CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante los procesos electorales que llevaron a AMLO a la Presidencia de la República, Jacobo Dayán y yo nos sentamos con el propio López Obrador en las oficinas de Alfonso Romo. El tema de la reunión era hablar del estado de violencia e impunidad que sufre la nación y proponerle que, de ganar la Presidencia, creara una política de Estado basada en la justicia transicional, que estaba ya en el espíritu de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que el gobierno de Peña Nieto, quien la creó, había abandonado. Se trataba, frente a la inoperancia y los vínculos del Estado con el crimen organizado, de crear, con apoyo internacional, un mecanismo extraordinario de verdad y otro de justicia, para esclarecer los crímenes desde la Guerra Sucia hasta nuestros días, con el fin de transitar de un Estado capturado por el crimen a uno de derechos.

AMLO respondió: “Sé cómo abordar los temas urgentes del país, pero de esto no sé nada. Ayúdenme”. “Por supuesto –respondimos–. Si llegas a ganar, con el consenso de las víctimas ponemos a tu disposición un buen grupo de expertos en la materia para crearla”.

Con esa agenda, el 8 de mayo de 2018 realizamos, con los candidatos a la Presidencia, el primero de los Diálogos por la Verdad, la Justicia y la Paz, la agenda fundamental en el Museo Memoria y Tolerancia. Con esa misma agenda, el 14 de septiembre de ese mismo año se llevó a cabo, ya con López Obrador como presidente electo, el segundo Diálogo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Con esa misma agenda, y como prometimos, un grupo de expertos comenzó a trabajar con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob. Pero los documentos surgidos de esas reuniones se archivaron. Como si la tragedia humanitaria que padece México se redujera a los 43 muchachos de Ayotzinapa, sólo se hizo una Comisión de la Verdad –que hasta ahora ha sido inoperante– para atender ese caso.

En enero de 2020, a raíz de la masacre de la familia LeBarón, las víctimas marchamos al Zócalo de la Ciudad de México con esos documentos, para exigirle a AMLO que asumiera sus compromisos. La respuesta fue el insulto, el desprecio y la violencia.

Ahora que su errática política de verdad, justicia y paz, que se resume en un país militarizado y en un estúpido eslogan: “Abrazos, no balazos”, lo único que ha generado es más horror y muerte, el pasado 6 de octubre la Segob creó la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de 1965 a 1990.

Bajo ese pomposo nombre, que quiere pasar como justicia transicional, se oculta, sin embargo, la misma burda simulación, el mismo fingimiento que AMLO y la Segob no han dejado de manifestar desde que Dayán y yo nos sentamos con AMLO en las oficinas de Romo.

Como ya lo han mostrado José Ramón Cossío (El País, 11/10), el propio Dayán (Animal Político, 13/10) y Santiago Corcuera (El Universal, 16/10) –tres expertos en estos asuntos–, dicha Comisión es una pifia que formulo en preguntas: ¿Por qué la arbitraria fecha de esclarecer y juzgar crímenes de 1965 a 1990? ¿Después de esa fecha no los hay? ¿Dónde quedan la verdad y la justicia para los 350 mil asesinatos, las más de 90 mil desapariciones, los más de 30 mil casos de tortura de 2006 a la fecha? ¿Por qué esa Comisión termina sus funciones en 2024? ¿Realmente creen que en tres años van a esclarecer 25 años de crímenes enterrados en el galimatías de la historia y la corrupción política? ¿Qué resultados pueden esperarse de una Comisión de la Verdad donde cinco de sus seis representantes con voto son funcionarios del Estado, es decir del aparato responsable de la violación de los derechos humanos, una Comisión que es juez y parte de los crímenes que pretende esclarecer? ¿Cómo puede funcionar una Comisión cuyo financiamiento es impreciso y en la que cinco personas con carácter independiente, que carecen de voto pero que forman parte “honorífica” de la Comisión, no recibirán “retribución” alguna? Dada la complejidad de la tarea, una Comisión de este tipo requeriría no sólo una política de Estado transexenal, sino el involucramiento permanente de largo plazo de sus miembros y, como señala Dayán, la “participación de cientos de personas que analicen documentos, realicen cientos y cientos de entrevistas para recolectar testimonios; equipos periciales sólidos y de procesamiento de grandes cantidades de información, y equipos de redacción y de revisión, entre otros”.

Frente a tales incongruencias, lo único que puede decirse es: “¡No mamen!”. Lo que saldrá de ello es algo semejante a lo que produjo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que creó Vicente Fox durante su administración, o la CEAV diseñada bajo la administración de Calderón, creada bajo la de Peña Nieto y desfigurada por la de AMLO, es decir, nada. Sólo una burla más del Estado a las víctimas y al sufrimiento de la nación, una simulación más de la ya larga colusión del Estado con el crimen organizado.

La simulación es asunto de corruptos, cobardes y traidores. La mal llamada 4T pertenece a ellos, que han hecho que la verdad, la justicia y la paz permanezcan enterradas con los muertos.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.