CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las 300 principales organizaciones no gubernamentales de México sostienen que la “alarmante” crisis de derechos humanos que atraviesa el país “se ha profundizado” durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en parte porque éste se ha dedicado a “negarla del todo, aludiendo a que en México ya no se violan derechos humanos”, lo cual “ha exacerbado la situación y ha generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos”.

En un paquete de 17 informes publicado hoy, y que presentarán en enero próximo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Examen Periódico Universal (EPU) de México, las organizaciones hicieron un retrato demoledor sobre la situación de los derechos humanos en el país, con énfasis en la impunidad generalizada, los ataques del poder contra la sociedad civil, la militarización de la vida pública y el debilitamiento de las instituciones, que contrasta con el discurso triunfador del gobierno federal.

Así, las organizaciones recordaron que más de 158 mil homicidios dolosos han sido registrados entre diciembre de 2018 y junio de 2023, con un promedio de 85 asesinatos por día, y que 40 mil personas desaparecieron durante esta administración, llevando la cifra total a más de 111 mil. Señalaron que la tasa de impunidad en homicidio doloso rebasa el 96.9%, que en el caso de las desapariciones forzadas alcanza 98.9%, con apenas 36 sentencias condenatorias emitidas.

El informe general echó abajo el discurso que reduce los asesinatos a enfrentamientos entre bandas criminales, pues recalcó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportaron 901 civiles abatidos, con altas tasas de letalidad, mientras que al menos 962 civiles murieron por agentes de seguridad estatales y municipales. Aparte, de acuerdo con el informe, durante el sexenio actual se siguieron cometiendo ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, de los que se reportaron más de 9 mil 500 quejas.

Las 300 organizaciones condenaron los ataques “constantes” de López Obrador contra “organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales”; lo anterior, en un contexto de violencia “recrudecida” contra los activistas, con 106 defensores de derechos humanos, 59 periodistas, 10 buscadores de desaparecidos y 82 activistas ambientales asesinados desde 2018.

A los asesinatos se suman las acciones de hostigamiento, o el espionaje perpetrado por el Ejército contra periodistas y defensores de derechos humanos con el spyware Pegasus, que el gobierno de López Obrador “negó”, a pesar de las evidencias que fueron publicadas, entre otros por Proceso.

Las organizaciones resaltaron su alarma por el hecho de que López Obrador haya entregado a las Fuerzas Armadas más de 240 tareas ajenas a su función, como la construcción y administración de obras públicas –como el Tren Maya–, la implementación de la política migratoria, la entrega de programas sociales o la gestión de aduanas, aeropuertos y puertos, así como la absorción de la Guardia Nacional y el manejo de las labores de seguridad pública hasta 2028.

También denunciaron que la estrategia de seguridad del gobierno federal se base en el uso generalizado de la prisión preventiva, en violación a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: de abril de 2020 al mismo mes de 2023, el número de personas encarceladas bajo esta figura aumentó de 80 mil 405 a 93 mil 571.

A nivel institucional, el informe deploró que una serie de “contrarreformas” a la Fiscalía General de la República (FGR) derrumbaron los esfuerzos de la sociedad civil para abrir la institución al escrutinio público y volvieron más opaca la operación de la institución, que aparte fue desvinculada de las labores de búsqueda de personas desaparecidas. La ambiciosa reforma que desapareció la Procuraduría General de la República (PGR) no resolvió el problema de ineficiencia de la institución, que deja sin investigar nueve de cada diez denuncias.

Las organizaciones resaltaron que, en este contexto de deterioro derivado de la violencia, el gobierno de López Obrador haya emprendido una serie de ataques contra los organismos autónomos encargados de velar por derechos humanos.

Entre las instituciones que fueron debilitadas por el gobierno, destacaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) –cuya presidenta, Rosario Piedra Ibarra, tomó decisiones para el “respaldo de la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución” –, así como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Sistema Nacional de Atención a Víctimas o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre otras.

De manera general, las organizaciones exhortaron el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a observar el “incumplimiento en lo sustantivo” del Estado mexicano y a pronunciarse sobre “las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos”.