos envidiable a nivel mundial. Esto ha permitido a generaciones de investigadoras e investigadores antes de mí entender mejor a nuestras sociedades e individuos para, eventualmente, elaborar políticas públicas con base en esa evidencia. 

Atentamente, 

Ernesto Tiburcio 

Candidato a doctor en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Tufts

Respuesta del autor:

Señor director:

Aclaraciones necesarias dirigidas al estudiante de doctorado Ernesto Tiburcio y para la analista del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kara Ross Camarena:

1. La integración, acceso, uso o consulta de la información generada o en posesión de instituciones gubernamentales mexicanas está regulada por leyes sobre transparencia y protección de datos personales, además de reglamentos específicos como es el caso del Registro Consular y su sistema de información. Este marco jurídico es de cumplimiento obligatorio para servidores públicos y para cualquier otra persona.
2.  Ninguna entidad extranjera –escuela, universidad, comité, asociación, gobierno o persona– tiene atribuciones para autorizar o regular el uso de información que es responsabilidad de instituciones gubernamentales mexicanas. 
3. El Registro Consular, como categórica y expresamente establece su reglamento, es de naturaleza confidencial. Todo, completo. Es decir, son confidenciales cada registro y cada una de sus variables, en lo individual, en conjunto o agrupadas de cierta manera. No existe alguna parte “confidencial” y otra “no confidencial”, para que quede claro.
4. Como establece su reglamento, el acceso al Registro está limitado a determinados servidores públicos, para determinados objetivos y cualquier otro uso deberá ser autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cito una vez más el reglamento: “Por ningún motivo se puede utilizar la información contenida en el Registro Consular para fines distintos a los autorizados por la Secretaría”. ¿Tienen Tiburcio y Camarena esa expresa autorización? ¿Por parte de quién?
5. Por supuesto, cualquier persona puede solicitar directamente a un funcionario gubernamental –sea o no su amigo– información pública. Puede utilizarse un escrito, una llamada telefónica, un mensaje de texto o cualquier otro medio. El problema es si el funcionario omite cumplir con el marco legal respectivo al entregar la información solicitada. En ese caso, se trataría de una falta grave.
6. Mediante la presente aclaración, por consiguiente, hago del conocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los eventos aquí referidos relativos al Registro Consular y su uso por parte de Ernesto Tiburcio y Kara Ross Camarena. Conforme a sus atribuciones, atentamente les solicito verificar si los servidores públicos Roberto Velasco, Arturo Rocha y Leonor Ortiz –adscritos a la Secretaría de Relaciones Exteriores– cumplieron con el marco jurídico que regula al Registro Consular al compartir su información.
7. El Registro Consular contiene información relacionada principalmente con la población mexicana que se encuentra en Estados Unidos en situación irregular, no documentada. Sus condiciones son vulnerables, incluyendo la posible repatriación forzada a México. La información del Registro Consular es un asunto particularmente delicado que merece la mayor protección posible. ¿El Departamento de Defensa o alguna otra entidad gubernamental de Estados Unidos tiene copia de la base de datos del Registro Consular?
8. Finalmente, reconozco la necesidad y virtud de la colaboración entre la actividad académica y científica con las instituciones gubernamentales y la información pública. Pero debe hacerse con pleno respeto de la Ley y los reglamentos. No se trata de cualquier cosa a cualquier costo.

Cordialmente,

Doctor Tonatiuh Guillén López