Con voces entrecortadas, Ángela Buitrago y Carlos Beristain se despedían “tristes y con frustración” de la experiencia de colaborar desde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para tratar de saber el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi nueve años.

Durante la presentación de su último informe de trabajo, el martes 25 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, cita a la que no llegó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, los especialistas dejaban más que evidente lo impenetrable que resulta el “núcleo duro” del Estado mexicano, es decir las Fuerzas Armadas, y que, ante la negativa a entregar información valiosa, la presencia del GIEI resultaba ociosa.

Ya en septiembre del año pasado, tras la crisis por la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) al Poder Judicial de cancelar 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, y la renuncia del titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, el GIEI se vio mermado con la salida de otros dos de sus integrantes, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, momento en que el grupo también denunció la falta de entrega de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Para resolver el caso se necesita de toda la información que el Estado ha tenido desde el día de los hechos para conocer el destino y paradero de los jóvenes o en su caso se supo, se hizo o se dejó de hacer… El músculo del Estado estaba presente y no protegieron. Saben y sabían lo que pasó… El riesgo que hemos enfrentado es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”, resaltaron los expertos en su mensaje final ante los padres y madres de los 43 normalistas y de la sociedad civil que acudió al Centro Cultural Universitario Tlatelolco

 A pesar de que esa misma mañana en su conferencia cotidiana el presidente López Obrador, atribuyó la salida de los expertos prácticamente a una decisión personal, los expertos insistieron en que la falta de transparencia de las Fuerzas Armadas los obliga a irse, sin que se cumpla la Medida Cautelar 409/2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio origen al GIEI, cuyo objetivo era esclarecer el paradero de los estudiantes.

“¿Qué va pasar de aquí en adelante? No sabemos, lo que no ha habido es una respuesta a nuestras demandas –apuntó Beristain en la sesión de preguntas y respuestas–. Hemos demandado que se pueda dar información que se sabemos que existe. Se han dado las órdenes, hay incumplimiento de eso. ¿Qué pasa con eso? ¿No hay consecuencias? No sabemos, pero no somos nosotros quienes vamos a poder hacer más en esa dirección.”

Si bien los expertos dejaron en claro que el caso no se cierra con su salida, por tratarse de una desaparición forzada, clasificada como un delito continuo que sólo concluye cuando se llega a la verdad, aunado a que dejaron de tarea a la UIELCA atender al menos “200 peticiones probatorias”, Beristain alertó que la dimensión del caso va más allá de saber qué ocurrió con los 43, en un país que rebasa las 111 mil personas desaparecidas.

“Se tiene que dar acceso a esa información; no solo la necesitamos nosotros, la necesitan los representantes, los padres, las madres, la necesita el país para poder esclarecer un caso, que no sólo es un caso de desaparición que toca un grupo determinado, sino que toca aspectos estructurales de funcionamiento de las instituciones y aspectos estructurales de la democracia en el país”, sostuvo.

Angela Buitrago hizo un recuento de las mentiras sobre las que fue construida la “verdad histórica” y que al GIEI le tocó desmontar, versión que fue sostenida “por más de 200 personas de seis corporaciones”.

Abundó sobre la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ubicaba como destino final la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula: “Fue construida sobre tortura (…) estamos hablando de una operación de falsificación de detenciones y partes (oficiales) en donde se ha demostrado judicialmente (…) que construyen un documento de presentación en donde autoridades dicen que ellos capturaron pero no capturaron,  ‘capturamos hoy’, cuando se detuvieron hace  tres días, y esa es una mentira histórica que se ha mantenido hasta hace muy poco (…) El control de la mentira estuvo de principio a fin”

Ante la contundencia de las pruebas en contra de la versión del basurero de Cocula, que siguen manteniendo a personas detenidas, Buitrago recomienda a la FGR “tomar serias decisiones sobre expulsar estas declaraciones que llevan al basurero de Cocula, no hay posibilidad ni jurídica ni legal de seguir hablando del basurero de Cocula”.

En conclusión, Carlos Beristain resaltó que el caso Ayotzinapa resulta emblemático porque “ha mostrado un modus operandi de una buena parte del aparato del Estado”, pero que el acompañamiento internacional para hacer una investigación efectiva y ubicar las falencias, y sobre todo que se resuelva, “es una palanca para el cambio, es una oportunidad para México, ojalá haya una reflexión colectiva sobre mecanismos de justicia en el país”.

Criminalidad y Estado

Tras la salida de los expertos, representantes de tres de las organizaciones que han acompañado a los padres y madres de los 43 en este largo caminar por la verdad y la justicia, el Centro de Derechos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro de Análisis e Investigación Fundar, analizan la relevancia del GIEI en el caso y el impacto que tienen para el país sus revelaciones.

En entrevistas por separado, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh; Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, y Humberto Guerrero, de Fundar, coinciden en valorar positivamente el trabajo del GIEI, a pesar de que no se llegó a la localización de los jóvenes.

