CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Desde el año 2022 y en el transcurso de 2023 ha sido de escala enorme la movilidad humana irregular a través de México y desde nuestro país. No se trata de algún evento al azar. En gran medida, es la expresión de crisis sociales, de crimen y violencia, de exclusiones políticas, económicas e incluso ambientales que se agudizaron como efecto de la pandemia por covid-19.

Alrededor del mundo la pandemia aceleró tensiones de todo tipo y deterioró aún más lo que estaba mal; lastimó aún más a poblaciones que ya eran vulnerables; descompuso instituciones y servicios que eran insuficientes y, en general, empeoró lo que estaba en condiciones críticas. Algunos países tuvieron capacidad para recuperarse de manera adecuada; otros no tuvieron ni manera de ofrecer resistencia ante la oleada de deterioros. Incluso en México no terminamos por hacer el corte de caja de todo lo que perdimos, en vidas, ingresos familiares, ambientes comunitarios, servicios como educación y salud o el empeoramiento de la ya grave inseguridad pública.

La migración y la búsqueda de refugio se convirtieron así en ruta de escape para miles y miles de personas y familias, forzadas a dejar sus lugares de origen, aspirando a la protección en otro país. No es circunstancial la movilidad sincrónica de amplios grupos de población de lugares como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde los regímenes dictatoriales no han tenido capacidad de reconstrucción y, por el contrario, potenciaron condiciones que obligaron a la población a salir de sus comunidades ante la ausencia de alternativas y la negación de la mínima protesta. Las cifras de personas y familias de esos tres países transitando por México no tiene precedente, ni de cerca. En algunos momentos del año 2022, por ejemplo, el número de nicaragüenses superó a las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador sumados. Lo mismo pasó con cubanos y venezolanos, lo cual nos da una idea de la escala de población actualmente en movimiento.

En circunstancias políticas distintas, pero compartiendo la misma problemática que se traduce en la necesidad de dejar el país de origen, nuevos flujos repuntaron durante los últimos meses de manera muy significativa. Los casos más importantes son Colombia, Perú y Ecuador, acompañados de Haití que no cesa en el drama social de su población, en la isla y la ubicada en otros países.

De este modo, como puede inferirse, la migración procedente del norte de Centroamérica ya dejó de ser el nudo central de la problemática regional. Para ser precisos, apenas explica a algo más de 18% de los arribos irregulares a la frontera sur de Estados Unidos, considerando el periodo de enero de 2022 a marzo de 2023. En cuanto a México, que por más de una década tuvo una movilidad reducida hacia Estados Unidos, a partir de abril de 2020 incrementó el flujo causando que en el periodo indicado aportemos 33% del total. Los restantes países arriba mencionados, en conjunto configuran otro 40% de la movilidad en ruta hacia Estados Unidos.

Desde la perspectiva mexicana, por consiguiente, no estamos para repartir culpas a otros países. Nuestras propias crisis nos han sacudido en forma de renovada emigración, laboral y de refugio, subrayado lo segundo. De hecho, un componente central de las ampliadas movilidades de tránsito tiene un perfil de refugio y, por consiguiente, son titulares de un marco jurídico específico para su atención en México. Dicho de manera rápida, no les corresponde quedar sujetas a la Ley de Migración, sino a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. De igual manera, la institución que debe comandar su atención es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y no el Instituto Nacional de Migración (menos, debido a la militarizada política que priva en la materia).

Cuando la desesperanza es enorme y existe necesidad de escapar de algún país, el indicador más crudo de la situación se refleja cuando son familias las que se movilizan y no personas en lo individual. Debe ser muy agresivo el entorno para decidir salir en grupo familiar, con todos los riesgos y habitualmente con la mayor precariedad. De este modo, cuando la movilidad desde algún país tiene un alto componente de unidades familiares, constituye el indicador más claro de un flujo de refugio y, de paso, revela la presencia de condiciones muy graves en los lugares de origen.

Conforme a las estadísticas de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, el registro de arribos de personas en grupo familiar permite esbozar un panorama sobre la actual situación de refugio. Considerando los datos del mes de marzo de 2023 –excluyendo ahora los números absolutos de cada flujo, usando solamente los porcentajes– el cuadro resultante es el siguiente: de Brasil, 51% del flujo fueron grupos familiares (en este caso, incluye alguna población de origen haitiano). De Ecuador, 49% tenía esa misma característica de familias; de Colombia, 46%; de Haití, 44%; de Perú, 42%, y de Venezuela, 36%. En esencia, se trata de refugiados y de condiciones muy graves en sus entornos de origen.

Otras nacionalidades tienen un componente de familias también importante: Cuba, 30%; Nicaragua, 25%; Honduras, 20%; México, 15%; El Salvador, 13%, y Guatemala, 13%. Nuestro país, como es aquí evidente, compite su indicador de solicitantes de refugio con los países centroamericanos; no tenemos condiciones tan diferentes en esta problemática. Actuemos entonces con congruencia: son refugiados, somos refugiados.  

*Profesor del PUED/UNAM. Excomisionado del INM

Este análisis forma parte del número 2427 de la edición impresa de Proceso, publicado el 7 de mayo de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.