CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejecutivo Federal está obligado a tener una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales, pero ¿qué ocurre con los gobiernos estatales, municipales y las ciudades más grandes del país? Estas entidades también están obligadas por ley a tener su propia política pública, agenda digital y hoja de ruta tecnológica, pero han preferido que sea la federación la que haga el mayor esfuerzo.

Aquí hemos advertido la ausencia, descoordinación e incluso fragmentación de los programas y proyectos para la conectividad y digitalización de México. Se trata de una nueva generación de políticas públicas para que la población ejerza sus derechos fundamentales a través del uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Pero los estados tampoco tienen una política y diseño institucional que permita avanzar en la digitalización local.

Recientemente, se publicó la Estrategia Digital Nacional; se señaló la carencia de metas en temas como infraestructura, inversión, conectividad, habilidades digitales, gobierno electrónico, telemedicina y desarrollo de aplicaciones. No será posible evaluar sus resultados si los llegara a tener al cierre del sexenio. Pero la inmensa mayoría de los estados y municipios tampoco tienen una agenda digital.

Con o sin intento de estrategia digital, con o sin visión de política industrial y tecnológica, con o sin programas de digitalización universal, la federación sí ha hecho intentos -algunos fallidos, otros insuficientes, otros meritorios- de reformar el marco jurídico, crear instituciones autónomas y ampliar la conectividad. El gobierno federal también ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por sus políticas e inacciones, pero las que menos han actuado son las autoridades locales.

Los estados, municipios y las zonas metropolitanas podrían tener un rol mucho más activo, destacado y eficaz en la transformación digital de sus industrias, gobiernos y sociedades.

La mayoría de los gobiernos sólo tienen áreas o direcciones de TIC. Se trata del diseño institucional más elemental que compra tecnología, contrata y renueva licencias de software, pero no es una instancia de prospectiva tecnológica, no tiene visión estratégica ni mucho menos diseña política pública.

Las direcciones TIC de los gobiernos y de las instituciones se limitan a la adquisición de equipos y soluciones tecnológicas y creen que su trabajo es crear cuentas de correo para los funcionarios, arreglar las fallas de Internet o, en el mejor de los casos, mantener actualizada la infraestructura tecnológica. 

Por lo general, el titular del área TIC suele ser un ingeniero que sabe mucho de sistemas, tiene muy poco presupuesto y trabaja con las direcciones jurídicas de los gobiernos para el diseño de licitaciones y compras de equipos. Su posición en la estructura institucional es bastante menor. Su jefe -el gobernador, el secretario, el presidente municipal- tampoco le da mucha importancia al área.

No pocos directores TIC asumen una actitud de desconfianza hacia los proveedores de tecnología que tienen la única misión de que los gobiernos les compren sus equipos y servicios. Pero al final estos servidores públicos terminan decantándose por alguna empresa, a veces favoreciéndola. Algunos de estos funcionarios evitan a toda costa participar en eventos de la industria porque no quieren exhibir sus limitaciones legales, institucionales, presupuestales y políticas, cuando es precisamente lo que hay que evidenciar. 

Estos funcionarios también son reacios, desconfiados o les da miedo aceptar invitaciones y viajes patrocinados por empresas para conocer laboratorios, experiencias, casos de éxito, usos y beneficios de las tecnologías, cuando deberían ser actividades estructuradas, planificadas, transparentes, informadas y con rendición de cuentas para empaparse de tecnología.

Les gusta comprar, no vender ideas. Prefieren adquirir soluciones en lugar de imaginar proyectos. Les llama la atención las novedades, en vez de identificar las tendencias. Viven en el angustioso presente en lugar de imaginar el esperanzador futuro. Piensan en solucionar, no en transformar. Quieren recibir tecnología en lugar de regalar bienestar digital. Conocen la utilidad práctica de la tecnología, pero desdeñan los beneficios y el impacto social de su adopción para el ejercicio de derechos fundamentales. Instalan infraestructura, no accesos universales a educación, salud, cultura, empleo, seguridad pública... Contratan conexiones no ventanas para mejores servicios públicos, aplicaciones, contenidos, para el ejercicio del derecho a la información o la libertad de expresión.

Los municipios son tristemente célebres porque son el principal obstáculo para la instalación de infraestructura. Les gusta tener Internet de alta velocidad para su población, pero no les agrada homologar trámites y permisos para facilitar el despliegue de redes en beneficio de sus habitantes. Lo más lento y costoso para un proveedor de servicios de telecomunicaciones es la obtención de permisos y derechos de vía estatales y municipales.

El operador tiene que enfrentarse a la burocracia del titular de Obras o Desarrollo Urbano. Este funcionario no reflexiona en que el acceso a las TIC es un derecho fundamental que habilita otros derechos como educación o salud, sino en recaudar recursos. Cada municipio tiene sus propios trámites, procedimientos y tiempos de respuesta a las solicitudes para instalar torres de telecomunicaciones, cableado telefónico o para realizar obras civiles para el tendido de fibra óptica.

La digitalización en México avanzará en la medida que los estados y municipios comprendan la importancia social y económica de la tecnología, homologuen y faciliten el despliegue de infraestructura de banda ancha.

Los estados también son sede de clusters tecnológicos, centros de datos y parques industriales que merecen ser potenciados con una política digital. En los municipios hay pymes que deben ser digitalizadas para preservar empleos y desarrollar economías locales. Escuelas y centros de salud por conectar. Las autoridades de transporte pueden facilitar la operación de plataformas de movilidad y entrega de alimentos para que los usuarios generen ingresos, reciban mejores servicios digitales y los negocios se transformen y se recuperen del impacto económico de la pandemia.

El artículo décimo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones sobre política de inclusión digital dice que “las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia”. La digitalización del país demanda que las autoridades locales diseñen su propia política digital, se coordinen y se sumen al esfuerzo de la federación por conectar México.

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