CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A partir de 2015 en Estados Unidos el tema migratorio se posicionó como asunto de primerísima importancia en el ámbito político nacional, pero no de la manera correcta.

El entonces candidato a la presidencia de ese país, Donald Trump, descubrió que el discurso antiinmigrante, y específicamente antimexicano, tenía capacidad para revivir los genes del racismo y la xenofobia que lamentablemente han perdurado por décadas. Supo conducir esos extremos ideológicos hacia una exitosa agenda electoral y de gobierno basada en ese negativo perfil.

No había entonces grandes flujos de migrantes arribando a la frontera sur de Estados Unidos, ni de mexicanos ni de centroamericanos, en comparación con los actuales que son muy superiores. Pero no importaba. El mensaje era que cualquier arribo irregular a esa frontera constituía una amenaza a la seguridad nacional y era fuente de todos los delitos posibles. Es decir, antes de alguna oleada migratoria de escala mayor, primero se construyó el mito antiinmigrante y el paralelo convencimiento social de la supuesta amenaza, siendo así tremendamente exitosa la campaña electoral de Trump.

Para ese proyecto político era necesaria la evidencia de alguna “amenaza” en la frontera con México, para mostrar al público videos y fotografías convincentes. Trump empezó a hablar de caravanas de migrantes irrumpiendo en Estados Unidos, antes de que hubiera alguna caravana. Empezó a hablar de violaciones a la soberanía de ese país, antes de que hubiera alguna mínima intención; nunca hubo tal, ni antes, ni ahora. No importaba: el mensaje y la falsa amenaza eran la meta para alentar nacionalismos y pretensiones imperialistas.

En aquel momento, sin grandes flujos migrantes, Trump ya estaba en campaña anunciando que obligaría a México a construir un gran muro en la frontera. Deliberadamente dejó de lado que en el mundo no existe mayor ni mejor socio para Estados Unidos que nuestro país; pero Trump se dedicó a insultar y a despreciar a los mexicanos y a los “otros mexicanos”, como llamaba a los centroamericanos. Todavía lo hace, además con abierta burla hacia los funcionarios del gobierno de México que aceptaron todas sus imposiciones en política migratoria (comenzando por el secretario de Relaciones Exteriores que acaba de renunciar).

Por razones electorales, para tomar ventaja en la disputa por la Presidencia de Estados Unidos, la campaña de Trump y posteriormente su gobierno posicionaron artificialmente la problemática migratoria como gran asunto, como el gran tema que logró dividir al electorado estadunidense y que particularmente fue acogido por ideologías racistas y xenófobas que aún flotan en el ambiente. La cuestión migratoria como tema central de la agenda política –si no es que el principal– se convirtió en eje de polarización y de decisión electoral. Lo sigue siendo hasta la fecha.

Como tema de enorme peso político, la migración y el refugio pasaron así a ocupar un espacio estelar, determinante del panorama político y de gobierno en Estados Unidos. Paradójicamente –y este es el segundo asunto relevante– teniendo al lado a las poblaciones migrantes como actores con limitadas capacidades políticas para resistir y reivindicar una agenda pública y legislativa incluyente y civilizada.

Contra esa marginación existe una gran batalla impulsada por los migrantes, por sus organizaciones, por multitud de organismos civiles y por las poblaciones descendientes de origen mexicano y latinoamericano, particularmente. No se trata de alguna amenaza o conflicto, sino simplemente de la procuración y ejercicio de derechos reconocidos por las leyes de Estados Unidos y convenios internacionales.

Por su parte, cabe hacerlo notar, el actual gobierno de México simplemente cerró los ojos y decidió no intervenir, como hizo explícito el Plan Nacional de Desarrollo al declarar formalmente que no es su asunto.

De esta manera, la migración es ahora el gran tema político, pero los migrantes son apenas invitados y con todas las restricciones posibles. Esto sucede en Estados Unidos y en otros países de destino que tienen un fuerte espectro político de derecha nacionalista, xenófobo y racista.

Pero también sucede en México, a nuestra manera. Debemos vernos en ese espejo, pues padecemos una grave problemática migratoria, social y de derechos humanos continuamente violados.

Respecto de la población mexicana en el extranjero, por ejemplo, la emigrada y sus descendientes –que son también mexicanos–, en esencia seguimos ignorando sus derechos políticos y todos los demás, sin siquiera valorar adecuadamente su contribución a la economía y al bienestar social del país. Una cosa son las palabras, otra los hechos. El Estado mexicano ha sido incapaz de trazar una estrategia permanente, de amplia escala –de enorme escala debe ser– para al menos formalizar los reconocimientos de nacionalidad pendientes y avanzar desde ahí hacia el marco institucional que realice sus derechos, en principio los políticos (la tarea tiene cifras de millones de personas). Por lo menos, es imprescindible una potente agenda que respete, valore y promueva las expresiones culturales de los mexicanos en el extranjero como parte inherente de la diversidad cultural nacional.

Así como sucede en Estados Unidos, también en México la migración y el refugio pueden ser muy visibles como asuntos políticos y del discurso gubernamental. Pero, como sucede en Estados Unidos, también en México la población migrante –mexicana y de otros países– ha quedado marginada del ejercicio de los derechos más elementales. Replicamos una grave e injustificable paradoja de exclusión que tiene amplias repercusiones históricas. Podemos lamentarlo profundamente o decidir corregir el rumbo, de manera real, en los hechos. De palabras ya escuchamos suficiente.

*Profesor del PUED/UNAM, excomisionado del INM.

Este análisis forma parte del número 2433 de la edición impresa de Proceso, publicado el 18 de junio de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.