CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Imagínate que un mal día, de esos en que uno se levanta y presiente que algo no anda bien, ya sea porque te levantaste con el pie izquierdo, o porque el día está nublado, resulta que tienes que salir de tu país, y no por voluntad propia, sino porque las cosas se pusieron de repente contra ti. Ya sea por razones de violencia familiar al interior de tu casa o por la violencia causada por la delincuencia organizada o el narcotráfico, por un conflicto armado que sigue cobrando vidas, por la situación de pobreza extrema que no te deja encontrar ttabajo o por el cambio climático que ha destruído tus tierras de campo. En esta salida intempestiva, sobra decir, ni siquera tuviste tiempo para tomar tus documentos de identidad, mucho menos para solicitar una constancia del último ilícito del que fuiste víctima. Tu opción era quedarte y sufrir las consecuencias arriesgando tu vida y la de tu familia, o sencillamenrte huir del país, así nada más.

Abandonar el país y entrar en la migración trae consigo, de entrada, una sensación de angustia, de impotencia, de frustación, lo que después cambia a una sensación de aislamiento que terminará convirtiéndose, muy rápido, en una etapa de depresión casi constante, pues perdiste todo lo que materialmente tenías, pero, además, dejaste atrás la tranquilidad y la comodidad de estar en tu país y en tu casa.

Esta situación no es tan imaginaria, se presenta todos los días en diversas regiones del mundo, y arrastra consigo la pregunta de si al salir huyendo de tu país, además de dejar la familia y todo lo que es tuyo, se deja atrás igualmente al Estado del que uno es nacional. Es una pregunta que tiene importantes consecuencias.

Hace unos días me correspondió rendir el Informe del Comité de Trabajadores Migrantes y sus Familias ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante su Tercera Comisión, una de las seis principales a la cual le fueron asignados los temas de asuntos sociales, humanitarios y culturales, incluyendo los de derechos humanos. En el Informe se evidenció el monitoreo realizado de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus Familias mediante los diálogos constructivos con algunos Estados parte. Además, surgieron algunas preocupaciones de algunos Estados que vale la pena traelas aquí, como la manifestada por Indonesia, que señaló la preocupación de que las mujeres trabajadoras migrantes sufran de abusos y de violencia, a lo que se sumó Bangladesh indicando que también están expuestas a condiciones laborales precarias, despidos, explotación y separación de familias. Argelia, por su parte, mencionó las preocupaciones relativas a las manifestaciones de xenofobia que se han presentado contra las personas migrantes, lo mismo que Nigeria, y subrayó que los trabajadores migrantes agrícolas deben ser considerados agentes del desarrollo. Estados Unidos mostró la preocupación de acudir a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con el objeto de alcanzar una mejor protección. México hizo referencia a temas relevantes como los planes de recuperación, las transacciones de remesas, el retorno y la reunificación familiar, e hizo patente su apoyo para la elaboración de la Observación General número 6 sobre la convergencia entre la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus Familias con el Pacto Mundial para una Migración segura, Ordenada y Regular.  Por su parte, Malasia, país que no es parte de la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias, señaló que han llevado a cabo iniciativas para proteger a los trabajadores migrantes mediante un plan de acción nacional y metas estratégicas.

En todo este proceso uno de los temas recurrentes que especialmente atrae la atención es el dato del creciente número de personas que han tenido que salir de sus países. En la actualidad hay cerca de 280 millones de migrantes internacionales, de los cuales una quinta parte de ellos son niñas, niños y adolescentes. Por esa razón se habla de éxodos o diásporas, pues se trata de comunidades enteras que se distribuyen en otros países. Esta sittuación es la que provoca nuestra pregunta de si el Estado puede hacer algo en apoyo de sus nacionales que están fuera de su territorio o qué tanto puede hacer, o si sus nacionales mejor se deben olvidar de él. De entrada, la respuesta es que sí se puede hacer y mucho.

