HIDALGO (apro) .- Expresidentes municipales de Hidalgo procesados por su presunta implicación en el esquema de desvíos conocido como la “estafa siniestra” –obras y servicios simulados mediante empresas fantasma–, señalaron al secretario de Contraloría en el sexenio de Omar Fayad Meneses, César Román Mora Velázquez, de recibir un porcentaje del recurso malversado, confirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar. 

La revelación la hizo al negar un “pacto de impunidad” con su antecesor Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega y parte del proyecto político de la denominada Cuarta Transformación (4T).  

Menchaca insistió en que, aunque las indagatorias no han concluido por los más de 2 mil millones de pesos dispersos a compañías de papel, nadie de los expresidentes municipales y exfuncionarios estatales detenidos han señalado a Fayad. 

“Es un proceso que no ha terminado, pero también se los digo como abogado: no simplemente estar disparando citatorios sin una causa justificada”, expuso, al ser cuestionado sobre por qué no se ha solicitado al ahora embajador que comparezca ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que diga lo que pudiera conocer sobre el mecanismo de desvíos maquinado –según las propias investigaciones del actual gobierno– por su círculo íntimo.   

El mandatario fue cuestionado si no veían elementos para citar al exgobernador, no sólo por ser la cabeza de la administración 2016-2022, cuando operó el desvío, sino porque quienes han sido implicados en el esquema de saqueo al erario eran sus colaboradores más cercanos, entre ellos el exoficial mayor Martiniano Vega Orozco, quien durante 29 años fue su secretario particular y ocupó cargos en la alcaldía de Pachuca, las Cámaras de Diputados y Senadores, así como el Poder Ejecutivo de Hidalgo, siempre ligados a las posiciones que su jefe político, Omar Fayad, ocupaba.   

“En el momento que alguno de los funcionarios que han firmado (contratos irregulares), que han tenido una responsabilidad, lo señalen, en ese momento no solamente puede haber citatorio, puede integrarse una carpeta”, expuso Menchaca Salazar, para después afirmar que con Mora Velázquez hubo referencias directas entre los exalcaldes. 

“Cuando nos den elementos, como se ha hecho con el caso de un exsecretario de la Contraloría en donde los propios involucrados han señalado que le entregaron parte del recurso, pues ya hay un señalamiento directo, se integra una carpeta y se abre todo ese proceso; entonces, en el momento que se señale, por cualquiera de los implicados o cualquiera de los que dicen que saben cómo se hizo, en ese momento se integra la carpeta, sino serían disparos al aire”, argumentó, en entrevista posterior a la entrega del Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Información 2025, en Pachuca. 

César Román, quien estuvo cinco meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por un asunto migratorio, recuperó su libertad el pasado 23 de octubre y abandonó el Centro de Procesamiento Krome del ICE en Miami; a la par, desde su detención el 28 de mayo, era requerido por las autoridades hidalguenses debido a órdenes de aprehensión vigentes. 

La liberación la consiguió tras promover un habeas corpus, un recurso jurídico mediante el cual solicitó la separación de los asuntos, para que se resuelva primero su situación legal en el país norteamericano, sin vincularlo con la solicitud de extradición que hay a su nombre. 

Respecto a una investigación propia de la Procuraduría, que indague a la cabeza del gobierno en el que se desviaron los 2 mil millones de pesos, Julio Menchaca sostuvo que ésta “no está terminada; todavía hay carpetas abiertas”, al tiempo de insistir que “no hay ningún pacto de impunidad”; eso, añadió, “se lo puedo asegurar”. 

El pasado 14 de noviembre, durante el tercer informe de actividades de dicha instancia, el director general de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Hidalgo, Siney Hernández Medina, confirmó que los expresidentes municipales y exfuncionarios del Poder Ejecutivo de la entidad que han sido detenidos por la “estafa siniestra” rechazaron criterios de oportunidad para ofrecer pruebas de una posible implicación del exgobernador. 

Fayad Meneses no ha sido indiciado en ninguna carpeta de investigación, pero Martiniano Vega, su colaborador más cercano aprehendido, enfrenta cuatro causas penales: por presunto peculado de 116 millones 62 mil pesos, que corresponden al cobro de un seguro catastrófico tras el paso del huracán Grace en 2021 que no ingresó a las arcas estatales; la venta ilegal de tres helicópteros, sin avalúo y a un precio por debajo de su valor real, más dos presuntas compras fantasma de softwares: un Sistema Integral de Nómina y Recursos Humanos (11 millones 850 mil 999 pesos), y uno para el monitoreo de obras (11 millones 998 mil 560 pesos). 

Asimismo, tiene una sentencia de 12 años de prisión, más el pago de una multa por concepto de reparación de daño que asciende a 14 millones 820 mil 904 pesos, por firmar un contrato por 18 millones 249 mil 70 pesos para la supuesta adquisición de crema quirúrgica antiséptica por la emergencia sanitaria que ocasionó el Covid-19, pero que no fue localizada entre los bienes estatales y, con base en la Agencia de Investigación Criminal, nunca ingresó a bodegas. 

Lo que las autoridades de Hidalgo han llamado “estafa siniestra” inició con el hallazgo de un desvío de 522 millones de pesos a través de 13 municipios y dos Secretarías del gobierno, mediante factureras y simulación de obras carreteras y pedidos al amparo de la urgencia por la pandemia. 

Viggiano acusa móvil político 

La senadora Carolina Viggiano Austria, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue citada por la PGJEH a declarar sobre la “estafa siniestra”, después de afirmar en un podcast, Los Hijos del Pueblo, que tuvo conocimiento, al menos por un alcalde en funciones, del mecanismo de desvíos en el gobierno de Fayad, antes de que los procesos se judicializaran. 

La legisladora consideró que se hizo uso político de la Procuraduría al requerirla para aportar los datos y posibles elementos de prueba que pudiera tener. 

“Ella expresó públicamente que tenía información, que le habían comentado cómo estaba estructurada la ‘estafa’; ella lo dijo. Hay una obligación… se los digo como abogado y no sólo como gobernador, no solamente podemos sacar, por coraje o por rencor, por todo lo que usted quiera, un comentario a la ligera. Se hacen afirmaciones y se tienen que sostener”, replicó el gobernador. 

Ante la insistencia de que otros miembros del otrora gabinete por los que pudo pasar la ruta del dinero, desde la liberación de recursos extraordinarios por la Secretaría de Finanzas hasta el envío a las firmas fachada, así como el propio exmandatario, no hayan sido citados, el jefe del Ejecutivo estatal insistió: 

“Yo soy responsable de esta administración, pero si alguno de los funcionarios que yo he nombrado se detecta que hizo un uso irregular, y yo tengo conocimiento, pues asumo esa consecuencia y además obro, como se ha hecho con personas que yo nombré e hicieron mal uso de ese nombramiento y que hoy están no solamente procesadas, sino que están en la cárcel...”. 

Se refirió a dos exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que “estaban haciendo travesuras con las placas”, sin dar pormenores de su función, pero especificó que no eran plazas del primer nivel.   

Planteó que en el momento en el que termine su administración, quien lo suceda deberá revisar a profundidad el manejo de los recursos públicos, “y en los que tenga que ver su servidor directamente, asumiré esa responsabilidad, pero no la puedo asumir por toda esa estructura, de todos los trabajadores de gobierno”, mencionó, además de asegurar que no podría responder por sus colaboradores cercanos ni tampoco por su familia, si incurrieran en algún posible delito.