CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El año 2022 cerró con el flujo irregular de personas extranjeras, a través del territorio mexicano, más numeroso de la historia. En su mayoría, personas solicitantes de refugio, familias enteras con frecuencia, en dirección hacia Estados Unidos. Las cifras de la Patrulla Fronteriza de ese país reportaron alrededor de 1.74 millones de “encuentros” en su frontera sur con personas no mexicanas solicitantes de refugio o intentando un cruce irregular. A esta cifra deben agregarse 860 mil mexicanos, que incluyen una fracción significativa de peticionarios de refugio, compatriotas desplazados desde estados inundados por la violencia y el crimen.

La grave crisis humanitaria actualmente en curso, padecida por miles y miles de personas, extranjeras y mexicanas, está compuesta esencialmente por solicitantes de refugio que huyen de sus lugares de origen protegiendo la vida y aspirando al cobijo internacional. Son titulares de derechos específicos y ampliamente reconocidos por convenciones internacionales y por la legislación mexicana. Que quede claro: los tiempos actuales se caracterizan por una crisis de refugiados, que tienen un perfil social y orígenes muy distintos en comparación con años anteriores, cuando predominaba una dinámica de fondo laboral y económico.

Si la crisis actual tiene un perfil de refugio, el arribo y estancia en México de esta movilidad debe comprenderse y procurarse institucionalmente desde esa perspectiva. Nuestra Constitución, las convenciones internacionales y la ley en la materia contienen las disposiciones necesarias para su atención, respetuosa de derechos y con las consideraciones humanitarias elementales. Siendo así, no es el Instituto Nacional de Migración, ni la Guardia Nacional, ni la Ley de Migración las instancias adecuadas para intervenir en la aguda problemática social.

La institución que debiera tener el liderazgo de las políticas de refugio, de las estrategias necesarias y de la coordinación interinstitucional y social es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La Ley sobre Refugiados es la que debe prevalecer como eje en la relación del Estado con las poblaciones en movimiento. Es decir, mientras el INM y la Guardia Nacional sean los aparatos dominantes, en la práctica se promueve un contexto generalizado de violación de derechos en materia de refugio, afectando crudamente la vida de miles y miles de personas.

El crimen en Ciudad Juárez contra migrantes y solicitantes de refugio, del pasado 27 de marzo, describe con crueldad extrema el deterioro de la política migratoria, la pérdida del horizonte humanitario y, desde la perspectiva institucional, el predominio del INM en un campo jurídico e institucional que corresponde esencialmente a la Comar.

La actual crisis de refugio y los graves eventos en Ciudad Juárez son el nudo de una coyuntura que demanda rectificaciones. Una ruta necesaria es reivindicar el rol de la Comar y sus funciones de atención a refugiados, no solamente para quienes intentan su registro en México, sino también para quienes están en tránsito. Hoy más que nunca la Comar requiere estar en el centro estratégico para coordinar alternativas, incluso con el apoyo del INM y de otras instituciones federales, estatales y municipales. Es fundamental fortalecer su papel directivo, coordinador.

No obstante, el gobierno del presidente López Obrador ha mantenido a la Comar entre capacidades mínimas y con un presupuesto menos que marginal. Por consecuencia, a pesar de sus esfuerzos se trata de una institución desbordada, como puede apreciarse cotidianamente en sus instalaciones en la Ciudad de México o en Tapachula, donde concentra sus tareas. Si no fuera por el apoyo financiero de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que duplica al presupuesto federal asignado, la Comar estaría prácticamente borrada del mapa.

Hoy son tiempos de fortalecer las capacidades de atención para solicitantes de refugio, en México y en otros países, incluyendo Estados Unidos. Lamentablemente, lejos de ese objetivo, el presidente López Obrador acaba de iniciar el camino legislativo para reducir a la Comar a una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Gobernación. Incluso si mantuviera su actual presupuesto, pierde sustancialmente su rol institucional y coordinador en la materia. Con esta medida –esbozada mediante un argumento administrativo nada claro y presentada en la coyuntura menos pertinente– queda además en duda la continuidad del valioso apoyo que la Comar recibe de la ACNUR y las formas de su gestión, en caso de que continuara.

La actual crisis de refugiados, como es evidente, deriva de situaciones diversas y graves que en los países de origen motivan la literal huida de personas y comunidades. Ya no es solamente una problemática centroamericana, como parecía hasta hace poco tiempo. Ahora incluye países como Venezuela, Cuba y Nicaragua –las dictaduras latinoamericanas– que como nunca expulsan población. Otras naciones como Colombia, Perú y Ecuador también muestran cifras al alza, con movilidades que terminan en México en su intento de arribo a Estados Unidos. La crisis social de Haití persiste, junto con otras nacionalidades que se extienden hasta los continentes asiático y africano. Por nuestra parte, estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y otros se suman a la crisis y aportamos una lamentable cuota de solicitantes de refugio que arriban a la frontera de Estados Unidos.

Frente a este durísimo contexto social, ¿cuál es el propósito de debilitar institucionalmente a la Comar?, ¿no deberíamos hacer exactamente lo contrario, mejorando sus capacidades institucionales y operativas?

Paralelamente, ante nuestros refugiados, lo pertinente sería implementar eficaces políticas y estrategias que evitaran los desplazamientos forzados y controlaran al crimen organizado y su predominio impune.

Desde la perspectiva de los refugiados y sus necesidades de protección, lo que ya era grave (los factores de expulsión) pueden convertirse en situaciones aún más críticas, si lo que encuentran en México u otros países es la contención, la devolución y, mucho peor, riesgos a la vida. Estamos a tiempo para corregir y evitar que esta historia siga llenándose de páginas trágicas. 

*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Este análisis forma parte del número 2424 de la edición impresa de Proceso, publicado el 23 de abril de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.