CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exculpó a militares y policías estatales de Tamaulipas que participaron en la masacre de ocho personas el 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL). 

En un comunicado, la organización reprobó que, a pesar de que en la masacre estuvieron involucrados elementos del Ejército mexicano, la Policía Estatal y del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra decidió señalar solamente a integrantes de la última corporación.  

En septiembre de 2019, el CDHNL documentó con videos y testimonios de personas sobrevivientes el operativo en el que integrantes de las tres instituciones armadas allanaron “al menos tres domicilios, reuniendo a las víctimas en otra vivienda, las obligaron a vestir uniformes tácticos mediante actos de tortura y luego las fueron ejecutando una por una para finalmente sembrarles armas largas”. 

El CDHNL recordó que las víctimas de la masacre fueron Severiano Treviño Hernández, Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Juana Jatzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández, Enrique Pérez Chávez, Jennifer Hazel Romero López y Wilbert Irrastreto Pérez y reprobó las conclusiones a las que llegó la CNDH en la recomendación 173VG/2024, misma que fue emitida el 31 de octubre de 2024, subida a la página del organismo el 9 de diciembre pero de la que “no se elaboró un comunicado de prensa para darla a conocer e intentando que pasara desapercibida”. 

Se intentó cerrar la investigación 

La masacre de Valles de Anáhuac ocurrió casi un año después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, y ampliara las funciones de las Fuerzas Armadas, mientras que en Tamaulipas gobernaba el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.  

En la CNDH el caso fue tomado en un inicio por el antecesor de Rosario Piedra Ibarra, Luis Raúl González Pérez, quien en su momento emitió 30 medidas cautelares a favor de familiares de las víctimas.  

Sin embargo, una vez en manos de Piedra Ibarra, afín a la Cuarta Transformación y votada por el Senado para un segundo periodo al frente de la CNDH,  la investigación intentó cerrarse y remitirla a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas, el 30 de agosto de 2022, al considerar que los militares sólo “brindaron seguridad perimetral durante la detención y traslado de dichos civiles”, ejecutados en un domicilio en  Valles de Anáhuac, reportó Proceso en noviembre de ese año, luego de que el CDHNL fuera notificado por el director de la Segunda Visitaduría, Jair Pasaran.  

Al final, la CNDH continuó investigando el caso ante argumentos presentados por la CEDHT y el CDHNL. 

Concluida la investigación y con un gobierno de Morena en Tamaulipas, la CNDH consideró que en los hechos se violaron los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, inviolabilidad del domicilio y a la intimidad, así como al uso ilegítimo de la fuerza, uso ilegítimo de las armas de fuego, vulnerando los derechos a la integridad y seguridad personal, así como a la protección de la vida, derecho a la integridad personal y trato digno por actos de tortura.  

Una corporación que ya no existe 

La recomendación 173VG/2024 fue dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el general de Brigada en retiro, Sergio Hernando Chávez García, limitando la responsabilidad de la masacre a agentes del CAIET, corporación que ya no existe.  

Entre los puntos recomendatorios destaca el emplazamiento de seis meses a la Secretaría de Seguridad Pública para “impartir un curso al personal del CAIET que realicen detenciones”, para que las realicen “en estricto cumplimiento a los derechos humanos”. 

El CDHNL alertó que “esa corporación de inteligencia fue desaparecida por el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal Anaya”-  

Sobre la participación del Ejército mexicano y de agentes de la Policía Estatal, la CNDH consideró en la recomendación que “estuvo justificada al no percatarse de la ejecución de las víctimas” por parte del personal del CAIET. 

Para el CDHNL con esa conclusión la CNDH “excluyó de responsabilidad” a militares y policías estatales “a pesar de las evidencias presentadas por el Comité de Derechos Humanos que incluían entrevistas con testigos sobrevivientes y vecinos del sector, un parte informativo de la Dirección de Vialidad y al menos cinco videos”.  

La organización denunció que “la alteración de evidencia como lo fue este montaje y siembra de armamento a las víctimas por parte de personal del Operativo Mixto integrado por policías estatales y soldados del Ejército Mexicano tampoco fueron tomadas en cuenta en esta recomendación de la CNDH”.  

La recomendación 173VG/2024 

El CDHNL recordó que la versión oficial sobre la masacre del 5 de septiembre sostiene que se trató de un enfrentamiento, luego de que “una célula criminal” atacara a autoridades federales y estatales  

Dicha versión “fue desvirtuada” ante la presentación de videos de cámaras de seguridad aledañas al sitio de la masacre obtenidos por personal del CDHNL, lo que derivó en una “intensa campaña de criminalización en  redes sociales de víctimas, familiares e integrantes del Comité de Derechos Humanos, particularmente contra su presidente Raymundo Ramos Vázquez”.  

Las evidencias mostradas en medios de comunicación llevaron a la creación de una fiscalía especial, a cargo de Gabriel Adelfo González Pérez, quien responsabilizó “únicamente a siete agentes: dos fueron procesados por delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, allanamiento y declaraciones falsas rendidas ante una autoridad, de nombres José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre”.  

El CDHNL agregó que el fiscal especial solicitó la cancelación de órdenes de aprehensión contra los agentes Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuviré y Azariel Urbina Argüelles, “por apegarse al criterio de oportunidad (testigos protegidos) pero hasta la fecha se desconoce su paradero o si continúan entro de la Policía Estatal”.  

En tanto, los agentes de la CAIET que siguen prófugos son Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal, “por quienes la Fiscalía General de Justicia del Estado ofrece una recompensa de 200 mil pesos”.