Vidulfo Rosales Sierra considera que la gran contribución del GIEI fue evitar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el caso fuera cerrado con la “verdad histórica”, que concluía que los 43 fueron quemados en el basurero de Cocula, e incluso, “en los hechos se habían dejado de hacer búsquedas”, se había empezado a reprimir la movilización social que se oponía a la versión oficial, y “a generar un discurso que deslegitimaba lo que hiciéramos, cuando exponíamos que no cuadraba la tesis del gobierno”.

Acompañante permanente de los padres y madres en sus movilizaciones, Rosales Sierra reconoce que fue el GIEI a través de un peritaje científico el que demostró la inviabilidad de que el basurero de Cocula fuera el destino final de los jóvenes: “Con ellos surgen las líneas de investigación el trasiego de droga, de analizar la telefonía celular y la participación del Ejército como una línea que había que explorar, y en eso el GIEI abrió brecha”.

Agrega que, en su segundo mandato, con López Obrador en la Presidencia, “ya estaban las bases sentadas: los dos informes del GIEI, el informe de la ONU-DH sobre tortura de los detenidos y la sentencia de un Tribunal Colegiado de Reynosa. El gobierno no aportó más elementos”.

Sin demeritar la intención de López Obrador y de Alejandro Encinas para resolver el caso, dice Rosales Sierra, “lo que vemos es que la voluntad no basta, topa frente a las Fuerzas Armadas y la permanencia de personas que fabricaron la verdad histórica dentro de la FGR”.  

Desmiente los dichos del presidente en el sentido de que su gobierno ya sabe qué pasó con los estudiantes, pues “no hay elementos que le expliquen a los padres y madres de los 43 por qué hubo un operativo de Estado de tal magnitud para desaparecer a sus hijos. Las hipótesis que hay en el expediente de que los confundieron con miembros de un grupo de narcotráfico rival o que fue porque tomaron por equivocación un camión cargado con droga, no alcanza a explicar la saña contra ellos, menos ahora que sabemos que el Ejército tenía infiltrados a los estudiantes”.

Para el director del Centro Prodh, una de las grandes aportaciones del GIEI es haber “radiografiado” el sistema de justicia mexicano “y cómo funcionan los mecanismos de impunidad en el país”.

Desde su punto de vista su labor resulta relevante en su pelea por tener acceso a las intervenciones que hizo el gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia antidrogas (la DEA), de comunicaciones entre miembros de la pandilla Guerreros Unidos durante el periodo en el que ocurrió la desaparición masiva. 

“El aporte con las escuchas de Chicago es inédito. Gracias al GIEI y al seguimiento que después le hizo el fiscal para el caso, lograron acceder a intervenciones de comunicación de un grupo criminal que muestran de manera muy contundente los vasos de comunicación entre la criminalidad y el Estado”, destaca Aguirre.

El director del Centro Prodh recuerda que, entre las comunicaciones intervenidas, se logró identificar vínculos entre miembros del grupo criminal con mandos militares de Iguala, de los batallones 41 y 27, lo que “nos retrata una realidad de que, no es del pasado sino que es del presente, el Ejército no ha cambiado y es una advertencia a futuro de lo que puede pasar con el país si se sigue militarizando sin contrapesos ni controles”.

Apunta que lo que puso de manifiesto la salida del GIEI ante la falta de información del Ejército es que, “efectivamente, el Ejército es un obstáculo para la transformación del país, que se le ha dado todo: presupuesto, facultades, protección discursiva, confianza… pero que a cambio no ha dado nada, ni en el tema de ‘guerra sucia’ ni en Ayotzinapa”, asuntos para los que López Obrador ha creado comisiones especiales.

“Si en estos casos, con la atención que le ha puesto la actual administración, sigue sin rendir cuentas, qué se puede esperar en otros casos de violaciones a derechos humanos cometidos por Fuerzas Armadas que se siguen presentando, incluyendo los cometidos por la Guardia Nacional”, cuestiona Santiago Aguirre.

A su vez, Humberto Guerrero indica que, con su salida, el GIEI manda “un mensaje muy contundente a toda la sociedad mexicana: cuidado con las Fuerzas Armadas, tienen un poder real que está impidiendo el avance en la investigación del caso Ayotzinapa, pero seguramente también de algunos otros casos que no tienen todo el respaldo político y de asistencia técnica que tiene el de Ayotzinapa, desde sociedad hasta aliados dentro del gobierno. Y aún así no se puede con el Ejército”.

El abogado de Fundar llama a estar atentos a lo que hará el presidente López Obrador, más allá de que públicamente ha salido a defender a la Sedena y Semar, al sostener que han colaborado con la indagatoria:

“Vamos a ver si utiliza un poco del resto de legitimidad que le queda para mover algo dentro de las Fuerzas Armadas o si esto se queda así, si este último escenario es el caso, e insiste que se puede buscar información por otras fuentes, nos abre una perspectiva muy oscura como país.

“Si este presidente, que afirma que las Fuerzas Armadas tienen un control civil porque él es civil, y con sus niveles de legitimidad no logra hacer mover cosas al interior, queda en entredicho su afirmación y deja al país en una encrucijada. ¿Qué nos espera con alguna presidencia que no tenga los niveles de popularidad y legitimidad como los de López Obrador”.