PACHUCA, Hgo. (apro).- A un año del feminicidio de Rosaura, perpetrado por el exmilitar y expolicía Marco Antonio M. G., a quien la joven de 25 años había denunciado dos veces por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, el caso no ha avanzado a la etapa intermedia en el proceso penal por amparos y diferimientos promovidos por la defensa. 

En ese tiempo, las instancias involucradas en la protección de una víctima que tenía medidas cautelares asignadas y que pidió a la jueza del caso no dejar libre a su agresor por temor de que la atacara de nuevo determinaron, tras procedimientos de investigación internos, que nadie falló. 

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) no ha establecido, tras una indagatoria en curso derivado de una queja de oficio iniciada el mismo día del ataque, si autoridades, servidoras o servidores públicos resultaron responsables de haber incurrido en actos u omisiones ilegales, injustas, inadecuadas o erróneas que derivaron tanto en el feminicidio de Rosaura como en el de su madre, Rosa, así como en el homicidio de Ramiro, su hermano, víctimas también del crimen ocurrido en el amanecer del 5 de febrero de 2025 en Azoyatla, municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

Marco Antonio M. G., detenido el mismo día en un retén carretero en el que, de acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, intentó degollarse cuando se sintió acorralado, igualmente fue imputado por el homicidio en grado de tentativa del padre de Rosaura, Roberto, y otro hermano del mismo nombre, sobrevivientes del ataque que presenció un menor de ocho años, hijo de Rosaura. 

A pesar del alto riesgo y la oposición de la víctima, el 15 de noviembre de 2024 la jueza Janett Montiel Mendoza otorgó la libertad condicional a Marco Antonio, prohibiéndole acercarse a la víctima, además de requerir que se girara un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Mineral de la Reforma –donde trabajaba el acusado– para que se le ordena no prestar “sus servicios como policía cerca del domicilio de la víctima”. 

Rosaura externó que Marco Antonio, a quien describió como violento y peligroso, podría atacarla de nuevo, pero la determinación de liberarlo se llevó a cabo tras una audiencia a la una de la tarde en el Centro de Justicia para Mujeres ubicado en Pachuca, como parte de la causa penal 1508/2024. 

Ese mismo día Marco Antonio abandonó la cárcel de Pachuca y para el 19 de noviembre, según el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, presentó su renuncia a la corporación a la que servía tras ser notificado por el área de Asuntos Internos que enfrentaría un proceso administrativo. 

El municipio se deslinda de responsabilidad por esa solicitud de baja, aunque un día después del crimen en Azoyatla, en una mesa denominada “Jornadas por la Paz y el Bienestar del Pueblo” llevada a cabo en Mineral de la Reforma, una compañera de trabajo de Rosaura denunció ante el secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reyna, y el alcalde Eduardo Medécigo, que Marco Antonio siguió acosando a la víctima en patrullas de la Secretaría, acompañado de agentes, en fechas en las que supuestamente ya no pertenecía a este cuerpo policial. 

Aún como policía en activo, Marco Antonio había sido puesto a disposición del ministerio público el 13 de octubre de 2024 por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura; al día siguiente había ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca y el día 21 había sido vinculado a proceso por esos delitos. 

Cuando estuvo en libertad condicional, Marco Antonio atacó nuevamente a Rosaura, quien presentó una nueva denuncia que se clasificó como violencia familiar equiparada. En esa causa penal, 1689/2024, desde el 14 de noviembre de 2024 se solicitó al Poder Judicial fecha y hora para la audiencia inicial, que había sido programada para el 27 de enero; no obstante, a petición de la defensa del expolicía se aplazó para el 10 de marzo, fecha a la que Rosaura ya no llegó. 

La Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que debía vigilar y proteger a Rosaura determinó que no hubo fallas en su actuar. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) sostuvo, tras una revisión de sus procedimientos, que los agentes del ministerio público que participaron en las audiencias por la primera denuncia de Rosaura no fallaron, porque se opusieron a la liberación, versión que fue refutada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Rebeca Aladro Echeverría. A su vez, el procurador interino Francisco Fernández Hasbun negó la versión de Aladro. 

El Poder Judicial resolvió que en la investigación administrativa por el proceso de juicio en el que la jueza Janett Montiel Mendoza decidió liberar a quien se convertiría en el feminicidio de Rosaura no hubo irregularidades administrativas en cuando a cómo se desarrolló el juicio en sus etapas. 

Confirmó también que no entró en el fondo del asunto, por la libertad de decisión que tienen los jueces.? 

Marco Antonio M.G. fue vinculado a proceso desde el 8 de febrero de 2025 por los delitos de feminicidio, homicidio doloso calificado y homicidio en grado de tentativa. Asimismo, se le dictó la prisión preventiva oficiosa, que cumple en la cárcel de Pachuca. 

Sin embargo, a un año, el proceso penal no ha llegado a la audiencia intermedia, pospuesta entre amparos por posibles irregularidades en los procedimientos que acusa la defensa, misma que también ha solicitado diferimientos a lo largo de estos 12 meses. 

El próximo 26 de febrero está fechada la audiencia intermedia, la segunda etapa del juicio oral, la del ofrecimiento y exclusión de pruebas. Tendrán que venir después la depuración probatoria y, de no haber salidas alternas o acuerdos, el dictado del?auto de apertura a juicio. 

Por los delitos que Rosaura denunció al inicio, tanto en el que le dieron la libertad condicional a Marco Antonio, como el de la audiencia a la que ya no llegó porque la mató, hay dos sentencias: diez años y seis meses de prisión por violencia familiar y nueve años y cuatro meses por privación ilegal de la libertad. Son los dos casos por los que Rosaura, tras las agresiones sufridas, había pedido protección ante el temor de un nuevo ataque, como el que terminó por quitarle la vida a ella, a su madre y a su hermano.