CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Aunque el acceso a vivienda adecuada y asequible es un derecho humano reconocido en normas nacionales e internacionales, existen factores que impiden a las personas, principalmente mujeres, ejercer este derecho en la Ciudad de México.

Diversas organizaciones y medios de comunicación han documentado cómo, desde 2020, el país ha sido escenario de desplazamiento de viviendas, por lo general de las familias que están en situación de mayor precariedad, por un alza desmedida en sus precios y una disminución significativa del poder adquisitivo.

En esta crisis de vivienda el rol del Estado no se ha limitado a la habitual ausencia, sino que participa en el recrudecimiento de la situación, propiciando que grandes capitales inmobiliarios o del sector turístico provoquen el desplazamiento de ciudadanos.

Ejemplo de lo anterior es el convenio que el gobierno de la Ciudad de México anunció con Airbnb, una empresa de alquiler temporal para viajeros, con el objetivo de “potenciar” el turismo en la ciudad, en especial el de los llamados “nómadas digitales”, que son personas con alto poder adquisitivo que se mudan por temporadas a países de ingresos bajos, donde su dinero vale aún más.

Este convenio implica, de acuerdo con información de la empresa, que “a través de esta alianza, la primera en su tipo a nivel global, se han impartido talleres para ayudar a desarrollar nuevas propuestas de turismo creativo y cultural, en los que diversas instituciones del gobierno de la ciudad y alcaldías han contribuido a identificar potenciales programas e iniciativas de emprendimiento social, para posteriormente capacitar a mipymes y conectarlas con anfitriones y viajeros, y con ello estimular la derrama económica en beneficio de sus comunidades”.

Ante este panorama, grupos de ciudadanas y medios de comunicación reaccionaron señalando que si acceder a vivienda digna en ciertas partes de la ciudad es casi imposible debido a los altos precios, con la puesta en marcha de esta estrategia del gobierno local muchas personas perderían su hogar y se verían obligadas a desplazarse a zonas periféricas o, incluso, a otras ciudades.

Y es que nuestro país enfrenta, desde hace varias décadas, un problema serio en relación con la asequibilidad de la vivienda, ya que los costos comprometen la satisfacción de otros derechos y necesidades básicas, como salud, educación o alimentación adecuada. Esta crisis, como los datos demuestran, se sustenta en desigualdades de clase, ingresos, género y edad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2018, los hogares más pobres del país destinan alrededor de 61% de su ingreso a la vivienda y sus servicios. Mientras que las clases medias y altas destinan menos de 30%. Existen en el país, además, 5.2 millones de hogares que pagan alquiler mes con mes, por no contar con vivienda propia.

En la Ciudad de México, por ejemplo, 49% de los hogares con menores ingresos se encuentra en dicha situación. Mientras que en los hogares con altos ingresos, solo 20% alquila la vivienda.

De igual manera, cuando se observa el porcentaje que representa el pago de alquiler sobre el total de ingresos, encontramos que los hogares capitalinos con menos ingresos destinan 44% de sus recursos, mientras que los hogares con ingresos altos únicamente destinan 13% en alquiler.

La situación se agrava cuando se considera a los hogares según la “jefatura” de mujeres u hombres. Así, a nivel nacional, mientras 34% de los hogares encabezados por hombres jóvenes pagan alquiler, esto sucede hasta con 45% de aquellos con jefatura de mujeres en el hogar.

De igual manera, el porcentaje de hogares que pagan alquiler en la Ciudad de México es de 60% para aquellos encabezados por hombres, pero aumenta hasta 80% para los encabezados por mujeres.

Otro dato interesante es el de los sectores que más se benefician del cobro de alquileres. Según los datos de la misma encuesta, menos de 1% de los hogares más pobres del país recibe rentas de propiedad por pago de alquiler. Este indicador sube hasta 30% en los hogares con mayor ingreso.

El 99% de los ingresos por alquiler se acumulan en el 10% más rico del país y, de hecho, 62% de éstos van sólo para el 1% más rico del país. Esto quiere decir que el dinero que se recauda por pago de alquiler pasa de los hogares más pobres y se dirige a los hogares más ricos, propietarios de los inmuebles de vivienda.

Desde el anuncio de Sheinbaum sobre el convenio con la empresa, varios testimonios se han compartido por redes sociales y medios de comunicación, constatando que grupos inmobiliarios con capitales fuertes utilizan plataformas como Airbnb para arrendar viviendas a corta duración en la Ciudad de México a precios altos, impagables para los residentes tradicionales, pero atractivas para un grupo específico de viajeros.

Esto contrasta con la información sostenida por la jefa de Gobierno cuando señaló que este convenio beneficiaría a pequeños emprendedores que podrían poner en alquiler alguna habitación de su hogar para recibir a nómadas digitales, beneficiando a la economía familiar y potenciando el perfil de la ciudad como un destino idóneo para este nuevo tipo de visitantes.

El sitio Inside Airbnb contiene información sobre los perfiles de los “anfitriones” de la plataforma y demuestra que la mayoría (63%) de ellos tiene varios anuncios, no sólo de habitaciones separadas en el mismo apartamento, sino de varios apartamentos o casas disponibles en su totalidad.

En suma: convenios como el que el gobierno de la Ciudad hace con Airbnb no sólo profundizan la desigualdad de viviendas dignas, sino que reflejan niveles de colusión entre el poder público y privado. La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas empresariales y la corrupción en todos los niveles del gobierno mexicano incrementan el riesgo de la mercantilización de los derechos que, paradójicamente, nos acerca más a una ciudad de privilegios que a una de derechos para todas y todos.  l

*Directora ejecutiva de Prodesc

Este análisis forma parte del número 2403 de la edición impresa de Proceso, publicado el 20 de noviembre de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.