CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El miércoles 29 de diciembre de 2021, un día después del dedicado a los Santos Inocentes, apareció la siguiente noticia en El Financiero:

“Revocación del mandato: Este es el ‘plan B’ de AMLO si INE frena consulta … El mandatario sugirió algunas alternativas en caso de que el órgano electoral lo frene … La alternativa es contratar a 10 empresas encuestadoras ‘de prestigio’ en México y preguntar a la gente: ‘¿quieres que siga el presidente AMLO o que renuncie? …”

Fue otra de las puntadas de AMLO; no sé si es mejor o peor que las otras. Fue menos buena que la del “decretazo” del 22 de noviembre pasado; con éste no se midió; se pasó por el “arco de triunfo”: al Congreso de la Unión, el principio de obligatoriedad de las leyes, la protesta que rindió de respetar la Constitución y la de hacer cumplir las leyes federales. Ni los presidentes oaxaqueños: Benito Juárez y Porfirio Díaz, se habían atrevido a tanto. 

La 4T se va a recordar por violar la ley; por hacerlo a la más mínima provocación. En la administración pública federal no hay alguien que se atreva a decirle a su jefe que esto o aquello es contrario a la Constitución o a las leyes. De igual manera, no hay quien ose decirle que tal o cual acción es económicamente inviable. En la antigüedad, a quienes ejercían el poder de esa manera se les llamaba tiranos. Los tiempos han cambiado. Ignoro cómo se les llama actualmente.

Respecto a la organización de la revocación del mandato, la Constitución, en su artículo 35, fracción VIII, apartado 4º, determina: 

“El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1º. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
“El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas…” 

En el precepto aparece el adjetivo: única; éste, en español, implica que la atribución se confiere en forma privativa al Instituto Nacional Electoral, con exclusión de cualquier otra autoridad o particular. Ni AMLO y tampoco las encuestadoras de prestigio pueden hacerlo. Si éstas, en un caso hipotético, lo hicieran, sus directivos se expondrían a ser acusados penalmente. Insisto, si lo hiciera un particular, incurría en un delito. Si la consulta la llevara a cabo un servidor público, incurría en el delito de usurpación de funciones. 

Si AMLO, los servidores públicos que de él dependen y las encuestadoras hubieran organizado la consulta y la Fiscalía General de la República no actúa a instancias de quienes los denuncien o por sí, sería una prueba más de que en México no existe un estado de derecho. Puestos en ese plan, a todos nos sería dado hacer lo que nos venga en gana: legal o ilegal.

En el plan en que estuvieron AMLO y Morena, de pretender asumir las funciones que corresponden al INE, sería bueno que los particulares, ante la falta de actuación de las autoridades responsables, hagan lo siguiente:

Como el Congreso de la Unión ha sido omiso en acatar la sentencia de la Suprema Corte en el sentido de regular la siembra, cultivo y comercialización de la mariguana, la ciudadanía podría reunirse en la Plaza de la Constitución a discutir y aprobar una ley reglamentaria sobre la materia. 

Como los jueces no dictan sus sentencias dentro de los plazos que establece la fracción VI del artículo 20 constitucional, y ello es violatorio de los derechos humanos, los particulares, a mano alzada, en una asamblea pública, bajo el expediente de usos y costumbres, podrían asumir la responsabilidad de hacerlo y, con ello, alivianar el trabajo de los jueces negligentes. 

Con la práctica apuntada por AMLO, ante la criminalidad desmedida, que ha rebasado a todas las autoridades, no existiría inconveniente para que la ciudadanía, en ejercicio del derecho de autodefensa y del de poseer armas (art. 10), asuma las funciones que tienen confiadas las policías y que ahora, en violación del artículo 129 constitucional, realizan el Ejército y la Marina. 

Nadie podrá oponerse a la realización de las acciones anteriores. El pueblo es sabio; no se equivoca y si se equivoca, a como andan los negocios públicos, ¿a quién le importa?

Los analistas serios coinciden en que es previsible que, de realizarse la consulta, no concurra el mínimo señalado por la Constitución para que tenga validez su resultado. AMLO, desde ahora, la considera como un voto de confianza de la ciudadanía; está “agarrando” vuelo para seguir violando las leyes; la ha tomado como una carta blanca para seguir derrochando los fondos públicos y para prolongarse en el poder directamente o vía su “Delfina”.

Como van las cosas, se corre el peligro –muy real, por cierto– de que AMLO, en una asamblea, a la que únicamente asistan sus partidarios y paniaguados, pregunte a los presentes si debe continuar en el cargo y, con vistas a la anuencia que a mano alzada obtenga, pretenda prolongarse en el ejercicio del cargo. Así lo han hecho otros demagogos que se han eternizado en el poder. 

No sería remoto que Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, haciendo de tripas corazón, sepultando sus ambiciones personales, sean unos de los que levanten la mano y aprueben la eternización de su jefe en el poder. Pudieran pasar a la historia como los eternos aspirantes a la Presidencia de la República. 

Nos urge que termine este sexenio de cinco años y 10 meses. Por la desesperación se nos va a hacer muy remoto el 30 de septiembre de 2024. Mientras tanto muchas cosas malas pueden pasar. 

Con la actuación oportuna del INE, la opción B presidencial quedó sin materia y el intento de violar las leyes, sin consumarse. Que conste: no fue por falta de ganas. 

Pasada la consulta, esperemos a ver qué inventa AMLO para distraer la atención de la opinión pública. Necesita que ella aparte su mirada de la tragedia sanitaria, de la falta de medicamentos, del alza inmoderada de los precios de los artículos de primera necesidad, de la corrupción generalizada y la específica que se está dando bajo el expediente de adjudicaciones directas de la obra pública y, sobre todo, para que no vea el amasiato que existe entre algunas autoridades locales y la delincuencia organizada. 

¿A quién le preocupará incurrir en actos de corrupción, si sabe que la autora del “diezmo” texcoqueño, seguramente destinado a obras “pías”, fue premiada con una Secretaría de Estado?  

Análisis publicado el 23 de enero en la edición 2360 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.