CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 22 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de “ejecución extrajudicial”, sostuvo el Comité Cerezo en su último informe anual.

Al explicar que la consideración de ejecución extrajudicial se aplica por haber sido realizada presuntamente por agentes del Estado o por la aquiescencia de éste, el Comité Cerezo dijo que en lo que va de esta administración 79 defensores han sido asesinados, que “superan ya las cifras de todo el gobierno de Calderón”, en el que 67 fueron ultimados, pero lejos de alcanzar las registradas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se asesinó a 189, de los que 96 fueron en los primeros cuatro años del sexenio, siendo “el más violento en contra de las personas defensoras de derechos humanos” desde que en 2008 la organización empezó a dar seguimiento a estos casos.

Para la organización, la explicación de la elevada cifra de asesinatos de defensores de derechos humanos durante esta administración está, por una parte, en que “a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política”, como en los sexenios anteriores.

Ello se suma a que “desde el gobierno federal existe una política de impunidad, ya que no hay castigo a los responsables, escudándose el gobierno federal en que no es de su competencia el delito de homicidio, que es del fuero común”, pese a que “es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto”.

De acuerdo con el análisis del Comité Cerezo, durante 2022 la mayor concentración de casos de defensores víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurrió en Oaxaca, con 10, seguido por Puebla, con tres; Michoacán, dos; y en Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California se reportó un caso en cada estado.

En cuanto al tipo de trabajo que realizaban los activistas asesinados, siete lo hacían en defensa del territorio; cinco, de la vida digna; tres, de la Libertad de Expresión; por la autodeterminación y el medio ambiente, dos en cada tipo de defensa; mientras que en la lucha por el derecho a ser buscado, a la integridad personal y a la protesta, un caso en cada tipo de actividad.

Al destacar que 18 de las víctimas eran hombres y el resto mujeres, el Comité Cerezo señaló que de los 22 defensores asesinados en 2022, “en ocho casos se conoce que las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, en 12 casos eran mestizas, en un solo caso era afrodescendiente y en uno más” no se pudo determinar.

La investigación de la organización determinó que en 11 de los casos los gobiernos municipales serían “beneficiarios de esta violación a derechos humanos”, en tanto que en siete lo fueron los gobiernos estatales, en tres alguna empresa estatal y en uno, algún particular.

Sobre la extracción partidista de los gobiernos de los estados en los que ocurrieron los crímenes, el Comité Cerezo destacó que en 12 eran del PRI, en ocho de Morena, mientras que el resto ocurrió en gobiernos del PAN y el PES.

 Para la organización, hay una continuidad en la práctica de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras durante este gobierno, en el que, sin embargo, mantiene un control político a través de “programas sociales masivos, sin que esto quiera decir que no se usen las otras estrategias” como “represión política y contrainsurgente”, registradas durante los sexenios anteriores.

“Las cifras nos siguen diciendo que esta grave violación a los derechos humanos no es una práctica generalizada en nuestro país, aunque sigue siendo grave que sigan sucediendo estos crímenes de Estado”, concluyó la organización.