(Segunda y última parte)

A las víctimas y familiares de Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En la entrega anterior inicié una reflexión sobre la pertinencia de entender la relación, cada vez más compleja, entre la reaparición de autoritarismos en el mundo y los riesgos que esto implica para las defensoras de derechos humanos.

Ahora me interesa destacar la creciente y muy preocupante aparición de gobiernos que podemos definir como “neototalitarios”, mismos que se distinguen por al menos tres características: decisiones pensadas para generar terror, la erradicación progresiva de las libertades (mediante reformas legales) y el uso de diferentes instrumentos de política pública con lógica militarista.

Podemos empezar por visibilizar tres casos que están ahora mismo muy presentes en la prensa y el foco internacional.  En Israel una controvertida y peligrosa reforma judicial, promovida por el primer ministro Benjamín Netanyahu y que afecta la división constitucional de poderes, tiene al país en las calles, protestando y con ánimos políticos muy candentes. La propuesta de reforma ha generado ya división en su gobierno, manifestaciones multitudinarias y críticas internacionales de diversa índole.

En Reino Unido el gobierno de Rishi Sunak ha endurecido de manera severa, y por una lógica electoral, las políticas migratorias de la isla. La nueva Ley de Inmigración Ilegal obliga a deportar a terceros países a toda persona que entre al país de manera irregular, “tan pronto como sea factible”, negando de por vida la posibilidad de ingreso a ese país o la posibilidad de asilo.

En Sudáfrica estamos presenciando una resistencia de masas organizada y una lucha de la clase trabajadora contra los devastadores niveles de desempleo, pobreza y violencia, una movilización anclada contra la crisis del costo de vida. Ahí, más que combatir la amplia pobreza, se combate a los amplios sectores pobres del país, quienes viven una horrible pesadilla por la falla de los servicios públicos básicos y una clara represión por su (desesperada) condición económica.

Además de estos gobiernos que están hoy en el foco internacional, vale la pena volver al Informe sobre la situación del Espacio Cívico Global 2022 y 2023 del Observatorio de la Sociedad Civil (CIVICUS), del que ya rescaté antes un par de datos, pero del que hay más información general y datos duros que evidencian el grave estado y deterioro del espacio cívico en el mundo.

Por ejemplo: la financiación de la cooperación internacional para la sociedad civil disminuyó en un 2.2% en 2020, lo que representa la cuarta disminución consecutiva anual. El 79% de las organizaciones de la sociedad civil informaron que su trabajo había sido fuertemente afectado por la pandemia de covid-19.

En el año 2022 se pudieron registrar y documentar mil 113 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo, un aumento de 20% en comparación con 2021.

En términos de cambios legales formales para restringir las libertades de las personas y desproteger el campo de acción y trabajo de las personas defensoras va en aumento. Una visión global de lo que pasa en el tema nos indica que:

En China la Ley de Organizaciones Sociales establece un estricto control gubernamental sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y les prohíbe realizar ciertas actividades. En Rusia la Ley de Agentes Extranjeros obliga a las organizaciones a registrarse como “agentes extranjeros” si reciben fondos del exterior, lo que conlleva una fuerte carga administrativa y estigmatización.

En Egipto la Ley de ONG´s limita la financiación extranjera y el trabajo en defensa de los derechos humanos, y ha llevado al cierre de varias organizaciones globales en ese país. En Nicaragua la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros obliga a las organizaciones a registrarse como “agentes extranjeros” si reciben fondos del exterior, lo que las somete a un escrutinio y amenazas constante del gobierno.

En Hungría la Ley de la Sociedad Civil establece un estricto marco regulatorio para las ONG que reciben fondos del exterior, lo que limita su capacidad para realizar su trabajo. En Israel la Ley de Financiación de ONG obliga a las organizaciones a declarar sus fuentes de financiación, lo que ha llevado a la estigmatización de algunas organizaciones críticas del gobierno.

En Arabia Saudita la Ley de Asociaciones y Organizaciones de Beneficencia exige que las organizaciones sean controladas por el gobierno y prohíbe las actividades políticas y de derechos humanos.

El Informe señala también que 75% de los defensores de derechos humanos encuestados en todo el mundo informaron que habían experimentado algún tipo de acoso, violencia o amenazas en el último año. El dato es brutal desde donde se mire.

La mayoría de los gobiernos no están cumpliendo con los compromisos internacionales de proteger y promover la sociedad civil y el espacio cívico. Sólo 11% de los países del mundo tienen una sociedad civil “fuerte” o “muy fuerte”, según los estándares del informe.

En México, el panorama en algunos temas y decisiones es igualmente muy preocupante. La lógica y el poder militar no sólo se ha visto reflejado en un aumento castrense en la seguridad pública, sino es parte ahora de varios sectores de la administración pública “civil” (puertos, obras, etcétera). Desde la palestra de la Presidencia hay, asimismo, un constante ataque a las personas defensoras de los derechos humanos.

Se han mantenido, también, las acciones de espionaje hacia personas críticas del gobierno y la población en general. La dimensión migratoria nos ha dado una tragedia reciente como fiel reflejo del maltrato, injusticias y olvido a los migrantes.

Estamos, en suma, frente a una oleada de gobiernos y maneras de gobernar neototalitarias que están rompiendo las bases mínimas del entramado democrático y la convivencia social de nuestros países. Algunos gobiernos y muchas empresas transnacionales son responsables directo de esta peligrosa tendencia.

Urge como nunca, con base en la evidencia que tenemos, insistir en la perspectiva de rendición de cuentas empresarial y el análisis de la captura corporativa de los Estados neototalitarios en la lucha y defensa de los derechos humanos. Literalmente, nos va la vida en ello.  

*Directora ejecutiva de ProDESC