CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque que han recibido algunas diputadas en redes sociales respecto a la supuesta existencia de fotos conocidas como “packs” y su presunta relación con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y dijo que si sienten en riesgo de ser extorsionadas o amenazadas lo denuncien ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Sin mencionar ni opinar que fue Layda Sansores, exalcaldesa en Álvaro Obregón y actual gobernadora de Campeche, quien reveló la supuesta existencia de esas imágenes sin ofrecer pruebas, la mandataria local reprobó el hecho:

“Eso está mal. No está bien, no me parece correcto que circulen imágenes de mujeres, en cualquiera de las circunstancias no me parece que sea correcto que se utilicen”.

En conferencia, agregó que son las diputadas quienes “tienen que denunciar, en todo caso, si fueron víctimas de alguna extorsión, abuso o amenaza, pero yo creo que también hay que ser cuidadosos ante los temas personales. Está bien que se denuncie, pero no estoy de acuerdo en que estén circulando las imágenes en las redes sociales”.

Luego, envió un mensaje a las mujeres: “Todo lo que hacemos tiene que ver con la autonomía de lo que decidimos, pero lo que no podemos es ceder frente una presión, frente a un abuso, frente a una amenaza, frente a un acoso”.

Claudia Sheinbaum reiteró que “en la política no puede utilizarse, o en cualquier espacio de la vida pública o privada, de ninguna manera el acoso, la violación o la amenaza relacionada con estos asuntos… Pero ahí tiene que ver con ellas, que hagan la denuncia en su caso. Yo no estoy de acuerdo en que se haga ahí un escarnio público por esta razón a las legisladoras”.

Dos funcionarios, fuera por violencia sexual

Sheinbaum Pardo quiso desviar el tema al reconocer que en su gobierno se han presentado dos casos de funcionarios nombrados por ella, pero destituidos por ser acusados de violencia sexual contra mujeres.

El primero, explicó, es el extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gregorio Sánchez, acusado por una empleada de la dependencia de abuso sexual el pasado 4 de junio y que días después fue separado del cargo y se encuentra bajo investigación.

El segundo caso es el del responsable de la Policía Bancaria Industrial que trabajó con ella cuando era jefa delegacional en Tlalpan y que fue acusado por una policía de violación sexual. “Hoy está en la cárcel, no porque sea conocido, nosotros vamos a permitir que ocurra esto en nuestro gobierno”.