CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF) propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prioriza los programas sociales y proyectos de infraestructura, pero deja a un lado la reducción de las extremas desigualdades y la realización de los derechos humanos, advirtió Fundar: Centro de Análisis e Investigación.

De entrada, el organismo señaló que en el ejercicio fiscal en curso, la federación dejará de percibir cerca de 1.33% del PIB como consecuencia de los beneficios fiscales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Estos recursos podrían recaudarse y redistribuirse en favor de políticas redistributivas en 2024, en lugar de entregarse a las grandes empresas e individuos de altos ingresos. De cara al crecimiento del nearshoring proyectado para el siguiente año, resulta crucial que este tipo de beneficios fiscales sean regulados cuanto antes”, consideró.

Presupuesto limitado para víctimas y desaparecidos

Fundar detectó que en el Paquete Económico 2024 se prevé un presupuesto prácticamente idéntico al del PPEF 2023 para la búsqueda de personas desaparecidas (0.02% más para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con un presupuesto de mil 149 millones de pesos y 1.6% más para la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, con un presupuesto de 23 mil 500 millones de pesos.

Mientras que en materia de tortura, presenta un descenso de 19% respecto de los recursos que tuvo la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura en 2023, con un total de 24 mil 900 millones de pesos para 2024.

Contrario a estas tendencias de incrementos inerciales en materia de desaparición y de descenso en materia de tortura, la incidencia de estos delitos y de violaciones graves a los derechos humanos ha ido al alza, por lo tanto, los recursos destinados para su atención deberían incrementarse de manera progresiva.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tendría un presupuesto de mil 113 millones de pesos, un aumento de 0.5% respecto de 2023.

Sin embargo, matizó el análisis, este aumento se ve reflejado principalmente en materia de servicios personales, mientras que el presupuesto para medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos, equivalente a 633 millones de pesos, se mantiene en los mismos niveles que en 2023.

Mientras que el presupuesto para 2024 de las instituciones anticorrupción presenta ligeros ajustes a lo presentado en 2023.

Las instituciones que tuvieron un incremento en el PPEF 2024 son la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con 10.24%, le sigue el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con 6.46% y la Secretaría de la Función Pública (SFP) con 1.83%.

No obstante, hay una disminución a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de 4.58% en términos reales, lo cual es preocupante dada la magnitud de los asuntos que tiene que resolver en materia de investigación, prevención y persecución de los delitos de corrupción.

“Esta disminución pone en riesgo de que se afecte aún más la operatividad y el adecuado cumplimiento del mandato de la FECC”, advirtió.

Medio ambiente con reducciones

Por el lado del medio ambiente, Fundar destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá un recorte de 7.1%, “lo cual mantiene la tendencia regresiva de recortes al sector ambiental durante esta administración, que trae consecuencias graves para la garantía del derecho a un medio ambiente sano de toda la población”.

El presupuesto proyectado para la Semarnat, equivalente a 70 mil 245 millones de pesos, equivale apenas a 15% de los recursos propuestos para Pemex, empresa que a pesar de la inyección inédita de recursos que ha recibido del gobierno federal, no ha logrado revertir la caída sostenida de las reservas y de la producción petrolera.