CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la reforma “regresiva” a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral. 

Luego de que el martes 18 el pleno de la SCJN rechazara invalidar la reforma que en 2020 eliminó el fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas, como lo propuso el ministro Giovanni Figueroa, organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas se sumaron al pronunciamiento emitido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, por el que consideraron que la nueva SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.

Lamentaron que los nuevos ministros vulneraran el principio de “cosa juzgada”, toda vez que en 2024 la SCJN resolvió que era anticonstitucional la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la que se elimina la obligación de destinar un presupuesto mínimo a la atención a víctimas, por lo que se dieron 90 días al Poder Legislativo para realizar las modificaciones necesarias. 

Al no llevarse a cabo las modificaciones legislativas, constitucionalmente está establecido en la Constitución, que lo que procede es que la SCJN se formalice la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas, por lo que al reabrir la discusión se violó además “la garantía de seguridad jurídica”.

Para los firmantes, “la necesaria declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos”.

Agregaron que la decisión de la nueva SCJN “representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”. 

Consideraron que “la medida vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el rechazo a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad”. 

Los firmantes llamaron a la SCJN “a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas”.

Asimismo, al Poder Judicial y al Congreso de la Unión urgieron a “garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas y que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de las víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos”. 

A las autoridades federales y estatales les exigieron “aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competente y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones, obstáculos estructurales ni desmantelamiento de instrumentos de asistencia y reparación”.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional “para que mantengan vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas”.