CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de “los riesgos y consecuencias” del involucramiento de la Guardia Nacional (GN) en el control migratorio, de manera particular para las personas en condición de movilidad y “sujetas de protección internacional”.

A tres años de la creación de la GN, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, presentaron este día un recurso denominado amicus curiae (amigos de la corte) para respaldar la Acción de Inconstitucionalidad 62/2019 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante la gestión de Luis Raúl González, en contra de las Leyes Secundarias de la GN.

“El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgados a este cuerpo de seguridad militarizado”, por abrir una puerta a violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El amicus alertó sobre la composición de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) como parte del personal de la GN al destacar que mientras en 2019 de los 91 mil 628 elementos, 58 mil 602 provenían de las fuerzas armadas, en su último informe de 2021 la institución reportó que de los 113 mil 833 integrantes, 90 mil 597 forman parte de las fuerzas armadas, es decir el 80% de la institución es de origen castrense.

El documento alerta que “desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo la contención en las fronteras”, lo que ha derivado que en febrero de este año, de los 99 mil 946 elementos de esa institución desplegados, “15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 elementos en estados de la frontera sur”.

A esa suma, se añade “el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en los puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos”, así como el resguardo de las Estaciones Migratorias del país “en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de libertad por motivos migratorios”.

Las organizaciones apuntaron que en la estrategia militarizada de control migratorio, en la que participan la GN, Sedena y Semar, se han registrado violaciones a derechos humanos como “agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias”.

Agregaron que en 2020, la CNDH radicó 3 mil 977 expedientes de queja en las que se señala personal de esas tres instituciones como “las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes”.

Apuntaron que en 2021, el organismo nacional registró 504 quejas contra la GN, de las cuales 93 fueron por “detenciones arbitrarias, 89 por transgresiones a los derechos de las personas migrantes, 1 por trato cruel, inhumano o degradante, 15 por tortura, ocho por privación de la vida y siete por desapariciones forzadas”.

Las organizaciones destacan que, durante el año pasado, la CNDH registró 436 quejas en contra de la Sedena, “lo que sitúa a la GN como el cuerpo armado con más quejas por violaciones a derechos humanos”.

Esa circunstancia ha sido registrada también por la propia GN, ya que la Unidad de Asuntos Internos -encabezada por el general David Enrique Velarde Singüenza, “quien fue acusado de tortura y otras violaciones durante su paso por la Policía Judicial Militar”-  abrió entre mayo de 2019 y marzo de 2021 4 mil 867 expedientes de investigación, “aunque únicamente consideró 39 procedentes” , de los cuales “en seis dio vista al órgano interno de control, incluso por conductas relacionadas con vínculos con delincuencia organizada y delitos contra la salud”.

En 2021 dicha Unidad “presentó ante las autoridades ministeriales correspondientes 113 denuncias penales por presuntos delitos cometidos por integrantes de la GN, en las que fueron imputados 155 integrantes”, en tanto que la GN reportó que de los 125 eventos en los que utilizó la fuerza letal durante 2021, “sólo en un caso se determinó el exceso de la fuerza”.

Las organizaciones que firman el amicus curiae resaltaron que de 2019 a 2021 han documentado abusos de la GN como “la restricción de desplazamiento al establecer perímetros de contención, seguido por la persuasión y la sujeción (…), acciones de inmovilización, o uso de fuerza física intensa para restringir el movimiento grupal, y de uso de armas letales o ‘menos letales’ se han identificado en menor proporción”, lo que resulta preocupante al ser utilizados en grupos en los que viajan bebés, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Para las organizaciones firmantes, el amicus “debe incentivar a la SCJN a revisar a la brevedad la acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Guardia Nacional”, tomando en cuenta “el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales”, así como por la documentación en los abusos.