CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Cumbre de las Américas es el evento más relevante de política internacional que se realiza en el Continente Americano. En cada oportunidad convoca al más alto nivel de representación de las naciones y tiene por agenda importantes temas compartidos, como son preservar las democracias, promover el desarrollo económico o tratar rubros sobre seguridad, entre otros. Dentro de pocos días se realizará la novena cumbre, del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, siendo anfitrión el gobierno de Estados Unidos.

Como todo evento de esta naturaleza, no puede desligarse del contexto político que lo rodea, tanto el interno a cada país como el correspondiente a la coyuntura internacional. Particularmente así sucede en esta ocasión. Para el gobierno de Joe Biden es crítico el contexto político interno y, sobre todo, que la cumbre se realice en condiciones que le permitan demostrar capacidad de convocatoria e incidencia sobre asuntos relevantes, como el desarrollo económico y la migración internacional irregular. No es opción para Biden una cumbre deslucida y sin acuerdos sustantivos.

La actual coyuntura electoral en Estados Unidos, caracterizada por la durísima disputa entre los partidos Republicano y Demócrata, sin duda tiene una directa imbricación con la cumbre. Si la reunión fracasa y no cumple sus objetivos, será utilizada por los republicanos como prueba de un gobierno de Biden incapaz, débil, sin horizonte de política internacional, carente de liderazgo, ni siquiera para convencer a los países del Continente Americano. Si al negativo balance se agrega el “descontrol” de la frontera sur de Estados Unidos, causado por la enorme cantidad de migrantes y refugiados en continuo arribo, los republicanos y la persistente influencia de Donald Trump tendrán las piezas de una crítica potencialmente decisiva para ganar las elecciones de noviembre próximo.

De este modo, la próxima Cumbre de las Américas no es un evento cualquiera, ni por sí mismo ni por sus impactos internos en Estados Unidos.

Vista del lado positivo, si el gobierno de Biden logra acuerdos concretos y valiosos, especialmente en materia de migración, refugio y desarrollo, comprometiendo a los países de América relacionados con la problemática, la cumbre puede ser un elemento favorable para los demócratas en la disputa electoral. Sobre todo aportaría un giro profundo para las políticas regionales dedicadas a estos asuntos, que son de importancia extrema para la vida de millones de personas.

La cumbre es así una gran oportunidad para empezar a anular el paradigma de contención, xenófobo y excluyente que predomina en las actuales políticas migratorias de la región. Es una oportunidad para concretar nuevas formas de comprender y actuar en los procesos de migración, refugio y desarrollo, mediante acciones convenidas y corresponsables entre países. Esta es la cuestión decisiva y se supondría que el gobierno de México estaría más que interesado en integrarse a la ruta, pero al parecer no es así.

Durante los últimos días el gobierno mexicano ha montado un discurso y estrategia para deslucir la Cumbre de las Américas. Con el argumento de que deben asistir todos los países de América y asumiendo que no serán invitados los autoritarios gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el presidente de nuestro país ha condicionado su asistencia y, más aún, ha motivado que otros países latinoamericanos asuman la misma actitud.

Dejando a un lado intenciones y argumentos, lo impulsado por México puede tener importantes consecuencias políticas en Estados Unidos: desluce la próxima Cumbre, erosiona el liderazgo de Biden y ayuda a consolidar la posición republicana contra los demócratas. Además, rubro fundamental, deja en vilo una oportunidad excelente para impulsar políticas alternativas en materia migratoria y sus determinantes estructurales. Si la posición del gobierno mexicano persiste en los términos actuales, de facto nuestro país terminará nuevamente alineado con las coordenadas de Trump y su visión autoritaria del mundo.

Al mismo tiempo, con su actitud el gobierno de México se posiciona en abierta defensa de los autoritarismos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han destruido los pisos básicos de la vida democrática y económica de sus países, forzando la salida de millones de sus nacionales que huyen de la persecución política o de severas condiciones de vida provocadas por gobiernos irresponsables. La defensa acrítica de estos gobiernos no es la mejor cara de la política internacional mexicana y seguramente no estará en la lista de honor de experiencias ejemplares.

La próxima Cumbre de las Américas se encuentra así irremediablemente al filo de grandes disputas políticas, nada simples, nada parecidas a las anteriores. De manera principal, se articula con la tremenda oleada autoritaria que simboliza la ultraderecha del Partido Republicano y la posibilidad de un retorno de Trump y sus aliados, que tendría repercusiones globales incalculables y evidentemente sobre México. Sólo hay que revisar la posición de este personaje ante la invasión rusa de Ucrania o su intención de bombardear el territorio mexicano para combatir al narcotráfico, entre otras iniciativas “respetuosas” que ha considerado para nuestro país.

¿Cuál es entonces el objetivo del gobierno de México al poner piedras a la Cumbre de las Américas? Al final, la estrategia sólo tiene sentido si el propósito es decantarse por la oleada autoritaria de la coyuntura, al incrementar distancias con el gobierno de Biden y estrechar empatías con los republicanos y Trump. Además, fortalecer amistades con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, poco estimulantes ahora. Paralelamente se intenta fabricar un liderazgo latinoamericanista que hasta el momento no ha suscitado mayor entusiasmo y, no menos importante, por el camino pueden activarse genes nacionalistas de la población para que fluyan en apoyo de las iniciativas del presidente.

Finalmente, al panorama anterior debe agregarse la política interna de México. Para nosotros, el efecto inmediato de debatir sobra la Cumbre y sus dilemas es seguir escondiendo debajo de la mesa, una vez más, nuestros muy graves problemas nacionales. Mejor hablemos de otros asuntos –parecen indicarnos– y, de paso, normalicemos la idea de que el autoritarismo no es tan malo o que la militarización es una constructiva alternativa de gobierno. No es un misterio que el proyecto político del presidente López Obrador apunta hacia un modelo autoritario, al intentar dominar a las instituciones electorales, a los otros poderes republicanos y al extender las funciones gubernamentales de las Fuerzas Armadas. Si materializa su objetivo, efectivamente sus mejores aliados serían los autoritarismos latinoamericanos que hoy defiende y, hacia el norte, un gobierno como el de Donald Trump.