CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los operativos que el Instituto Nacional de Migración (Inami) realiza de manera cotidiana para controlar y disolver las caravanas de migrantes, que buscan llegar a la frontera de México con Estados Unidos, han colocado a ese organismo en el cuarto lugar por el número de quejas que se han presentado en su contra por presuntas violaciones a los derechos humanos, indica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, la propia CNDH dirigió el martes 14 una recomendación al titular del Inami, Francisco Garduño, por las agresiones y el uso excesivo de la fuerza que funcionarios de ese organismo han aplicado contra los migrantes para evitar que sigan avanzando hacia el norte del país.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos de la CNDH, hasta el viernes 17 el Inami sumaba mil 44 quejas en su contra por tratos degradantes e inhumanos, detenciones arbitrarias y, al menos, una de ellas por desaparición forzada.

Implementado en 2010 para monitorear la situación de los derechos humanos en México, el Sistema Nacional de Alerta señala que las autoridades que acumulan más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos son el IMSS, con 3 mil 373 demandas; el ISSSTE, con mil 237, y la Secretaría del Bienestar, con mil 82 expedientes de queja.

El cuarto lugar en esta lista corresponde al Inami, con mil 44 quejas, cifra que coloca a ese instituto por encima de otras dependencias señaladas por violaciones a los derechos humanos, como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que tiene mil 11 quejas en su contra; la Sedena, con 359; la Guardia Nacional, con 350, y la Fiscalía General de la República, con 284 denuncias acumuladas.

De alertas a recomendaciones

El Sistema Nacional de Alertas no registra las recomendaciones que la CNDH ha emitido contra el Inami, ni tampoco el número de migrantes que han muerto o han sido asesinados en nuestro país en lo que va del año.

De hecho, 2021 comenzó con el asesinato de 19 migrantes, la mayoría centroamericanos, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, crimen del cual se responsabilizó a la Policía Estatal, por lo que en febrero de este año fueron detenidos y vinculados a proceso 12 agentes de esa corporación.

El cierre de año para los migrantes no ha resultado mejor. Apenas el jueves 9 un tráiler que transportaba más de 150 migrantes hacinados en un doble remolque sufrió una volcadura en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, causando la muerte de 56 personas que buscaban viajar hacia territorio estadunidense para encontrar un empleo.

En este contexto la CNDH emitió la recomendación 102/2021 dirigida a Garduño, “por las agresiones que personal a su cargo realizó el 28 de agosto de 2021 durante los operativos contra integrantes de la caravana migrante que transitaba por la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Huixtla, en las inmediaciones de los municipios de Huehuetán y Tuzantán, en Chiapas”.

De acuerdo con la indagatoria iniciada por la CNDH, luego de que un agente del Inami fuera grabado pateando en el suelo a un migrante, además de pararse en su cabeza, tras la investigación “recabó evidencia suficiente para establecer que existió uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos implementados por el INM, que derivaron en violaciones a los derechos humanos a la integridad, seguridad personal” contra diversos migrantes.

La CNDH agregó que también se pudo comprobar una afectación grave al principio del interés superior de la niñez, derivado de otra videograbación en la cual se observa a elementos de la Guardia Nacional golpear con su escudo a un migrante haitiano que cargaba en su espalda a un menor de edad.

“Se comprobó que, con las acciones que realizaron elementos del Inami para contener el desplazamiento de la caravana, personas servidoras públicas claramente identificadas se excedieron con el uso de la fuerza en reiteradas ocasiones, y que su actuación fue contraria a los principios de legalidad, prevención, proporcionalidad y uso legítimo, establecidos en la Ley Nacional sobre el Empleo de la Fuerza, el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, de las Naciones Unidas, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, sin que ese instituto justificara el actuar de sus agentes migratorios”, advierte la recomendación.

El documento agrega que la actuación de los agentes migratorios “indudablemente causó lesiones (en los quejosos), además de omitir dar auxilio a quienes lo necesitaron”.

Más grave aún, de acuerdo con la recomendación, fue la negativa de los altos mandos del Inami para cooperar en el esclarecimiento de estos hechos, encubrimiento que la CNDH reprocha a Francisco Garduño.

“La CNDH señala que, durante la integración del expediente, no pasó desapercibida la falta de colaboración por parte del Instituto Nacional de Migración, que omitió atender las solicitudes de información que le fueron dirigidas de manera formal y por los mecanismos institucionales, lo que denota un claro desinterés hacia la labor de investigación que realiza este organismo y deriva en la inobservancia de las obligaciones constitucionales establecidas para todas las autoridades”, sentencia la comisión.

La recomendación que todavía no ha sido aceptada por Migración solicita al comisionado del Inami que establezca un mecanismo de coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para tratar de localizar a integrantes de la caravana migrante que fueron víctimas de agresión en agosto de este año, con el fin de que se les brinde “una reparación integral por los daños causados a quienes por derecho corresponda”.

Además, se solicita al titular del Inami incluir “una compensación justa y suficiente a partir de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Víctimas; así como para que se les otorgue “atención médica y psicológica por parte de personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas, y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación”. 

Para evitar que un caso sea archivado, la CNDH también pidió al titular del Inami, Francisco Garduño, “colaborar ampliamente” con la autoridad investigadora.

El último punto de la recomendación es la exigencia al Inami para que “diseñe y aplique un protocolo de actuación” cuando sus agentes participan en acciones para la contención de los migrantes, observando “los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza de conformidad con la Ley General en la materia”.  l

Texto publicado en el número 2355 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 19 de diciembre de 2021.