CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) amplió su mandato tres meses más para continuar con las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su informe titulado “Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa”, los expertos Angela Buitrago y Carlos Beristain, hicieron un recuento de los informes presentados y reiteraron la falta de colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) así como del Centro Nacional de Inteligencia (CIN), para proporcionar información que lleve al esclarecimiento del caso.

Los expertos se quejaron de la resistencia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para reactivar al menos seis de las 21 órdenes de aprehensión canceladas el año pasado, 16 de las cuales involucran a personal militar.

Entre la  información que la Sedena ha negado entregar al GIEI y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), está la documentación sobre la intervención de comunicaciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos en momentos clave de la desaparición; los reportes del personal militar infiltrado, conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBI’s), en la normal de Ayotzinapa durante y después de la desaparición de los estudiantes; el resultado de las investigaciones en el fuero militar relacionadas con el caso; el acceso al personal militar con información, entre otros temas.

En el caso de la Semar, se han negado las solicitudes para esclarecer los actos de tortura contra presuntos implicados cometidos por personal, situación que también ocurre en el caso del CIN que ha restringido la información sobre la participación de  personal del extinto Centro de  Información y Seguridad Nacional (Cisen) durante los hechos de desaparición y después en los interrogatorios de los implicados, aludiendo razones de “seguridad nacional”.

Sedena rechaza tener información

El informe refiere que a las peticiones de la información para su judicialización “la respuesta de la Sedena ha sido que no existe esa información, que no se realizan intercepciones telefónicas ni monitoreos, que se desconoce los autores de las transcripciones y reportes”.

Se agrega:

“Ninguna de esas respuestas se corresponde con la realidad que está en documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala y el DNI (Defensa Nacional Comando General), EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional) y CMI (Centro Militar de Inteligencia), Sedena ha negado la existencia de los mensajes como propios e incluso la existencia del CRFI de Iguala que llevó a cabo estas y otras acciones, a pesar de que numerosos mensajes y documentos así lo acreditan”.

De acuerdo al documento, “el GIEI ha puesto de conocimiento de la fiscalía dichas respuestas para que se investigue a los responsables de dichas comunicaciones que ocultan la verdad y que muestran una respuesta negativa a las órdenes del propio presidente de México de que se debe proporcionar toda la información existente que ayude a la investigación y búsqueda de desaparecidos”.

Sobre los cientos de capturas de pantalla que presentó en agosto la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que describirían la ejecución y desaparición de los estudiantes, se explica:

“Para el GIEI los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital y no es posible garantizar la originalidad de las capturas de pantalla que se presentaron como prueba en dicho informe, dada la inconsistencia de los metadatos y otros aspectos clave de los mensajes que demostró un peritaje encargado por el GIEI a un experto en “informática forense”, que habría sido entregado a la fiscalía a la CoVaj y a los representantes.

Se advierte que como se señaló en 2022, “las características de esos mensajes contrastan enormemente con las de los mensajes PIN de las escuchas telefónicas y mensajes de Chicago, que muestran el tipo de comunicaciones que tenían efectivamente los miembros del grupo criminal”.

Denunciaron que a cinco meses de entregados los supuestos aparatos de lso que salieron los mensajes, no se han analizado los dispositivos ni se ha investigado la forma en que llegó a supuesta información.

En el informe los integrantes del GIEI resalta que 75 personas están siendo procesadas por el caso y formula algunas recomendaciones para rencausar la investigación y fortalecer los señalamientos contra los presuntos implicados, tanto en la desaparición, como de la construcción de la “verdad histórica”, y los hechos de tortura.