CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 46 años de la huelga de hambre organizada por el Comité Eureka en la Catedral Metropolitana para exigir la presentación con vida de personas desaparecidas y la liberación de presos políticos, integrantes del colectivo expresaron su decepción por el incumplimiento del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador por dar verdad, justicia y reparación a los familiares de personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”.

Reunidos para recordar el movimiento social por las personas desaparecidas y los presos políticos, integrantes del Comité Eureka, para solicitar públicamente una reunión con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, a quien le tocará completar la encomienda de localizar a los desaparecidos que le dejó Rosario Ibarra de Piedra al presidente López Obrador cuando le dejó en resguardo la medalla Belisario Domínguez, otorgada en 2019 a la fundadora de Eureka.

“Sabemos que la responsabilidad de entregarnos la verdad que buscamos le será heredada a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ella ha estado presente siempre en la lucha del Comité Eureka, ella conoce lo que hemos tenido que enfrentar, ella sabe de nuestra convicción y lo que buscamos: la verdad ante todo”, sostuvo el colectivo, en voz de Concepción Ávila González, hermana de Jesús, desaparecido el 5 de abril de 1974.

La representante de Eureka agregó que a Sheinbaum “le pedimos que recupere también la Medalla Belisario Domínguez que le fue entregada por Rosario Ibarra en custodia al presidente Andrés Manuel López Obrador con el encargo de devolverla con esa verdad que no se dio y que sea ella, a quien apreciamos y reconocemos como compañera de lucha la que cumpla con el deseo de Rosario y todas las compañeras y compañeros que ya murieron: saber de los suyos y llevar a México donde la desaparición forzada sea erradicada”.

Presente en la rueda de prensa convocada por el Comité, Rosario Piedra Ibarra, hija de Piedra Ibarra y presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reiteró la petición a Sheinbaum de que “rescate esa medalla” y que “la regrese envuelta en ese manto de justicia”.

Piedra Ibarra, quien dijo acudir al encuentro como presidenta de la CNDH y no como integrante del Comité, recordó que siguen sin atenderse dos recomendaciones sobre el periodo de la llamada “guerra sucia” que se publicaron en su mandato,  la 46/2022 y la 98VG/2023, omitiendo que previamente se emitió la 26/2001 en la que se ordenaba la creación de una fiscalía especial, que fue la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado (Femospp).

De acuerdo a la presidenta de la CNDH en las recomendaciones que le tocaron emitir, “trazan el camino para la investigación y judicialización de los casos, reseñan todas las atrocidades que el Estado cometió; no es una novedad que el Estado fue quien hizo esto, no es una novedad tampoco que se utilizaron campos militares bases y navales, toda una infraestructura militar que era ordenada por el jefe supremo de las fuerzas armadas en turno.

“Desde antes de (Gustavo) Díaz Ordaz, hubo muchas represiones, pero la etapa que se investiga en la recomendación es lo que se conoce cotidianamente como la ‘guerra sucia’ y ahí está”, resolución que se recomendó a “luchar hasta que se cumpla y se conozca la verdad y la justicia del caso de los familiares”.

 Tras puntualizar que no buscan “disculpas públicas de parte del gobierno ni las aceptaremos”, la representante de Eureka Concepción Ávila, puntualizó que “la exigencia es primero al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que a nosotros como Comité no nos quiso recibir nunca, y en cambio sí cobijó al Ejército. Ahora hemos solicitado que nos reciba la presidenta y estamos esperando su respuesta porque ella como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas que va a ser, creo que nos va a entender y tenemos la esperanza con este nuevo régimen que entra”.

Durante la conferencia de prensa, Ávila González transmitió el reproche del Comité Eureka por la presentación del informe “Fue el Estado” presentado el 16 de agosto por tres integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impuso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.

Al señalar que el documento fue conocido por los miembros del Comité antes de su presentación, y reconocer que tampoco conocen el informe de la consejera Eugenia Allier, llamado “Verdes Innegables”, Ávila González señaló que “la Comisión de la Verdad creada por decreto estuvo viciada desde su origen y sobre todo no cumplió con el objetivo de nuestra lucha: saber el destino de nuestros familiares”.

Insistió en que tiene que haber una explicación de “por qué el Ejército no abrió su archivo, porque el Ejército es el responsable de la detención y desaparición, el Ejército tiene que decir que hizo con los desaparecidos, el Ejército está siendo cobijado por el gobierno y por los señores investigadores, qué pasó con esos expedientes, es la verdad lo que queremos y la justicia que algún día tiene que llegar”.

Laura Gaytán Saldívar, presa en el Campo Militar Número Uno en 1979, y hermana de Oscar Javier, detenido y preso también esa instalación militar, donde fue ingresado en septiembre de 1974 y no se ha vuelto a saber nada de él desde entonces, puntualizó que entre familiares de víctimas y sobrevivientes de aquellos años, hay una gran “decepción” porque a unos días de que termine el mandato de los integrantes de la Comisión de la Verdad, no hay información de qué pasó con los desaparecidos ni dónde están.

“Es ahí donde nos sentimos burlados y burladas, decepcionados y decepcionados, no puede haber una investigación seria ni una revelación histórica válida sino se culmina con la verdad del destino y paradero de nuestros desaparecidos”, dijo Gaytán Saldívar, integrante de Eureka.

Agregó que “ese será el reto, el gran desafío que esperamos que amorosamente acoja la presidenta Claudia Sheinbaum al lado nuestro” y que para los familiares de desaparecidos de esa época de terrorismo de Estado, “será para nosotros un segundo aliento, una segunda esperanza que la presidenta electa que próximamente asumirá funciones, acoja y no nomas como un compromiso ineludible sino como un sello de compromiso y de continuar con la investigación, de continuar con la búsqueda de llegar hasta la verdad”.

Durante la conferencia de prensa estuvo presente el responsable del Museo-Casa de la Memoria Indómita (MCMI), Diego Alberto Sepúlveda, para pronunciarse en contra de una supuesta lista de 183 nombres de personas detenidas desaparecidas, y que habrían sido arrojadas al mar, como parte de la estrategia contrainsurgente.

Sepúlveda descalificó la forma en que ha sido divulgada la información tanto por comisionados de la Comisión de la Verdad como por la periodista Marcela Turati,  al señalar que ha habido “manejo irresponsables de la lista”, toda vez que algunas de las personas que aparecen, como Ignacio Salas Obregón “fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno por otros presos políticos como Rubén Hernández”, lo mismo ocurre en el caso de Jacob Nájera Hernández, quien  habría logrado “sacar una carta del Campo Militar Número Uno tiempo después de la fecha de detención que marca el documento”.

El director del MCMI desconoció la forma en que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMENA) dio acceso a la documentación que tenía resguardada el Museo, que fue digitalizada y una copia con marca de agua, fue facilitada al centro de estudios.

“Si se hubieran acercado los comisionados a revisar nuestros archivos y cotejar los nombres, hubieran podido advertir que el documento tenía serias inconsistencias”, dijo Diego Alberto Sepúlveda.

Sobre el tema de los “vuelos de la muerte”, Laura Gaytán señaló que los integrantes del Comité Eureka no están dispuestos a aceptar como verdad absoluta que ese haya sido el destino de cientos de personas “sin antes una investigación y exhaustiva, nos hubiera gustado que el mismo ahínco con que se van a buscar a dos pilotos perdidos en el mar, a través de un convenio con la Marina de Estados Unidos, hubieran buscado a los nuestros, igual que lo están haciendo con los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos”.