PACHUCA, Hgo. (apro).- El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, insistió que el Ministerio Público se opuso en noviembre de 2024 a la suspensión condicional del primer proceso contra el agresor de Rosaura, Marco Antonio M.G., en ese momento, policía en activo. El 5 de febrero, el exagente la asesinó y a dos familiares más con arma punzocortante, después de amenazas y más actos de violencia que mantuvo después de ser liberado, según el testimonio de allegados y familiares.

Inicialmente, el municipio de Mineral de la Reforma y la policía estatal –ambos parte del mando coordinado de Seguridad Pública–, informaron sobre cuatro muertes por el crimen en la localidad de Azoyatla, enclave urbano que colinda con la ciudad de Pachuca: tres en el domicilio y uno más en el hospital, afirmaron. Aunque ninguno corrigió el dato erróneo que proporcionaron, se verificó que las víctimas son tres: Rosaura, su madre y su hermano, cuyos cuerpos fueron sepultados este sábado 8 de febrero. El padre se encuentra en estado grave, pero con vida, al igual que otro hermano lesionado.

La postura que el procurador interino mantuvo este día se contrapone a la de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Rebeca Stella Aladro Echeverría, quien sostuvo que la jueza Janeth Montiel Mendoza actuó correctamente al suspender el proceso por violencia familiar y privación ilegal de la libertad en contra de Marco Antonio, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, también acusado de usar recursos de la corporación para violentar a Rosaura. Asimismo, Aladro dijo que esa decisión se dio sin que la víctima ni representantes de la procuraduría se opusieran.

“Se judicializaron dos carpetas de investigación, el actuar del Ministerio Público, para su servidor, fue excelente y por la víctima”, dijo Fernández Hasbun al ser cuestionado si se iniciaría un proceso interno para investigar posibles omisiones o inconsistencias en el actuar del personal de la procuraduría en el caso de Rosaura, de 26 años, y quien había advertido el riesgo de sufrir más agresiones de quien fue su pareja.

Las dos carpetas que refiere el encargado del despacho de la PGJEH son las que derivaron en la primera causa penal (1508/2024), en la que Marco Antonio obtuvo la suspensión del proceso con el compromiso de reparar el daño y con la orden de no acercarse a la víctima, lo cual incumplió. La segunda fue por violencia familiar equiparada (causa penal 1689/2024) y se fijó audiencia inicial para el 27 de enero de 2025, pero fue diferida al 10 de marzo, por solicitud de la defensa del expolicía. En ambas, la jueza a cargo fue Janeth Montiel Mendoza.

Entrevistado después de presidir el lunes cívico en Plaza Juárez de Pachuca, el funcionario se dijo “respetuoso de lo que diga la presidenta” del Tribunal, pero aseveró que él verificó la actuación de su personal y le pareció correcta; además, inquirido directamente si tenía evidencia de lo que expresaba, y de qué tipo, contestó: “todo está videograbado, todo está en videos, sin ningún problema”.

En la breve conversación con los medios, se reservó los argumentos bajo los cuales, insistió, se opuso el Ministerio Público a que liberaran condicionalmente al policía que es el presunto feminicida de Rosaura y su mamá, quien también enfrenta cargos por homicidio calificado y homicidios en grado de tentativa: “ojalá me entiendan, es un caso bien delicado”, repitió.

Aunque la primera respuesta de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) fue defender el actuar de la jueza Mendoza Montiel, posteriormente emitió una “postura” en la que dio a conocer la intervención de su Visitaduría para que “en ejercicio de sus funciones y facultades de inspección se inicien las investigaciones que permitan determinar probables responsabilidades administrativas”.

En esa comunicación, lamentó los hechos, los cuales, añadió, “nos duele a todas y todos como sociedad”. “Estos dolorosos acontecimientos nos lastiman y resquebrajan el tejido social, entiendo y comparto la indignación que ha generado en la opinión pública”, sumó en el documento, cuya primera versión mantenía la cifra de cuatro víctimas mortales; sin embargo, la segunda ya corrigió que eran tres. 

Por su parte, igualmente este día, el alcalde de Mineral de la Reforma, el morenista Eduardo Medécigo Rubio, salió en defensa de su corporación municipal. El antecedente de esta posición que asumió, es que el cuestionamiento en torno al caso de su agente Marco Antonio M.G., porque una compañera de Rosaura declaró el pasado jueves 6 ante el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, que el agresor –según el ayuntamiento, deslindado de la policía, por renuncia, desde el 19 de noviembre de 2024– había acosado e intimidado a Rosaura días antes de que la asesinara, a bordo de patrullas oficiales y con el uniforme de la municipalidad. Asimismo, que era acompañado por más elementos.

Incluso, dio a conocer que días antes del ataque letal, había privado de la libertad nuevamente a la víctima, a quien llevó a Apan, de donde es originario.

Al encabezar su lunes cívico en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Medécigo Rubio expuso que “los dolorosos acontecimientos que ocurrieron los pasados días exigen lo mejor de todas y todos porque en Mineral de la Reforma”, pero después acusó que “existen voces oscuras que hoy quieren denostar el trabajo de la policía; pueden descalificar el trabajo de las y los compañeros, pero somos más los buenos y hay que demostrarlo”.

Tras salir del hospital donde estuvo bajo custodia policial, el probable agresor fue vinculado a proceso por los dos feminicidios, homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, con la medida cautelar de prisión preventiva que cumple en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, Marco Antonio M.G. intentó degollarse cuando se sintió “acorralado” en un filtro carretero en la vía Pachuca-Ciudad Sahagún.

Detienen a menor, probable responsable de otro feminicidio en Mineral

El encargado del despacho de la procuraduría confirmó la detención de un menor presuntamente implicado en el feminicidio de Estrella Joseline, de 15 años, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia San Lunes de Mineral de la Reforma el 29 de enero. Ella había sido reportada como desaparecida desde el día 17.

Con base en las primeras indagatorias, entre la joven y el otro adolescente existió una relación sentimental en la que ella sufrió violencia física, psicológica y sexual. El pasado 7 de febrero se cumplió la orden de aprehensión.

La PGJEH también dio a conocer que la víctima de otro feminicidio, ocurrido el 21 de enero en Tulancingo, fue identificada como A.V.L.H., y que los datos de investigación les permitieron establecer la probabilidad de que R.H.S. sea el responsable. Él fue aprehendido el 6 de febrero y, al día siguiente, vinculado a proceso con un plazo de cierre de investigación de cuatro meses.

Rosaura y su mamá fueron los feminicidios siete y ocho en Hidalgo en lo que iba de 2025, sólo durante enero y hasta los primeros cinco días del mes actual. La sociedad hidalguense ha demandado justicia y el esclarecimiento de los casos al gobierno estatal de Julio Menchaca Salazar.