CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si algo ha quedado claro en los últimos lustros es que la migración es uno de los fenómenos sociales globales más importantes, dada la cantidad de personas que viven el fenómeno y las múltiples dimensiones problemáticas que conlleva.

No es casual ni gratuito que los debates, discusiones y publicaciones sobre este tema se hayan incrementado en los últimos tiempos, pues reflejan que es una preocupación central de nuestra vida pública. México es un país donde el fenómeno migratorio se vive con múltiples problemas y urgen soluciones.

La Cumbre de las Américas ha arrojado como resultado, en palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard, la necesidad de fortalecer las decisiones y políticas de derechos humanos y de instrumentos migratorios (como las visas H2) entre ambos países, reconociendo los amplios déficits que existen en esta materia.

Partamos entonces de dos premisas. Primera: la migración se suele entender, en general, como la movilización de personas de un espacio geográfico a otro, motivadas por razones económicas, sociales y de seguridad. Pero un número importante de estas personas se asumen como trabajadoras, ya sea porque han laborado antes de migrar o porque sus motivos sustantivos de migración tienen que ver con encontrar o mejorar las formas de ganarse la vida.

Es decir, una dimensión importante de las personas migrantes es que tienen una identidad asociada al trabajo. Y si los análisis y las políticas relacionadas con la migración no asumen esta dimensión de identidad laboral, están omitiendo una variable significativa a considerar, pues el acceso a los derechos humanos pasa, en buena medida, por el cumplimiento de obligaciones y responsabilidad de los trabajadores, de empresas y de gobiernos.

Segunda premisa: la globalización y el sistema económico actual han empujado mucho la idea de la liberalización económica como el libre flujo de mercancías y productos, más allá de fronteras nacionales, pero no han asimilado de la misma forma ni han impulsado la idea de la libertad de movimiento de las y los trabajadores para desplazarse con igual intensidad y vigencia de derechos en diversos países. Es decir, la globalización se ha venido produciendo en objetos, no en los sujetos que los producen.

Por ello hacen falta ideas y proyectos no previstos hasta ahora que reconozcan estas dos condiciones (identidad laboral migratoria y personas migrantes como sujetos de derechos) para pensar en soluciones a algunos de los principales problemas migratorios, abusos que inician desde el reclutamiento, la contratación y ya en el centro laboral en Estados Unidos o en Canadá. 

De ahí nace el proyecto de Corredor de Justicia Laboral Trasnacional que desde ProDESC se impulsa para nuestro México y la región. Esta propuesta se ha diseñado e implementado con objetivos precisos y medibles:

1. Generar una identidad migratoria basada en los derechos humanos laborales; es decir, posibilitar un autorreconocimiento de las personas migrantes como trabajadoras/es con derechos humanos, que deben ser respetados tanto en sus desplazamientos como en sus procesos de organización, contratación y empleo. Desde esta perspectiva se busca generar condiciones para ir consolidando una Ciudadanía Laboral Trasnacional, como lo ha planteado la reconocida académica Jennifer Gordon, quien ha trabajado esta idea desde hace tiempo;

2. Conjugar la política laboral con la política exterior y no asumir, como se ha venido haciendo hasta ahora, que se trata de dos sectores desconectados. Si algo ha evidenciado la migración es que la disociación de ambas políticas no hace sino dejar a las personas migrantes altamente vulnerables a excesos y atropellos patronales y gubernamentales.

3. Cambiar el paradigma de la política laboral y migratoria actual, basadas en las agendas de los empleadores y de las empresas, a otro donde se responsabilice claramente a las empresas que usan la fuerza laboral migrante y hacerlo a lo largo de toda la cadena de suministro laboral; es decir, incorporar sustantivamente la idea de rendición de cuentas empresarial.

El Corredor de Justicia Trasnacional propone apuntalar esfuerzos desde varias pistas a la vez:

Primero: Creando las condiciones materiales para la organización de las personas migrantes a través de la creación de Centros de Trabajadores y Trabajadoras en puntos estratégicos del país. Se encuentran ya habilitados espacios en Topolobampo, Sinaloa, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y están por abrirse otros dos centros de apoyo a trabajadoras y trabajadores en la Ciudad de México y Chiapas.

Segundo: Convirtiendo estos espacios físicos en centros de información, asesoría y organización colectiva sobre derechos humanos laborales de quien migra.

Tercero: Impulsando la defensa de sus derechos humanos laborales frente a los Estados, las empresas y las cadenas de suministro laboral.

Finalmente, y más importante, generando una identidad de la persona migrante como agente (individual y colectivo) con vigencia y plenitud de sus derechos humanos.

Como lo hemos constatado en el trabajo de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, desde ProDESC, los derechos de los y las trabajadoras y de las personas migrantes están cada vez enfrentando graves violaciones y no existe aun un sistema que atienda este fenómeno de manera integral. Se atiende desde la política migratoria y muy superficialmente desde la política laboral, a pesar de que las remesas de las mexicanas y mexicanos en el exterior se han convertido en uno de los mayores flujos económicos en el país.

La tendencia mundial también incrementa el diseño de programas de trabajo temporal para atender la migración indocumentada de personas del sur global al norte global. Sin embargo, son programas que no garantizan los derechos humanos laborales de las y los trabajadores temporales migrantes, y sólo aseguran condiciones precarizadas interminables y una ganancia a un muy bajo costo para las empresas y marcas que utilizan esta mano de obra.

Actualmente con la violencia exacerbada a nivel global, la respuesta aún es peor, pues se pretende atender la migración de personas refugiadas con corredores de trabajo precarizado y temporal que no ofrecen caminos a la regularización del estatus migratorio y tampoco caminos a mejorar sus condiciones laborales para una vida menos desigual.

El Corredor de Justicia Laboral es una vía para la construcción de poder colectivo de las personas migrantes que trabajan en el transcurso migratorio y una vez que se sitúan en algún destino, pero principalmente busca generar la consolidación de una noción de ciudadanía laboral trasnacional que desencadene condiciones de exigencia de derechos y de acceso a la justicia en un mercado laboral que sigue mirando a las personas como ­desechables. Esta propuesta construida por las y los trabajadores migrantes sin duda pondrá de manifiesto que la dignidad de las personas la construimos desde lo colectivo y de manera organizada.   

*Directora Ejecutiva de ProDESC