HIDALGO (apro) .- Dos mil 400 millones de pesos malversados, 95 denuncias penales y 25 personas contra quienes se ha ejercido acción penal, incluidos exfuncionarios estatales y expresidentes municipales, pero una “academia de canto” que no funciona para que los implicados operativamente en el esquema de desvío conocido como “la estafa siniestra” señalen a al exgobernador Omar Fayad Meneses como posible participante de la mayor red de corrupción de los últimos años. 

Durante su comparecencia en el Congreso de Hidalgo como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, reconoció que “ni la academia de canto ha funcionado, y sin ese vínculo directo, de que un servidor público denuncie a sus superiores, no podemos presentar acusaciones, porque se nos van a caer en tribunales”. 

La “academia de canto” fue una expresión acuñada por el exencargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGHEJ) para otorgar criterios de oportunidad a quienes proporcionaran información sobre superiores jerárquicos implicados en el denominado “maxiproceso”, que conjunta los casos de corrupción del periodo de Fayad 2016-2022. 

El planteamiento de Bardales Ramírez se dio en un contexto en el que, en los últimos días, se ha cuestionado no sólo la no acción penal contra el exgobernador, sino que no sea referido como probable implicado en “la estafa siniestra”, en el que, según el propio gobierno actual, participaron sus más cercanos colaboradores, incluido el exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, quien fue su secretario particular y ocupó cargos ligados a los puestos que ostentó Omar Fayad por 29 años. 

El contralor defendió que "nadie de los presuntos involucrados ha presentado una prueba o denunciado a sus superiores", según los órganos involucrados en las denuncias y procedimientos del “maxiproceso”: la Fiscalía Anticorrupción, las áreas especializadas, la propia Contraloría y la Auditoría Superior del Estado (ASEH). 

"Las leyes también señalan algo que a veces se olvida: la responsabilidad del gobierno está delegada por ley, no por la jerarquía política. ¿Quiénes son los responsables? Pues quienes hacen contratos, los que firman documentos, los que hacen transferencias", insistió. 

Posteriormente refirió que en el caso concreto de Omar Fayad no hay un contrato firmado por él que exija su presentación ante autoridades como probable responsable de los desvíos millonarios ocurridos en su mandato y, tampoco, una transferencia directa hacia él. 

También en su comparecencia ante integrantes de la LXVI Legislatura, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, mencionó que han detenido a 40 exfuncionarios involucrados en posibles temas de corrupción (incluidos los de la denominada "estafa siniestra"): siete alcaldes, 10 funcionarios estatales y 23 funcionarios municipales. 

El contralor destacó la recuperación de 475 millones de pesos en dinero y bienes, mientras que Fernández Hasbun expuso que a través de juicios de extinción de dominio han recuperado vehículos, inmuebles y dinero, para un total de 8 millones 16 mil 579 pesos. En ambos casos, en temas relacionados con corrupción.? 

En días previos, el gobernador Julio Menchaca Salazar abrió la posibilidad a citar e, incluso, judicializar alguna carpeta contra su antecesor, quien actualmente se desempeña como embajador de México en Noruega; sin embargo, recalcó que no hay señalamiento directo de sus subalternos ni otros presuntos instrumentadores de "la estafa siniestra".