CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal declaró que el gobierno mexicano cometió terrorismo de Estado durante el periodo de la Guerra Sucia, particularmente en el estado de Guerrero donde Rosendo Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada por parte de elementos del Ejército, hace ya 50 años.

Karla María Macías Lovera, jueza del Juzgado Noveno de Distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, concedió un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso Rosendo Radilla Pacheco bajo esa perspectiva y proceda contra diversos mandos militares que supuestamente están implicados en su desaparición, entre ellos, el general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional.

La jueza Macías señaló que, debido a que el ministerio público federal ha sido omiso en investigar el caso en el contexto de terrorismo de Estado, ha permitido que la desaparición de Rosendo Radilla continúe a su suerte y la de cientos de personas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros también se desconozca.

“La omisión reiterada y sistemática del Ministerio Público al deber estatal de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetró ha permitido que esa desaparición continúe cometiéndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayoría de los ciudadanos durante medio siglo.

“La ineptitud de la fiscalía, demostrada en este fallo, no sólo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel, constituyendo un obstáculo para la reconstrucción de la memoria histórica indispensable en una sociedad civilizada”, enfatizó la juez.

Entre las medidas de reparación que la juez estableció en la sentencia de amparo 565/2018, fue la orden al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declare en un plazo no mayor a cuatro meses como Zona de Monumentos Históricos “el terreno y los inmuebles que en la década de 1970 ocupaba el Segundo Batallón de Policía Militar en el Campo Militar Número Uno-A”, en la Ciudad de México.

“Lo anterior sobre la base de que, como quedó de manifiesto en apartados precedentes, en observancia a la última prescripción del Plan Telaraña - firmado en mil novecientos setenta y uno por el Secretario de la Defensa Nacional-, agentes del Estado trasladaban ilegalmente a los “maleantes” detenidos al Segundo Batallón de la Policía Militar en el Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México, para su “interrogatorio”, de manera que dicha instalación militar fungió como centro clandestino de detención y tortura”, precisó.

Declarar como monumento histórico una porción no menor a 2 mil metros cuadrados de las actuales instalaciones de la Base Aérea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerreros, zona en la que se realizaban los llamados “vuelos de la muerte”.

“La declaratoria de los lugares indicados como monumentos históricos destinados a sitios de memoria no impedirá la realización de actos de investigación -inclusive aseguramiento- ni diligencias de búsqueda, de conformidad con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas”, indicó.

Otro punto de la sentencia es que la juez ordenó retirar todos los símbolos conmemorativos que honren o enaltezcan a quienes integraron las autoridades que prepararon “el terrorismo de Estado” durante la Guerra Sucia, como Francisco Quirós Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro, el expresidente Luis Echeverría, entre otros.