CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la Fiscalía General de la República (FGR) la detención de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto sicario de Guerreros Unidos, se trató de un “rally delictivo de tortura”, mientras que la defensa de Gualberto Ramírez, exmando de la PGR, dijo que sólo se trató de un interrogatorio.

“No es lo mismo la realización de toques eléctricos en los genitales, que entrevistas”, señaló uno de los abogados de Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la extinta PGR.

En la continuación de la audiencia inicial contra Gualberto Ramírez, celebrada el pasado 1 de julio, en la que el exfuncionario fue vinculado a proceso por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, fueron dados a conocer diversos detalles sobre el manejo que hizo la extinta PGR en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas para crear la llamada “verdad histórica”.

La AIC, un centro clandestino de detención

Durante el debate que sostuvo la defensa del exfuncionario con la FGR, los fiscales encargados del caso señalaron que las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que encabezaba Tomás Zerón, en Casa de Moneda 333 en la alcaldía Miguel Hidalgo, eran un verdadero “centro clandestino de detención”.

Los fiscales detallaron que en el inmueble no había un ministerio público para vigilar la legal detención de las personas, ni contaba con celdas para el resguardo adecuado de los detenidos.

Incluso, cuando el juez Juan José Hernández Leyva emitió su resolución en la que vinculó a proceso a Ramírez Gutiérrez, señaló que el día de la detención de “El Cepillo”, el 16 de enero de 2015, de la 01:55 a las 03:33 de la madrugada el inmueble de la AIC se convirtió en una casa de seguridad en la que el hombre identificado como sicario de los Guerreros Unidos fue incomunicado y torturado.

El juzgador recordó que hechos como estos ocurrían en la Dirección Federal de Seguridad, creada en 1946 en el sexenio de Miguel Alemán Valdés y cuya época de mayor actividad en la que fueron cometidos diversos crímenes de Estado fue la Guerra Sucia.

La FGR indicó que en el año 2015, Gualberto Ramírez era la persona con mayor grado jerárquico de la SEIDO, después del entonces subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y que en otro caso relacionado con el del exfuncionario otro juez del mismo Reclusorio Sur consideró que la forma en la que operó en aquél entonces la PGR se trató de una empresa criminal.

"Venimos buscando cobre y encontramos oro. Un juez de este mismo Centro de Justicia Penal Federal nos dijo que se trató de una empresa criminal", indicó la fiscal Lidia Bustamante Vargas.

Para acreditar que Gualberto Ramírez debe permanecer en prisión preventiva, los fiscales dieron a conocer que una de las testigos del caso, Érika Ramírez Ortiz, agente del ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), recibió una amenaza telefónica.

Y que el exmando de la PGR recibe apoyo jurídico de parte de su novia, Claudia Fabiola Anaya Hernández, directora de la Coordinación Nacional del Servicio de Asesoría Jurídica del Instituto Federal para la Defensoría Pública (IFDP), quien además tiene contactos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que trabajó ahí de marzo de 2019 a junio de 2020 como directora de Asesoría Jurídica.

Defensa minimiza actos de tortura

José Joaquín Zapata Altamirano y Héctor Humberto Venegas, abogados de Gualberto Ramírez, acusaron que la FGR acumuló delitos en contra del exmando de la PGR para generar una sentencia alta y un caso más escandaloso.

Destacaron que su cliente siempre tuvo como prioridad la localización de los normalistas y que llegó a indicar a sus colaboradores “todos somos Ayotzinapa”, como muestra del compromiso que afirmó tener con la investigación.

Pero que el juicio tiene carácter político ya que fue en el cambio de gobierno que las declaraciones de las víctimas y testigos cambiaron, por lo que consideraron que su cliente es “perseguido político”.

A esto, el juez Juan José Leyva respondió que no es un delito de carácter político y el poder judicial no tiene interés en perseguir a una persona.

Añadieron que la FGR violó los acuerdos de confidencialidad y seguridad nacional entre la institución y el Centro Nacional de Inteligencia, pues aportaron como dato de prueba un disco de dos TB con videos, audios e información del entonces Cisen relacionado con la detención de “El Cepillo”, mismo que revisaron antes de pedir autorización judicial para obtenerlo.

Intentaron que la causa penal contra su cliente fuera declarada sin materia porque dijeron que el exfuncionario debió ser juzgado en el sistema de justicia tradicional y no en el acusatorio, por la época en que ocurrieron los hechos.

Pero el juzgador les indicó que ese alegato pueden hacerlo valer hasta el juicio, no en este momento preliminar.