CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En sus primeros dos años la institución encargada de la compra consolidada de los medicamentos destinados al sistema de salud pública, la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), no sólo resultó incapaz de surtir las claves de medicamentos destinados al IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, también incurrió en una serie de irregularidades en adjudicaciones multimillonarias, las cuales incluyen falta de documentación en los expedientes, contratación de empresas inhabilitadas, pagos indebidos y compras a sobreprecios.

Entre estas irregularidades, enumeradas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el informe de resultados de la auditoría 2025-02-0IC-12-277-MD-001 —elaborado en diciembre pasado—, destaca la adjudicación, en 2025, de 423 claves de medicamentos por 49 mil 738 millones de pesos a nueve proveedores que no entregaron los documentos requeridos, lo que “debió ser causa de desechamiento”, según determinó el Órgano Interno de Control (OIC).

Uno de estos proveedores era Laboratorios Pisa, la principal vendedora de medicamentos al gobierno federal, que celebró contratos por 19 mil 330 millones de pesos con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo el año pasado. El OIC también descubrió que Birmex adjudicó una clave de medicamentos a Laboratorios Pisa, a pesar de que la empresa la había ofertado, lo que en opinión de los auditores incumplió con “la legalidad y transparencia”.

Otro de los proveedores que Birmex contrató de manera irregular era Bioresearch de México, compañía a la que la paraestatal había comprado 34 claves de medicamentos, por 26 mil 442 millones de pesos.

En otro caso, que se remonta a 2024, la Secretaría Anticorrupción detectó que la empresa Zurich Pharma, SA de CV, había suscrito cartas de respaldo para las adjudicaciones a otras dos empresas —Farmadescuento y Proquigama— mientras se encontraba inhabilitada, y en varias adjudicaciones, la dependencia halló que Birmex dio contratos a empresas con precios más altos que sus rivales, o compró insumos a sobreprecio.

Y no sólo esto: al revisar 25 de los 156 procedimientos de contratación de compras consolidadas de medicamentos realizados por Birmex entre enero de 2024 y julio de 2025, el OIC encontró que la dependencia ofreció cifras erróneas en el momento de justificar su decisión de adjudicar directamente ciertos contratos en lugar de pasarlos por un proceso de licitación pública.

Los hallazgos demoledores del OIC respecto a las contrataciones de medicamentos para 2025 y 2026 eran de esperarse: en marzo pasado, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya había advertido la existencia de sobrecostos de hasta 13 mil millones de pesos en las adjudicaciones de Birmex, a los que se sumó la incapacidad de adquirir todas las claves de medicamentos e insumos médicos.

En abril la funcionaria había tomado la decisión drástica de declarar la “nulidad total” del proceso de licitación de compra consolidada debido a un “vicio de origen” y empezarlo desde cero, y de investigar a los funcionarios y a 16 empresas farmacéuticas involucrados en los procesos de compra con irregularidades.

Remociones

Buenrostro no fue la única en detectar problemas graves en la gestión de Birmex: el despacho A. Franck y Asociados, contratado para realizar una auditoría externa a las cuentas de 2024 de la empresa paraestatal, se negó a elaborar un informe dado que Birmex no le proporcionó “cifras confiables” que permitan “verificar si todas las operaciones fueron registradas contablemente”.

El 10 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo removió de la dirección general de Birmex a Iván Olmos Cansino, al que ella misma había nombrado cinco meses antes —y quien había heredado Birmex con “problemáticas” contables de la administración anterior, según el despacho A. Franck y Asociados—, y lo sustituyó por Carlos Alberto Ulloa Pérez, uno de sus incondicionales desde sus tiempos como titular de la Secretaría de Medio Ambiente en la administración capitalina de Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente diputado de la Ciudad de México por Morena con licencia, Ulloa sacó a gran parte del equipo de directivos de Birmex —incluyendo a la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López Juárez— y nombró en cargos clave de la paraestatal a algunos de sus excolaboradores en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) durante el gobierno capitalino de Sheinbaum.

Pero el otrora secretario particular de Claudia Sheinbaum no tuvo más éxito que su antecesor: apenas en diciembre pasado Birmex reconoció que no pudo adquirir mil 26 claves de medicamentos e insumos de salud de la compra consolidada 2025-2026, poco menos de la mitad de las 2 mil 29 claves que buscaba conseguir en el mercado para surtir de medicamentos e insumos de salud al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina, el IMSS-Bienestar y los hospitales federales de referencia y los institutos nacionales de Salud del país.

Auditoría

Nombrada al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro no tardó en poner la lupa sobre la compra consolidada de medicamentos: el 23 de enero de 2025, el OIC abrió una investigación sobre los procesos de adquisición y le dio el “enfoque de combate a la corrupción”, con el argumento de que la compra de medicamentos “es considerada con un alto riesgo de impacto y una alta probabilidad de ocurrencia”.

La funcionaria conoció en primera persona la complejidad de las compras de medicamentos cuando era titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En aquel entonces, Buenrostro denunció la existencia de un oligopolio de empresas que concentraba las ventas de medicamentos al gobierno federal y exhortó a investigar presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias.

Acto seguido, López Obrador vetó a las tres principales abastecedoras gubernamentales: Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo.

Además de vetar a empresas, López Obrador encargó a Buenrostro la centralización de la compra de medicamentos para todo el sector salud. Posteriormente lo intentó con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) en una caótica alianza con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y luego ordenó que la Secretaría de Salud (SSA) se hiciera cargo.

Como Proceso lo documentó a lo largo del sexenio pasado, todas las instituciones fracasaron ante el reto de las compras consolidadas, lo que provocó un problema crónico de desabasto de medicamentos, que la llamada Cuarta Transformación no ha podido resolver.

El 22 de diciembre de 2023, después de los tres intentos fallidos —y costosos— de López Obrador por centralizar la compra de medicamentos, el mandatario emitió un decreto a través del cual encargó a Birmex la tarea titánica de asegurar “la cadena de suministro de los medicamentos e insumos para la salud, con la finalidad de que el Estado mexicano asegure y garantice el abasto a la población”.

El tabasqueño también entregó a Birmex la administración de la llamada “Megafarmacia del Bienestar”, el almacén de 94 mil metros cuadrados ubicado en un predio de Huehuetoca —que la empresa Liverpool vendió al gobierno federal por 3 mil 500 millones de pesos—, la cual tenía como propósito distribuir millones de medicamentos en cualquier hospital o clínica del país en un plazo de 24 a 48 horas.

Esta paraestatal, creada en 1999 para producir vacunas, no contaba ni con la estructura ni con la experiencia para salir a los mercados en búsqueda de productos al mejor precio; su director, el general de División en retiro Jens Pedro Lohmann Iturburu, tampoco tenía conocimiento de una tarea tan complicada, y dejó una gestión con graves problemas, detectado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el antiguo nombre de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En 2023, la dependencia detectó que el equipo del militar en retiro había reportado al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) apenas 4 mil 232 millones de pesos de egresos, cuando en realidad había gastado 8 mil 612 millones de pesos, lo que hacía imposible “emitir una opinión razonable sobre las contrataciones públicas”.