HIDALGO (apro) .- En una inspección excepcional al gasto público en 2018, 2019 y 2021, con el fin de identificar posibles daños o perjuicios al erario, la Auditoría Superior del Estado Hidalgo (ASEH) observó en febrero de 2024 cuatro contratos por 59 millones de pesos, asignados por la entonces Secretaría de Finanzas a supuestos cursos y asesorías cuya aplicación no se acredita y consultorías de las que no existe evidencia. 

En diciembre pasado, el exgobernador Omar Fayad Meneses, ahora embajador de México en Noruega, se presentó ante la ASEH con una caja que contenía seis carpetas con documentación mediante la cual buscaba subsanar las observaciones. Iba acompañado de quien fue su titular de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo. 

El auditor Jorge Valverde Islas reveló que los documentos son información que, al parecer, le había proporcionado un contratista con posterioridad al jefe de la administración anterior y a su subalterna; todos estos elementos, añadió en declaraciones a medios, están en revisión. 

“Yo tengo la impresión de que no todo el recurso que le ha faltado documentación va a ser solventado, yo creo que van a tener la obligación de hacer retornos”, consideró el gobernador Julio Menchaca Salazar, al ser cuestionado sobre el intento de la extitular de Finanzas por acreditar el recurso en el que la ASEH identificó presuntas irregularidades. 

“Tampoco tiene por qué estarme avisando que viene, es un ciudadano y, en todo caso, (el señalamiento) forma parte de su administración y le toca también estar respaldando a sus funcionarios”, expuso el mandatario sobre la presencia en Hidalgo del embajador. 

Ante la pregunta de si, en estos tres años de su mandato, Omar Fayad ha sido requerido para hablar sobre el esquema de desvíos de recursos a través de servicios simulados que el gobierno de Menchaca ha denominado la “Estafa Siniestra” –una probable dispersión que supera los 2 mil millones de pesos–, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció que “oficialmente” no lo han hecho. 

—¿Se lo han requerido? —se le cuestionó. 

—Cuando se le requiera tendrá que hacerlo —respondió. 

El exsenador planteó que “según la declaración del auditor superior, (Fayad) ha estado con él; entonces, seguramente ese contacto y esa aclaración es directamente con la Auditoría Superior; la otra le correspondería, en el caso de las denuncias, a tener contacto con el procurador”. 

En su informe especial, la ASEH observó que la oficina a cargo de Blancas Hidalgo facturó, en 2021, 29 millones de pesos en una consultoría: “gestión de resultados para el desarrollo”, de la que, afirmó, no hay muestra que los recursos “se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.  

Asimismo, sostuvo que no había justificación del supuesto trabajo realizado ni los resultados de este contrato de nomenclatura 191/2021. 

Con base en el dictamen de la autoría excepcional, la Secretaría de Finanzas –hoy Secretaría de Hacienda– facturó 3 millones 999 mil 29.12 pesos por un software para la Coordinación de Tecnologías de la Información; no obstante, los inspectores aseguraron que tras revisar el contrato de prestación de servicios SFP-DGA-01-02-2019, el proyecto obras de gasto de inversión monitoreadas, el acta de entrega recepción de los entregables, la relación de usuarios capacitados en la operación de la plataforma, así como cuestionarios aplicados a los servidores públicos que, con base en los registros internos, participaron en la ejecución de los recursos, no se comprobó que se recibiera lo estipulados en las cláusulas. 

De igual manera, no se tiene “la evidencia de las cuentas de usuarios y contraseñas para la operación de la plataforma, ni evidencia de los informes mensuales de lo ejecutado”. Incluso, cuestionarios aplicados a los trabajadores que habrían participado no arrojaron resultados positivos. 

Asimismo, por el contrato de prestación de servicios 164/2021 y el expediente de la partida 339003, Servicios Integrales, la ASEH detectó que no hay evidencia de la entrega de CPU’s que debían almacenar datos de campañas publicitarias, de la producción de spots de radio, spots de televisión y grabación de voz en off, producción de loops y producción de animaciones 3D, así como levantamiento de imágenes aéreas en video con drones, ni de los archivos creados por parte de la oficina, por los que se dispusieron 7 millones 127 mil 40 pesos del presupuesto público. 

El cuarto y último contrato observado fue por 19 millones 81 mil 999.98 pesos, considerados por la auditoría como “pagos improcedentes”, ya que Finanzas no proporcionó la evidencia del acta entrega-recepción de los informes mensuales por parte del proveedor, por la prestación de una “Consultoría en Control Interno de la Administración Pública Estatal”. 

Jessica Blancas Hidalgo es la primera exfuncionaria a la que Omar Fayad Meneses apoya públicamente con la presentación de documentos para librar acusaciones. 

De su círculo político más próximo, quien fue el oficial mayor en su gobierno –y su secretario particular las dos décadas previas–, Martiniano Vega Orozco, está recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca desde el 22 de junio de 2023, con una condena de 12 años de prisión y cuatro procesos más en curso por posibles delitos de corrupción; en tanto, Hidalgo pide a Estados Unidos la extradición del exsecretario de Contraloría, César Román M.V., para enfrentar acusaciones por posibles irregularidades en su gestión.