CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En esta colaboración aludo a un incidente desafortunado. Llega a los límites de una agresión injustificada pero políticamente explicable.

En el incidente están inmersos directamente exdiscípulos míos, viejos amigos y colegas: el expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa; el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; y Fernando Gómez Mont y Urueta, exsecretario de Gobernación. Indirectamente también lo está mi querida amiga, colega y exalumna doña Margarita Zavala. Todos ellos personas muy respetadas en el foro, con ascendiente en la sociedad y estimables para mí.

El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo mismo, cabeza del Poder Judicial Federal, el doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, escribió sus memorias. Las tituló 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial. Aunque las he ojeado con H y sin H, de inicio confieso que todavía no las he leído. Por ello escribo estas líneas, principalmente, con base en lo que se comentó en la prensa.

De inicio reconozco que es raro que un servidor público en funciones, con el trabajo y las muchas responsabilidades que tiene, le alcance el tiempo para meditar y escribir respecto de materias ajenas a su ocupación de juzgador, pero entendibles en alguien que ha ocupado y ocupa posiciones relevantes en el nivel nacional. Tiene mucho que decir. Y, lo más raro, es que también se da tiempo para escribir columnas en un diario de circulación nacional. No entiendo cómo le hace. Mis respetos.

También es raro que un exministro escriba sus memorias. Hace algunos años, un poco más de dos, el ministro en retiro y también expresidente de la Suprema Corte, don David Genaro Góngora Pimentel, escribió y publicó sus recuerdos. Los tituló Memorias de los supremos de la Corte (Editorial Porrúa, México, 2019). Es entendible que las pudiera escribir. Finalmente, cuando las elaboró, ya no desempeñaba la alta función de juzgar y de hacerlo en el más alto nivel. Lo hizo con la tranquilidad y seguridad que da una jubilación.

Por razón de las Memorias y de su presentación (Sergio Sarmiento, Jaque Mate, en Reforma, 28 de febrero de 2022), el señor ministro Zaldívar declaró en público que con relación a un juicio que se ventilaba ante la Corte en 2010, en el que él era ponente, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por conducto del abogado Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación, lo presionó para que presentara un proyecto de sentencia que favoreciera a una parienta lejana de su esposa, doña Margarita Zavala.

En las declaraciones hay algo que suena raro: si efectivamente durante la Presidencia del abogado Felipe Calderón, el ministro Zaldívar, por conducto del también abogado Gómez Mont, recibió indicaciones de cambiar su proyecto de sentencia en el caso de la Guardería ABC, de ser cierto, insisto, lo que el ministro afirma, aparte de haber sido una intromisión indebida, todo indica que estuvo de por medio un ilícito; éste debió haber sido denunciado ante las autoridades competentes: el procurador general de la República. Al parecer el doctor Zaldívar no lo hizo en el momento oportuno y tampoco lo hizo con posterioridad.

La injerencia, de haber existido, es grave. El que el señor ministro haya marcado su distancia y se hubiera negado a recibir la consigna, es laudable; pero, de haber existido ésta, la omisión del  ministro al no denunciar raya en complicidad censurable.

El que afirma está obligado a probar, dice un principio general de derecho. Me imagino que el ministro Zaldívar, al hacer una afirmación tan grave, cuenta con los elementos para acreditar su dicho. Un servidor público de su nivel, con su experiencia y con sus conocimientos, no puede actuar irresponsablemente e inmiscuir en la comisión de ilícitos a exservidores públicos que ocuparon posiciones relevantes y mucho más lo será si no cuenta con los elementos de prueba suficientes y convincentes. Ojalá y que no sea así y que, a pesar de que, al parecer, el ilícito ya prescribió, las exhiba en su descargo y satisfacción de la sociedad en general.

Por su parte, los que saben derecho coincidirán en que don Fernando Gómez Mont la tiene más fácil; él, con negar que haya formulado las presiones, ya hizo lo suficiente. El que niega no está obligado a probar.

Si Zaldívar afirma que recibió presiones y no aporta pruebas que lo acrediten fehacientemente, es algo grave. Lo que menos habría que suponer es que, de tanto atravesar la calle de Corregidora, se haya contagiado de la enfermedad que acosa a su vecino: acusar a medio mundo, todos los días y sin contar con pruebas. El ministro, como jurista y presidente de la Corte, no lo puede hacer.

El hecho de que haya sido el licenciado Calderón Hinojosa, como presidente de la República, en ejercicio de la facultad que tenía, quien haya propuesto al Senado la terna en la que apareció el nombre de Arturo Zaldívar, no le daba derecho a esperar que, como ministro de la Corte, le guardara agradecimiento y fidelidad y, al resolver los casos sujetos a su juicio, siguiera sus instrucciones o insinuaciones. Denotaría bajeza esperar esa conducta. Es indigno en un ministro, magistrado o juez obedecer o seguir consignas al resolver un juicio sujeto a su jurisdicción. Eso lo entienden todos. El punto medular en el caso es simple: ¿tiene o no pruebas el ministro que acrediten su dicho? Si las tenía, ¿por qué no hizo notorio el ilícito y las exhibió en el momento oportuno?

Desde hace algunos meses he pensado y lo he dicho, que el ministro Zaldívar tiene su “corazoncito” y edad para aspirar a más, para cuando tenga que abandonar la presidencia de la Corte y deje de ser ministro de ella. Sabe derecho, está considerado como una de las máximas autoridades en materia de amparo; también es profundo conocedor del derecho constitucional. Tiene todo para seguir sirviendo a México en cualquier elevada posición para la que sea llamado. No se debe desperdiciar su experiencia ni desaprovechar sus conocimientos.

Está en su derecho de aspirar a lo que quiera, siempre y cuando respete la integridad de las personas, no pisotee el crédito que tienen dentro de la sociedad y respete los plazos constitucionales y legales que le impiden desempeñar su profesión de abogado o de ocupar un cargo dentro de la administración pública federal. l