CIUDAD DE MÉXIO (apro).- La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) lamentó que las Fuerzas Armadas no entregaran a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) información del caso Ayotzinapa “para profundizar sus investigaciones”.

La negativa, señaló el Alto Comisionado, se dio a pesar de la voluntad política expresada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de apoyar a los especialistas y dar respuestas a los familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada a finales de septiembre de 2014.

En la presentación del último informe del GIEI, sus integrantes Ángela Buitrago y Carlos Beristáin anunciaron que dejarían el país ante las negativa de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a proporcionar documentos relevantes para el caso.

La ONU-DH reconoció que el trabajo de los expertos confirmó que la llamada “verdad histórica” fue diseñada “con base en pruebas ilícitas, como la tortura”, coincidiendo con ello con la ONU-DH en su informe “Doble Injusticia”.

Llamado a las autoridades mexicanas

Al señalar que los esfuerzos del GIEI han impactado no sólo en la dignificación de la lucha de los padres y las madres de los normalistas desaparecidos, sino que han aportado “elementos de análisis sobre el funcionamiento del sistema de procuración y administración de justicia en México”, la ONU-DH llamó a las autoridades a acatar las recomendaciones plasmadas en el último informe.

“La ONU-DH alienta a las autoridades a implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México”, apuntó el organismo en un comunicado.

Añadió que el término del mandato del GIEI compromete a las autoridades del país a “retomar las recomendaciones de los organismos internacionales y los más altos estándares de derechos humanos en la materia”.

En ese compromiso, abundó, tendrían que estar involucradas “todas las autoridades a fin de esclarecer la verdad acerca de lo sucedido, dar con el paradero de los estudiantes, reparar a las familias y sancionar debidamente a los perpetradores y a todos aquellos actores que han afectado u obstruido las indagatorias”.

Reconocimientos

La ONU-DH reconoció la lucha de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, así como los esfuerzos de las organizaciones que las acompañaron en su exigencia por verdad y justicia, lo que “ha permitido la instauración de medidas innovadoras y aportes fundamentales en la defensa de los derechos humanos”.

El organismo internacional advirtió que “seguirá de cerca los resultados de las investigaciones y demás acciones que tome el Estado”, y refrendó su compromiso de seguir acompañando a las familias “y demás actores sociales e institucionales interesados en su pleno esclarecimiento, mediante su asistencia y colaboración técnicas y con base en el diálogo y la interlocución directa”.