CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A poco más de un año de haber concluido el mandato de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, las víctimas de ese periodo, conocido como “guerra sucia”, continúan en la espera de que sean atendidas sus demandas sostenidas durante décadas, alerta Eugenia Allier Montaño, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH). 

Entrevistada en víspera de la realización del encuentro “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, en el que se contempla la participación de representantes de colectivos de víctimas, Allier Montaño lamenta que autonombrándose “hija del 68”, hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum no ha atendido a ese sector históricamente relegado.  

“El encuentro es un llamado de atención de nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que como ella lo ha mencionado, pues es hija del 68 y bueno, decirle que ahí están los reclamos presentes. 

“Ella se reunió con el Comité Eureka, pero el Comité Eureka no es el único colectivo y, además, pues no solamente es reunirse con ellos, hay que hacer acciones concretas que lleven a cumplir las demandas de los colectivos”, considera la historiadora e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, sede el encuentro de colectivos de familiares y sobrevivientes. 

Como integrante del MEH, Allier Montaño coordinó el informe “Verdades Innegables”, una investigación que documenta mil 103 casos de desapariciones forzadas y logra identificar la responsabilidad 2 mil 200 funcionarios como responsables de crímenes de lesa humanidad, a partir de la documentación de 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

“Verdades Innegables” da cuenta de la violencia del Estado contra los sectores político-militares de la época, recurrió a 227 testimonios de sobrevivientes e integrantes de colectivos de familiares de víctimas, así como a 27 archivos públicos y 14 personales, todos integrados en cuatro tomos, 14 capítulos, distribuidos en 2 mil 020 páginas. 

El documento coordinado por la historiadora fue el único reporte públicamente aceptado por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó la creación de la Coveh.  

Otros tres comisionados, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, fueron responsables del informe “Fue el Estado”, que aborda violaciones a derechos humanos contra otros sectores sociales cometidos entre 1965 y 1990. 

A poco más de un año del cierre de la Coveh,“el balance desafortunadamente no es positivo, el nuevo gobierno federal ha perdido la oportunidad de retomar este trabajo que ya existía para a partir de eso seguir profundizándolo”, considera Allier Montaño. 

La investigadora resalta que no sólo “no se ven resultados” de las reuniones que han sostenido colectivos de víctimas de atrocidades cometidas durante la llamada “guerra sucia”, sino que durante este último año hubo eventos que los agraviaron, como el homenaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al general Hermenegildo Cuenca Díaz, quien dirigió parte de la política de aniquilamiento de los grupos insurgentes, y recientemente al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa.  

“Es una vergüenza, que no sólo no se realizan los reconocimientos necesarios respecto a las graves violaciones de derechos humanos, el nuevo gobierno no ha reconocido el trabajo de la Comisión, no lo ha retomado y está permitiendo estos otros actos conmemorativos”, señala indignada. 

En el caso reciente del homenaje al natalicio de Rubén Figueroa, realizado por el gobierno de Evelyn Salgado, Allier Montaño abundó que “es para no creerse, uno de los personajes centrales en la represión en Guerrero y se le realiza un reconocimiento, en lugar de estar reconociendo a la gente que luchó por cambiar esta sociedad y que además sufrió una violencia de Estado desmedida”. 

Tras señalar que el principal objetivo del encuentro de colectivos es “visibilizar” a las víctimas de la represión de Estado, la investigadora puntualiza que, si bien hay distintas demandas entre los colectivos, la central es la misma que hace más de 50 años, justicia.  

“Para ellos y ellas es mucho más importante la justicia, la búsqueda de las personas desaparecidas y la reparación. Es fundamental que haya justicia, que pueda haber distintas formas de justicia, lo sabemos también por otros países, a veces no es el momento por distintas circunstancias en que se pueda realizar la justicia penal, pero pueden realizarse por lo menos juicios simbólicos que den mensajes claros a la sociedad, y eso tampoco se está realizando. Y por supuesto, aparte de la justicia, la cuestión de la búsqueda es fundamental”, resalta. 

Eugenia Allier alerta que, desde el primer gobierno de la alternancia política con Vicente Fox, que creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que no judicializó la mayoría de los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el periodo de la “guerra sucia”, se ha pasado por alto que esa deuda pendiente con el pasado  ha tenido consecuencias en el presente, que en parte explican el incremento de la violencia criminal y de desapariciones, que ya suman más de 130 mil. 

“No saldar las cuentas tiene impactos en todos los sentidos, en la localización de las personas desaparecidas, en la justicia; la impunidad que vivimos en este país, violencia, que, si bien la que genera la violencia que estamos viviendo hoy, pero la permite de alguna manera que siga existiendo porque si hay impunidad respecto al pasado, pues qué más da, podemos hacer lo que sea”, considera la historiadora.  

En cuanto a la deuda histórica en materia de reparación del daño, Allier Montaño apunta que “es un problema no solo para el pasado, sino también para el presente, y debería ser un reconocimiento no solamente de lo que se está viviendo hoy en el país, sino de las graves consecuencias que vivir con la violencia de Estado ha tenido para muchísima gente que viene pues desde la ‘guerra sucia’”. 

Reconoce que, sin duda, ante los grandes problemas nacionales, “definitivamente, una de las dificultades que puede enfrentar el gobierno federal es que, al reparar, digamos, económicamente a quienes vivieron la violencia de Estado de la ‘guerra sucia’, pues es que también tiene que reparar a todas las víctimas del presente que son miles, lo sabemos”. 

Sin embargo, agrega, “también se puede solventar de otras maneras. ¿Por qué no generar, mejor, programas sociales específicos, programas médicos específicos para ayudar a la gente? No con dinero, no dándole una cantidad exclusivamente, sino facilitando el acceso a la salud pública de todas las personas, pues eso, que viven con secuelas psicológicas, emocionales, físicas, y que lo están viviendo hoy”. 

Insiste en el llamado a la presidenta a retomar los trabajos de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990, y saldar la deuda que tiene México con su pasado.  

“La Comisión no era un capítulo en mi vida, parte de mi compromiso con los colectivos y sigue siendo”, concluye Eugenia Allier Montaño al invitar a las nuevas generaciones a conocer el pasado de México reciente a través de los informes de la Coveh y de los testimonios de las víctimas.  

El “Memoria, verdad y justicia. A un año del cierre de la Comisión de la Verdad (1965-1990)”, se lleva a cabo en el auditorio Pablo González Casanova del IIS de la UNAM, y puede ser seguido a través de sus redes sociales.