CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Amparo, para que en caso de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) necesite usar servicios públicos de correos y telegráficos deba de cubrir su costo, conforme a lo que haya presupuestado para ello.

Semanas después de que el propio cuerpo legislativo aprobara la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, la mayoría morenista avaló esta nueva reforma que fue calificada por opositores como una “venganza” y otro intento de desmantelar al aparato de administración de justicia.

El dictamen, que ya ha sido enviado al Senado, se votó en lo general de forma dividida, con 217 votaciones a favor, 158 en contra y ninguna abstención.

En lo particular, hubo 211 votos a favor, 152 en contra y cero abstenciones, respecto a reservas presentadas por diputadas y diputados del PT, MC, PRD y PAN.

Esta reforma impondría multa de 100 a mil días, en caso de que los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se nieguen a recibir o no transmitan los mensajes de referencia, a excepción de que el Poder Judicial no pague por estos servicios de correos y telegráficos.

Dentro de los artículos transitorios, esta iniciativa especifica que en un plazo de 120 días, contados a partir de la entrada en vigor, los órganos jurisdiccionales que conozcan de juicios de amparo, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y Financiera para el Bienestar (Finabien), tendrían que firmar los contratos de prestación de servicios correspondientes, donde se pacte la forma, el plazo, y modalidades en que estas instancias realizarán el pago por la prestación de los servicios.

El debate

De la bancada de Morena, Leonel Godoy Rangel mencionó que el objetivo es fortalecer el servicio postal por medio de dos empresas estatales, por lo que es falso que se busque debilitar a los órganos administradores de justicia en México.

“El dictamen sólo persigue fortalecer a estos dos grandes servicios que requiere el pueblo y fortalecer a las empresas públicas”, dijo.

También expuso que de 2006 al 2023 Correos de México dejó de recibir 310 millones de pesos, y Financiera para el Bienestar (Finabien) más de siete mil millones de pesos, por lo que sentenció:

“En el fondo está una política neoliberal, privatizadora que buscó y seguirá buscando privatizar todo; eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver el presupuesto del Poder Judicial de la Federación”.

Lizbeth Mata Lozano, del PAN, comentó que aunque Sepomex está en una situación financiera difícil, desmantelar al Poder Judicial no es la solución.

“Es aberrante que ante diversos ataques que ha recibido el Poder Judicial de este gobierno, todavía se le quiera atacar más agregándole un gasto que irremediablemente afectaría sus finanzas a largo plazo”, acusó.

La priista Carolina Viggiano anticipó que votarían en contra porque es una reforma que pretende atacar o debilitar al Poder Judicial Federal y porque es lamentable que en lugar de discutir reformas importantes que están en comisiones para mejorar el sistema de justicia “estemos discutiendo ésta que no tiene trascendencia”.

Puntualizó que lo que se debería hacer es ver cómo mejorar el sistema de justicia y lamentó que se invierta tiempo en estos casos que en nada mejoran a dicho sistema. “Hoy se usa el sistema de justicia sólo para perseguir a los opositores, para judicializar la política. Hoy nos convocaron sólo para esta iniciativa, por un capricho del oficialismo y por eso vamos a votar en contra”, anticipó.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez del PRD, advirtió que la propuesta afectará a los ciudadanos a incrementar al incrementar el costo en el uso de correos y telegráficos, y por ello acusó: “No permitirán que un régimen dictatorial transcriba lo que son los derechos de las y los ciudadanos”.

Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, dijo que en lugar de promover reformas que garanticen la viabilidad financiera, la modernización y la calidad en el servicio de Sepomex se busca “venganza presupuestal a un poder del Estado y menoscabar los derechos humanos de las personas empezando con una justicia pronta, expedita, gratuita, completa e imparcial. Estamos en contra porque menoscaba la integridad de un poder del Estado”.