Hemos visto intensos flujos migratorios de personas que vienen de diversos países, como los paíes de Centroamérica, Cuba o Haití, o de regiones como la de África. Recientemente hemos tenido noticia de los millones de personas que han salido de Ucrania, o bien estamos viendo el incremento del flujo migratorio de personas venezolanas, que han salido de su pais para alojarse en países vecinos como Colombia, Chile, Bolivia, Panamá, y ahora también en México, por su deseo, al igual que muchos, de llegar a Estados Unidos.

Cualquiera que sea la procedencica de las personas migrantes, las experiencias son similares. Si son detenidos en los países de tránsito y no tienen documentos para demostrar su legal estancia, entonces se les seguirá un proceso de deportación o expulsión, en el cual debe intervenir el país de origen de la persona migrante, pues antes de enviarlo de regreso debe acreditarse su nacionalidad, y eso solo puede hacerse a través de los consulados. El problema que se presenta es si el consuldado tiene la infraestructura para dar la atención requerida.

Las autoridades estatales del país de origen de las personas migrantes vuelven a aparecer cuando éstas, después de alcanzar una estancia regular en un país de tránsito, buscan tener acceso a los servicios básicos como salud, educación y trabajo. Aquí se requiere la presentación de documentos, aquéllos que no pudieron sacar y llevar consigo al momento de la huida, y que puede, en principio, dárselos el consulado de su país. La situación se torna más complicada cuando entra en juego la nacionalidad, pues no es infrecuente ver el nacimiento de un hijo de personas migrantes en el país de tránsito, pues para registrarlos seguramente se le presentarán varias barreras, como la obtención del certificado de nacimiento que muchas veces no se da, o si se da dice que no es apto para adquirir la nacionalidad, o bien se solicita que los padres, quienes salieron sin documentos, presenten su acta de nacimiento, y si el consuldado no puede dárselas, pues ni modo que regresen por ella a su país de origen.

El apoyo gubernamental que debe recibir la persona migrante es todavía mayor cuando, por desgracia, es víctima de un delito. Con independencia que el país en donde se cometió seguramente tendrá que darle una estancia por razones humanitarias, el país de origen debe proporcionarle el auxilio correespondiente, pues se trata de un ilícito cometido contra uno de sus nacionales, por lo que el consulado deberá involucrarse. Pero la situación es todavía peor si la persona migrante falleció o se encuentra desaparecida, pues ahí los familiares se encontrarán con la imposibilidad material, por sus escasos recursos económicos, de viajar al país de origen donde tuvo lugar el incidente para averiguar lo sucedido. En principio, todo quedaría en manos de las autoridades del país de tránsito, pero no siendo uno de sus nacionales la investigación probablemente no avanzará como es debido, por tanto, los familiares querrán impulsar dichas investigaciones, pero nuevamente se enfrentan a sus precarias circunstancias. Por eso, debe buscarse la manera de que las autoridades de procuración de justicia del país de origen puedan intervenir para esclarecer los hechos, a través, por supuesto, de las autoridaddes consulares, razón por la cual deben crearse mecanismos de apoyo a los nacionales que están en el extranjero.

El Estado del que es nacional la persona migrante, en cambio, no aparece directamente involucrado cuando se trata de la solicitud de la condición de refugiado, pues aquí el que menos debe enteresarse de la situación de refugio es el Estado de donde salió huyendo el migrante, causante en buena medida de sus pesares.

Lo anterior es solo una parte de todo el entramado de situaciones por las que atraviesa una persona migrante y en la cual se requiere de la presencia y del actuar de las autoridades gubernamentales de su país de origen. Si tomamos en consideración que los flujos migratorios se han estado formando por millones de personas, entonces la actividad de las autoridades gubernamentales fuera del país también debe aumentar, como si se tratara de un Estado paralelo. Se requiere de un gran compromiso estatal con sus nacionales, de asunción de responsabilidades, para no evitar que sus nacionales al salir del terriorio se olviden del Estado o no sepan si vale la pena acudir a él.

Presidente de los Comités de Derechos Humanos de la ONU.
Investigador en el IIJ UNAM.
ecorzos@gmail.com
@ecorzososa