CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los expertos internacionales que llevan ocho años investigando la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México cerraron el martes su trabajo en el país denunciando obstáculos a sus pesquisas y con un nuevo informe en el que, según afirman, se exponen las mentiras y ocultamiento de datos por parte de las Fuerzas Armadas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), ya sólo integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago, sale así del país sin poder aclarar cuál fue el destino de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Sin embargo, consideró que el informe ofrece nuevas pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes y de la Marina en el ocultamiento del crimen, por ejemplo, mediante “operativos clandestinos” que pudieron conllevar presuntas ejecuciones extrajudiciales. Confió en que los nuevos datos tengan consecuencias legales en la investigación.

“Se hace imposible continuar", aseguró Beristain. “El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad” y hay riesgo de “que la mentira se institucionalice como respuesta”, agregó. Todo ello a pesar de que durante esta administración hubo un compromiso presidencial para esclarecer el caso, refirió.

El informe cruza información procedente de un análisis de telefonía de 500 llamadas, documentos, fotografías, videos, declaraciones y entrevistas a testigos y afirma que la Marina realizó “un operativo de inteligencia de carácter reservado” desde el día siguiente al ataque a los estudiantes del que nunca informó y que llevó a cabo detenciones y torturas “con resultado de muerte de algunos detenidos y sin que se conozca el destino y paradero de otros”.

Los expertos pidieron investigar dos posibles ejecuciones extrajudiciales y cinco desapariciones, todas aparentemente de supuestos delincuentes.

Encontraron una foto de dos cadáveres maniatados con vendas similares a las que se ven en videos de detenciones de la Marina e informes oficiales de dos muertes sin explicar así como fotos de otros detenidos vivos siendo interrogados y que luego no fueron puestos a disposición de la fiscalía y su paradero no se conoce. La información fue corroborada con testimonios de un testigo protegido.

El grupo afirmó que estas acciones, así como la manipulación de pruebas clave, fueron parte del intento de autoridades por ocultar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías locales capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.

“Todas las corporaciones del Estado” participaron en la desaparición de los jóvenes con “distintos niveles de responsabilidad", aseguró Beristain.

La actual Fiscalía General de la República ya abrió proceso penal a más de una docena de militares por desaparición forzada y ha enjuiciado, entre otros funcionarios, al ex procurador general Jesús Murillo Karam, por desaparición, tortura y obstrucción a la justicia creando una versión oficial que resultó falsa.

Pero no ha informado de la detención de ningún marino aunque acusó a dos de tortura tras informes previos del GIEI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El móvil sigue sin estar claro pero se ha afianzado la idea de que está vinculado con el tráfico de heroína de un cártel que operaba en colusión con autoridades y militares, según información que llegó de la colaboración de México con autoridades estadounidenses.

“Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado”, denuncia el GIEI, lo que habla de "altas instancias del Estado como parte del crimen organizado”, agrega.

El nuevo peritaje de llamadas presentado por los expertos de la CIDH confirma un mayor protagonismo del Ejército en los hechos porque muestra la presencia de militares en sitios clave en los que negó haber estado.

Evidencia además cómo la Secretaría de la Defensa controló las comunicaciones durante toda la noche —incluidas las que realizaban miembros del crimen organizado a quienes tenían interceptados—, en parte porque su entonces jefe, el general Salvador Cienfuegos, así lo había ordenado para tener vigilados a unos estudiantes que consideraba subversivos, según uno de los documentos hallados.

Los alumnos de Ayotzinapa solían protagonizar protestas violentas y acudieron a Iguala a llevarse unos autobuses para usarlos en una manifestación. Aparentemente, pudieron tomar uno que contenía droga o dinero. Después de que los jóvenes fueron bajados de él ese vehículo, el autobús desapareció. Había militares en uno de los controles que cruzó, constató el GIEI.

Algunos de los documentos militares obtenidos por el grupo muestran graves incongruencias como el hallazgo del cuerpo torturado y desollado de uno de los estudiantes, que fue reportado por miembros de dos batallones distintos en dos lugares diferentes. El punto que no se hizo público hasta ahora está al norte de Iguala.

Otros muestran cómo mandos militares pidieron “juntas para acordar las respuestas” cuando el GIEI pedía documentos o información.

Tambien ofrecen reportes de fosas o del traslado de once estudiantes —no se sabe si vivos o muertos- hacia la capital del estado sin dar seguimiento posterior a la información.

El presidente Andrés Manuel López Obrado quiso dar un nuevo rumbo a la investigación, al declarar el ataque “un crimen de estado”, instalar una Comisión de la Verdad y ordenar a las Fuerzas Armadas que abrieran todos sus archivos tanto a la Comisión como al GIEI y la fiscalía.

Pero las pesquisas sufrieron contantes vaivenes y bloqueos y el último informe de los expertos es un cúmulo de nuevas preguntas sin responder que “perpetúan la impunidad, bloquea el acceso a la verdad” e implica un “maltrato psicológico a las víctimas”, según los expertos.