desaparición forzada
Desinformación: gobierno de las mentiras
Durante los años 2019 y 2020 habían sido denunciadas ante las autoridades locales 9 mil 874 desapariciones. De su lado, la Fiscalía General de la República tenía en su contabilidad otras 36.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–“Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.”
Esta frase fue pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el martes 1 de septiembre de 2020 durante el discurso dictado a propósito del informe por el segundo año de su gobierno.
No es cierta esta declaración ahora y tampoco lo era el día que fue formulada. El documento escrito que ese mismo día presentó el primer mandatario ante el Congreso de la Unión traía otros datos.
Durante los años 2019 y 2020 habían sido denunciadas ante las autoridades locales 9 mil 874 desapariciones. De su lado, la Fiscalía General de la República tenía en su contabilidad otras 36.
Una fuente distinta, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), refiere que, solamente para el año 2020, habrían desaparecido 14 mil 907 individuos.
Esta información aparece en el reporte publicado el martes 14 de marzo por la organización Artículo 19 titulado Desinformación Oficial y Comunicación Social.
Quienes elaboraron ese documento también solicitaron información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con objeto de precisar si efectivos de las Fuerzas Armadas habían sido acusados por violaciones a los derechos humanos durante la actual administración.
Enviaron una primera petición que recibió respuesta puntual por parte de esta autoridad. De acuerdo con la Sedena, la Fiscala General de Justicia Militar, durante el año 2020, habría registrado cinco denuncias por tortura y nueve por violación sexual en contra del personal militar.
Artículo 19 envió a la misma dependencia una segunda solicitud de información, prácticamente idéntica, pero que variaba en una sola cosa. En este otro documento se incluyó la cita presidencial pronunciada durante el informe.
Esta vez la respuesta de la Sedena fue muy distinta. Indicó a las personas peticionarias que mejor se dirigieran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que en ninguna de sus unidades administrativas existía registro de violaciones o torturas cometidas por el personal militar.
Resulta evidente que, cuando el área de transparencia de la Sedena se percató de la falsedad en los dichos del mandatario decidió negar la verdad.
Llama la atención que la afirmación mentirosa del mandatario se haya producido durante el acto anual de rendición de cuentas a propósito de su gestión de gobierno. También enciende la alarma que la información proporcionada por la Sedena haya variado a partir de que la autoridad tomó conciencia de que los datos correctos entraban en colisión con las palabras del presidente.
El reporte de Artículo 19 antes referido encontró otras falsedades. Por ejemplo, el señalamiento realizado por el presidente, en más de una ocasión, a propósito del sueldo de las personas comisionadas del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El viernes 22 de enero de 2021 el mandatario estigmatizó a esas personas funcionarias al declarar que: “No podemos estar destinando mil millones de pesos al año y que consejeros de ese organismo ganen 300 mil pesos mensuales y se den la gran vida.”
Este mismo discurso volvió a pronunciarlo el viernes 17 de septiembre del mismo año y sin embargo el dato sobre el salario de quienes integran el órgano de dirección del INAI no es de 300 mil pesos.
De acuerdo con la plataforma nacional de transparencia, su presidenta, Blanca Lilia Ibarra, tiene asignado un sueldo de 151 mil 53 pesos, es decir, prácticamente la mitad del monto denunciado por López Obrador.
Otra forma de mentir, refiere el mismo reporte, ocurre cuando la autoridad proporciona una información cuya fuente es inexistente. Por ejemplo, también durante el informe del segundo año de gobierno, el mandatario presumió que, gracias a los ahorros de su administración, así como a la política de austeridad y la lucha contra la corrupción, durante su gestión el Estado mexicano había logrado ahorros por 560 mil millones de pesos.
El problema con este número es que no es corroborable. Cuando Artículo 19 solicitó a la Oficina de la Presidencia la fuente que daría respaldo a esa declaración, dicha dependencia respondió que tal información no estaba disponible.
Ocho días después, esta vez en una conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que, durante la administración anterior, la banca de desarrollo del Estado mexicano había otorgado un préstamo de 10 millones de dólares al periódico El Financiero. Hizo esta denuncia para confirmar el argumento que muchas otras veces ha repetido en el sentido de que la prensa mexicana, en su mayoría, estaba anteriormente vendida al poder.
No obstante, después de realizar una serie de solicitudes de información, los investigadores de Artículo 19 desmintieron de nuevo esa otra afirmación. El periódico cuestionado jamás recibió un crédito bancario de Nafinsa o Bancomex.
Cosa distinta fue que el accionista principal de esta empresa de medios hubiese, en efecto, contratado un crédito para financiar las actividades de sus otras empresas. Este caso demostraría que el discurso presidencial no solamente coquetea con la falsedad, sino también con las medias verdades.
Es larga la lista de declaraciones analizadas por el reporte antes referido. Este documento es persuasivo con el argumento de que el presidente no está comprometido con la precisión, tampoco con la certeza, ni con la verificación de la información pública.
Su discurso es cierto porque es suyo. No necesita evidencia porque merece ser creído y punto.
Mientras tanto, la democratización de la mentira sobre los asuntos que son de todos va volviéndose un cáncer grave. Si el presidente tiene permiso para mentir, ¿por qué el resto no habríamos de gozar del mismo y malsano derecho?
