PACHUCA, Hgo. (apro).- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que el Estado no le falló a Rosaura, sino la persona que la mató; presuntamente, Marco Antonio M. G., el expolicía del municipio de Mineral de la Reforma a quien ella había denunciado por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, pero cuyo proceso fue suspendido condicionalmente y, con ello, él liberado tras un mes en prisión. 

Un segundo proceso por violencia familiar equiparada no llegó a la audiencia inicial que estaba programada en marzo, porque la joven de 26 años fue asesinada con arma punzocortante el 5 de febrero, al igual que su madre y un hermano. Su padre y otro hermano más fueron heridos de gravedad.

“El Estado es un ente que nos engloba a todos. El que es responsable de la actuación son cada una de las personas que toma decisiones y esas decisiones atentan contra la integridad de las personas. El hecho de que una persona se apodere de algo que no es suyo, de que agreda, que violente a otra, es una decisión que tomó y eso no es responsabilidad del Estado, sino de quien comete esos actos antisociales”, sostuvo el mandatario morenista.

En su primera declaración pública sobre los asesinatos de Rosaura y sus familiares, así como hechos de violencia reciente que incluyen el feminicidio de Estrella Yoselin, de 15 años, y los asesinatos de los adultos mayores Francisco y María Guadalupe, también ocurridos en Mineral de la Reforma, Menchaca Salazar dijo que son hechos lamentables y que en Hidalgo “no somos ajenos a un clima de violencia; sin embargo, lo que nos corresponde es toda la fuerza del Estado para estarlo conteniendo”.

La cercanía con la zona metropolitana de la Ciudad de México, consideró, es factor, porque, añadió, han identificado a personas que delinquen que son originarios de entidades vecinas.

También afirmó que no existe suficiente personal para hacer un “marcaje personal” a los más de tres millones de habitantes en el estado. “No es una excusa, simplemente hay que entender lo que sucede”, añadió en entrevista posterior a la entrega de calentadores solares que presidió en las instalaciones de la feria de Pachuca. 

No obstante, comprometió que la actuación de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), así como de la procuraduría estatal serán revisadas. 

Marco Antonio M.G. tenía orden de no acercarse a Rosaura por un año y medio, pero, de acuerdo con el testimonio de una allegada que pidió justicia ante los funcionarios que presidieron la llamada “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” que se llevó a cabo el 6 de febrero en Mineral de la Reforma, el expolicía la acosó e intimidó en varias ocasiones, aunado a que la privó de su libertad nuevamente el 27 de enero, nueve días antes del feminicidio.    

Aquel mismo 6 de febrero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), Rebeca Stella Aladro Echeverría, afirmó que ni el ministerio público ni la víctima se opusieron a la suspensión condicional del primer proceso contra Marco Antonio M.G. Esa versión la contradijo hoy el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbún, quien añadió que cuentan con evidencia videográfica al respecto.

Sobre ambas declaraciones y la contraposición de posturas, Menchaca Salazar consideró que es “temerario” hablar ahora, sin una revisión más amplia sobre lo sucedido. 

Marco Antonio M.G. estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca del 14 de octubre al 15 de noviembre del año anterior, cuando la jueza Janeth Montiel Mendoza determinó suspender condicionalmente el proceso. 

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma aseguró que cuatro días después renunció a su corporación. La compañera de trabajo de Rosaura que acudió a la “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo” dijo ante el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, que el exoficial siguió utilizando el uniforme del municipio y tuvo acceso a patrullas oficiales para amedrentar a la víctima.

El alcalde de Mineral de la Reforma, Eduardo Medécigo Rubio, dijo hoy que no cuentan con evidencia de que lo que afirmó la allegada a Rosaura haya sucedido y que ningún elemento ha sido suspendido por el caso.

Al presidir el lunes cívico en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, también acusó que “existen voces oscuras que hoy quieren denostar el trabajo de la policía; pueden descalificar el trabajo de las y los compañeros, pero somos más los buenos y hay que demostrarlo”.