GINEBRA (apro).- México descartó apoyar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que extiende el mandato de la Comisión de Investigación internacional e independiente que se encarga de documentar detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales entre otras graves violaciones perpetradas en Venezuela que pueden constituir crímenes contra la humanidad.

La resolución adoptada con 19 a favor, 5 en contra y 23 abstenciones incluyendo la de México, “condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

El texto decide “prorrogar el mandato de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, como se establece en la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos, por un período de dos años, con miras combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

De igual forma solicita a la misión de expertos que presente un informe verbal actualizado sobre su labor en un diálogo interactivo que tendrá lugar en los períodos de sesiones 52º y 55º del Consejo, y que presente un informe sobre sus conclusiones al Consejo en sus períodos de sesiones 54º y 57º.

El embajador venezolano Héctor Constant, negó categóricamente los hallazgos de los informes presentados por la Comisión de Investigación y se negó a autorizar la extensión del mandato de los expertos de la misión. “Este texto es inaceptable. En Venezuela a pesar de la adversidad el pueblo mantiene la felicidad en su rostro’’, dijo.

 Por su parte, la embajadora de México Francisca Méndez explicó la abstención del gobierno de Palacio Nacional “a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela”.

Sin embargo, al menos de manera pública, el oficialismo y la oposición no se han reunido desde finales del año pasado, cuando la administración de Maduro estableció como condición para seguir en el proceso que se liberase al empresario colombiano Alex Saab, extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.

El texto aprobado en la ONU “condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático’’.

Insta a las autoridades de Caracas a que “cooperen plenamente con la Oficina del ACNUDH y la misión internacional independiente de determinación de los hechos, les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y velen por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques”.

La ONU expresó profunda preocupación porque más de 6.8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y más de 7 millones de personas siguen necesitando asistencia humanitaria debido a la actual crisis política y económica.

Subraya “los continuos informes de restricciones del espacio cívico y democrático, que incluyen casos de detención arbitraria, actos de intimidación y represalias, difamación pública de manifestantes, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, abogados, defensores de los derechos humanos y otros interesados de la sociedad civil”.

Afirma su “profunda convicción de que solo puede haber una solución pacífica y democrática a la crisis actual en el país y que esa solución incumbe al pueblo venezolano, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de inteligencia, y requiere la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y limpias, de conformidad con las normas internacionales, y expresando apoyo a las gestiones diplomáticas pertinentes al respecto, como las conversaciones en curso en Ciudad de México’’.

Expresa alarma por la “continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de derechos humanos.

Solicita al Alto Comisionado que siga vigilando la situación de los derechos humanos en  Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla, entre otras cosas mediante la presentación de informes verbales actualizados al Consejo de Derechos Humanos.

Le solicita también que presente un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores del Consejo.