CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Parecería que para Andrés Manuel López Obrador los peores enemigos de México no son los criminales organizados, los narcotraficantes, los violadores de derechos humanos, los acosadores de mujeres, los corruptos del presente. Son los periodistas. Los críticos. Los que escudriñan al poder ahora como lo han hecho siempre. A ellos dedica más tiempo, atención, agresión y estrategias de distorsión. A ellos persigue con un ahínco que no ha demostrado contra Enrique Peña Nieto, contra el desaparecido Emilio Lozoya, contra los oligarcas que alguna vez señaló y ahora son beneficiarios de su gobierno. Gran parte de la furia presidencial se concentra en los medios y cómo lo cubren injustamente. Y ese enojo lo lleva a estigmatizar a quienes allanaron su propio camino a la Presidencia, evidenciando la podredumbre del PRIAN. Pero ya en el poder, distorsiona el papel del periodismo y lo concibe como un adversario a combatir y no como un contrapeso con el cual está obligado a coexistir.

Así lo detalla el último informe de Artículo 19, una organización cuyo trabajo AMLO antes citaba y ahora denuesta. Página tras página, plasma una estrategia de distorsión orquestada y diseminada por el propio presidente y su equipo. La deformación de la realidad a través del discurso. La manipulación de la realidad mediante la retórica. Un gobierno que no acepta, corrige y encauza un proceso que garantice y proteja la libertad de expresión y el derecho a la información. Un gobierno que se dice transformador pero conserva muchas de las peores prácticas de regímenes autoritarios que lo precedieron, como el uso de la publicidad oficial para comprar plumas y primeras planas. Con un elemento adicional, novedoso, pero letal: el uso de la mañanera como arma de gobierno, como foro de exhibición, como instrumento de la inquisición.

La mañanera que “se ha alejado de ser un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en uno donde se concentra la agenda del Ejecutivo a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental”. La mañanera utilizada para hacer montajes mascupanianos, tal y como el que hizo Genaro García Luna con Televisa en el caso de Florence Cassez. Ahí se juzga, moraliza, estigmatiza, informa y desinforma. Ahí, cotidianamente se ofrecen “otros datos” o se alude a su existencia no verificable. Ahí, se afirma que ya no se violan derechos humanos, que no ha aumentado la violencia contra las mujeres, que se ha acabado la corrupción, que el INAI cuesta mucho, pero no hay comprobación documental. Entre los dichos y los hechos hay una brecha que la sociedad difícilmente puede cerrar. Las peticiones de información crecen, mientras la disposición de la Oficina de la Presidencia a proveerla disminuye. La sociedad exige más, pero el gobierno responde menos.

Al mismo tiempo, trata de controlar el mensaje a través de los mismos mecanismos que llevamos años denunciando: la ausencia de criterios claros para la publicidad oficial, el apiñamiento del gasto en los últimos dos meses del año fiscal, y la concentración de la publicidad en algunos medios. En plena pandemia, y a pesar de la necesidad de campañas informativas para educar y alertar a la población, la Secretaría de Salud ocupó el lugar 11 de las instituciones públicas por su gasto en comunicación social en 2020. Pero La Jornada, Televisa y TV Azteca siguieron recibiendo publicidad oficial a manos llenas, siguiendo la lógica del “pago para que no me peguen”.

En el montaje discursivo del presidente, él es el más atacado. Él es el más criticado. De ahí pasa a fustigar y estigmatizar periodistas, mientras se vanagloria de no acallarlos; argumenta que todo va bien, pero agrede a la prensa por señalar lo que va mal. Como se siente agredido, se da permiso para agredir; como se sabe sometido a la auscultación, recurre a la distracción. Así logra “desviar la atención del mensaje crítico y centrar la discusión en la persona o medio que funge como mensajero”. Y ese periodista o medio se vuelve tiro al blanco de ataques en las redes sociales, que van desde la descalificación hasta las amenazas. Eso, en un contexto donde los atentados contra los medios aumentaron 16.3% en comparación con 2019, donde 49.5% de las agresiones contra periodistas fueron perpetrados por agentes del Estado –funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civil y Fuerzas Armadas–. Hubo 629 ataques en 2020. Hubo una agresión contra la prensa cada 13 horas. Hubo 33 actos de hostigamiento administrativo o judicial del aparato del poder para amedrentar o acallar voces críticas. Ha habido 17 periodistas asesinados en lo que va del sexenio actual.

El poder amenazando a sus contrapesos; el poder persiguiendo a quienes se dedican a escudriñarlo; el poder actuando al estilo echeverrista pero escudado en una narrativa lopezobradorista. Como en el caso paradigmático de Notimex, que ordenó a sus empleados el uso de cuentas de Twitter para agredir a periodistas y desvió recursos públicos para esa tarea. Pero en lugar de reconocerlo, el presidente protege a Sanjuana Martínez, tal y como el PRI protegió a Manuel Bartlett luego del asesinato de Manuel Buendía. Los del presente tan impunes y tan exonerados como los del pasado. Un Estado “ineficaz para tutelar los derechos humanos y sumamente diligente para violentarlos”.

AMLO arma montajes contra los medios porque, como ha argumentado Guillermo Trejo, exhiben la verdadera tragedia de nuestros tiempos: su gobierno ha profundizado la grave crisis de violencia y de violaciones de derechos humanos que heredó. Cuando la prensa y organizaciones como Artículo 19 aportan evidencia sistemática y granular de esta tragedia, se convierten en enemigos del presidente. Los medios revelan cuán dolorosa es la realidad, mientras el presidente sigue insistiendo en falsearla.