CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vestíbulo del Salón Revolución del Palacio de Cobián de la Secretaría de Gobernación (Segob) amaneció el último día de junio cubierto de mantas en las que se denunciaban desapariciones de personas, detenciones arbitrarias y torturas atribuidas a agentes policiacos de San Luis Río Colorado, Sonora.

Las mantas sirvieron como colchonetas para la defensora Martha Solórzano Martínez y Dora Espinoza, tía del joven Rafael Gaspar Alvarado Espinoza, desaparecido desde el 5 de febrero tras ser detenido por agentes de la policía municipal de San Luis Río Colorado.

Ambas mujeres habían tratado de conciliar el sueño sobre las frías baldosas del edificio gubernamental que ocupaban en protesta ante la resolución de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de retirar las medidas de seguridad que Solórzano tenía hace más de cinco años, entre ellas el apoyo de dos escoltas.

“Si regreso a San Luis (Río Colorado), me matan”, dice Solórzano en entrevista con Proceso desde el refugio de Casa Xitla, espacio de la sociedad civil que acogió a la defensora después de que se quedó en el limbo, sin protección del Mecanismo y engañada por el director general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jesús Robles Maloof, quien le prometió una ayuda que no llegó.

Abaratando costos

El retiro de medidas de protección para Solórzano se encuadra en una política de ahorro de recursos impulsada por el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Enrique Irazoque.

Esa política “pretende eliminar las medidas más costosas, como los refugios y los guardias de seguridad, o bien retirar las medidas a beneficiarios que llevan mucho tiempo con ellas”, sostiene Alberto Xicoténcatl, integrante del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección.

El jueves 29, Martha Solórzano acudió a una sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo en la que se analizaría su caso, después de casi cinco años sin revisión del análisis de riesgo.

“El 17 de junio llegó a mi domicilio una analista del mecanismo para realizar un análisis de riesgo; fue una sesión de unos 20 minutos en los que la funcionaria, Diana Karina Serrano, me entrevistaba y al mismo tiempo atendía llamadas.

“Aproveché para pedirle que cambiara a uno de los guardias, pero ya en la sesión de la Junta de Gobierno la analista mintió y puso palabras en mi boca; asentó que yo había dicho que no quería a los guardias porque me ponían más en riesgo, cuando nunca dije eso”, contó la defensora, víctima de atentados, detenciones arbitrarias y tortura por denunciar a policías corruptos del gobierno municipal del morenista Santos González Yescas.

En una votación empatada, en la que sólo los representantes de la sociedad civil respaldaron mantener las medidas de protección para Solórzano, la defensora preguntó a los integrantes de la junta, que guardaban silencio:

“He denunciado a más de 100 policías municipales por corrupción, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, algunos han sido procesados, pero otros siguen ahí, activos, impunes. ¿Ustedes creen que si regreso a San Luis Río Colorado voy a estar segura?”

Después de la sesión, en la que se le dijo que su caso sería llevado a una sesión plenaria, Martha insistió en permanecer en la Ciudad de México hasta que se resolviera el asunto, de ahí que recibió el ofrecimiento del quinto visitador de la CNDH, Jesús Robles Maloof, de que le encontraría un refugio, ante la negativa de Segob de solventar su estancia en la ciudad.

“El visitador me estuvo dando largas, y el domingo me dijo que le llevara una denuncia por violencia intrafamiliar para que me pudiera ingresar a un refugio. ¿De dónde voy a conseguir una denuncia de esas, si ni marido tengo? Es realmente indignante, porque Robles Maloof sabe perfectamente que estoy en la Ciudad de México porque Enrique Irazoque me quitó la protección y si voy a San Luis me matan”, apunta.

El patrón de Irazoque

Alberto Xicoténcatl sostiene que desde la llegada de Irazoque como titular de la Unidad de Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección “hay un patrón de cerrar casos o retirar las medidas más costosas, como los refugios y las escoltas, como una medida para ahorrar recursos”.

Director de la Casa del Migrante de Saltillo, Xicoténcatl destaca que en los análisis de contexto en muchos casos no hay argumentos sólidos para tomar esa decisión, sobre todo en los que prevalecen contextos de violencia criminal, “pero los representantes de las instituciones que conforman la junta de gobierno, incluidos los de la CNDH, apoyan las decisiones de la Segob”.

El defensor asegura que “en la Junta de Gobierno del Mecanismo las decisiones se están tomando por votación mayoritaria, y no porque haya realmente un razonamiento con perspectiva de derechos humanos, que busque proteger a defensores y periodistas”.

Caso Rafael Gaspar

La más reciente denuncia que ha acarreado amenazas de muerte a Martha Solorzano y a Dora Espinoza se relaciona con la desaparición de Rafael Gaspar, caso en el que están involucrados agentes municipales bajo el mando del director de Seguridad Pública, Gerardo Camacho Ramírez.

El hoy mando policiaco fue integrante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, y hace siete años fue sujeto a investigación por denuncias de abusos que presentó Martha Solórzano.

Dora Espinoza, quien forma parte de la red de apoyo ciudadano de Solórzano, cuenta en entrevista que el 17 de enero policías municipales llegaron a una casa de su propiedad, que en ese momento habitaban su sobrino y su pareja, alegando que habían recibido una denuncia anónima de que en el lugar había armas.

“Mi sobrino les dijo que era un error, que en esa casa no había armas y que, si hubiera alguna denuncia, los soldados o la Guardia Nacional son quienes suelen acudir a esos llamados; los policías lo amenazaron con detenerlo y le dijeron que, si no quería tener problemas, les tenía que dar 100 mil pesos, a lo que, por supuesto, se negó mi sobrino, por lo que los agentes entraron y causaron destrozos.

“Mi casa tiene cámaras de seguridad conectadas a mi teléfono; quedó grabado el momento en el que llegaron los policías y cuando le pidieron 100 mil pesos a mi sobrino, por lo que denuncié los hechos en redes sociales y al otro día me fui a Hermosillo a presentar denuncias en la Fiscalía, en la Contraloría y en la Comisión de Derechos Humanos”, narra Espinoza.

Apoyada en su denuncia por Martha Solórzano, Dora empezó a recibir llamadas amenazantes que le exigían bajar de redes sociales el video, con la advertencia de que, de no hacerlo, su sobrino pagaría por su osadía.

“El 5 de febrero, dos días después de que mi sobrino declaró ante Derechos Humanos y tramitó una carta de antecedentes no penales, fue visto por última vez camino a la casa de un amigo, después apareció su camioneta en la carretera. No hemos vuelto a saber de él”, agrega.

Dora acompañó a Solórzano a la sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo en espera de que ella sea beneficiaria de medidas de protección ante las amenazas que ha recibido.