CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Cerramos 2022 con grandes y profundas preocupaciones para el próximo año y, sin duda, el desempleo, la falta de seguridad social para la mayoría de la población y el aumento de la precariedad en todos los espacios de la vida nos proyectan un 2023 con más preocupaciones que certezas de bienestar.

El Coneval publicó recientemente el Diagnóstico sobre el derecho al trabajo 2022 y las cifras arrojan inquietantes signos de muy bajo cumplimiento de los marcos normativos laborales en el país, un avance nulo de las obligaciones estatales frente al derecho al trabajo y, en muchos sentidos, un franco retroceso.

Esto significa que la reforma laboral, uno de los principales estandartes de la actual administración, se hace insuficiente y se ha quedado más en las formas que realmente en los fondos complejos de la desigualdad y abusos del mundo laboral en nuestro país.

El diagnóstico señala retrocesos en la disminución de la informalidad e inestabilidad en el empleo, crecientes brechas en las condiciones laborales entre las personas trabajadoras, perjudicando principalmente –como es frecuente– a las personas jóvenes, las mujeres, las personas que pertenecen a pueblos indígenas y las trabajadoras migrantes.

Algunas cifras dan muestra de estas problemáticas. Sobre el acceso a la seguridad social, el diagnóstico muestra que seis de cada 10 personas “ocupadas” no tienen dicho acceso y que incluso entre los trabajadores asalariados formales, tres de cada 10 aún carecen de ella. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) también señalan que la tasa de informalidad laboral persiste en 56.7%, porcentaje que no ha disminuido en más de cinco años.

En cuanto al desempleo, la comparación con años anteriores muestra incluso que la tasa se incrementó entre 2020 (cuando era de 3.4%) y el primer trimestre de 2021 (que alcanzó 4.4%). El documento esclarece además el hartazgo de muchas y muchos en el país, ya que muestra, además, que la tasa entre la población ­inactiva disponible para trabajar que desistió o no buscó empleo por considerar que no tenía posibilidades creció de 14.9% a 20.1% entre 2020 y 2021.

Sobre las brechas en las condiciones laborales, tomando en cuenta diferentes sectores de la población, hay algunos datos interesantes. Las personas jóvenes, por ejemplo, se encuentran sobrerrepresentadas en el desempleo, prácticamente duplicando las tasas de otros grupos etarios. El porcentaje de desempleo en los grupos más jóvenes oscila entre 5.9% y 3.1%, mientras que en el grupo de mayor edad registra entre 1.9% y 0.9%.

Sobre la brecha entre salarios de hombres y mujeres en 2020, se observa que los hombres ocupan los puestos con los mejores salarios en comparación con las mujeres, que están sobrerrepresentadas en los empleos de menor ingreso. Sólo 17% de los hombres recibe menos de un salario mínimo, mientras que las mujeres ocupan hasta 30%. En el grupo de salarios más altos, 62.5% de los asalariados percibe entre uno y hasta tres salarios mínimos, mientras que la proporción de asalariadas con este nivel de ingreso es de 55.4%.

En contraposición, se destaca que las trabajadoras del hogar cada vez se encuentran más representadas en el grupo de hasta un salario mínimo (49.9%), así como en el de uno y hasta tres salarios mínimos (43.4%), y tienen una casi nula presencia en el grupo de más de tres salarios mínimos.

Los datos del diagnóstico hablan claro. Las reformas laborales recientes no han sido suficientes para mejorar la precaria situación de millones de trabajadoras. Se hace indispensable un sistema de justicia laboral expedito y mecanismos de inspección laboral eficientes y con suficiencia de recursos para garantizar un modelo laboral sostenible y con condiciones mínimas. Esto último no está ocurriendo.

Aunque se han intentado mejorar las funciones de la inspección laboral a través de cambios mínimos, no se han logrado atender las debilidades en las capacidades estatales de fiscalización, especialmente en cuanto al número de inspectores laborales y los materiales disponibles.

Según señala el diagnóstico del Coneval, sólo 3% de las empresas se fiscaliza debido a la insuficiencia de inspectores. El estándar internacional sobre el número de inspectores por número de trabajadores estima que, como mínimo, el país debería contar con un inspector por cada 40 mil trabajadores (OIT, 2006).

Actualmente la STPS, según la información publicada en su sitio web, cuenta con 39 inspectores a nivel federal, mientras que en México existen alrededor de 20 millones de empleos formales registrados en el IMSS; es decir, harían falta por lo menos 500 inspectores para cumplir los estándares mínimos.

La apuesta actual de la reforma laboral basada únicamente en la democratización sindical y la legitimación de contratos colectivos queda muy corta como política de mejora en las condiciones laborales. Los últimos datos publicados por la propia STPS indican que sólo 9 mil 237 contratos colectivos de trabajo han sido legitimados, de un universo de contratos en el país calculado en 530 mil. El 100% de los contratos debe legitimarse, según lo prometido por la reforma, para el 1 de mayo de 2023, y no se ha llegado ni a 2%.

Incluso si la inspección laboral se consolida y el nuevo sistema de justicia laboral logra despegar sin tropiezos, aún quedan más de 20 millones de trabajadores en la informalidad que quedarían al margen de todos los beneficios de esta transición de paradigma.

La reforma laboral es a todas luces insuficiente y, en una de las áreas centrales donde se ha puesto más énfasis (libertad sindical), existe un abismo tan grande que, a la luz de las cifras actuales, no parece que vaya a cumplirse.

La responsabilidad de gobiernos y empresas para generar mínimas condiciones de bienestar para las y los trabajadores sigue siendo una obligación legal y un imperativo político. Los retos del mundo laboral para 2023 son aún grandes y en diferentes temas, mucho más allá de los alcances de la exigua reforma. Pero sobre esos desafíos hablaremos en la próxima entrega.

*Directora ejecutiva de Prodesc